La mitad de las mujeres en 57 países no puede decidir sobre su propio cuerpo, según informe de la ONU

Este año, por primera vez, el informe anual del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre el estado de la población mundial está dedicado a la autonomía corporal de las mujeres y las niñas. Con el título “Mi cuerpo me pertenece. Reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación”, el estudio analiza la situación en 57 países en los que se tienen datos completos sobre tres dimensiones específicas: la decisión informada de mantener relaciones sexuales, el uso de métodos anticonceptivos y el acceso a una salud sexual y reproductiva de calidad (ver recuadro).

La investigación concluyó que sólo 55% de las mujeres y niñas de los países analizados puede tomar sus propias decisiones en las tres dimensiones de la autonomía corporal. Esto significa que el resto, es decir, casi la mitad (45%), no tiene el poder de decidir si quiere utilizar métodos anticonceptivos, si desea mantener relaciones sexuales con su pareja o marido o si busca atención en los servicios de salud sexual y reproductiva. El estudio fue realizado en base a información de mujeres de entre 15 y 49 años.

“Privar a las mujeres y las niñas de su autonomía corporal es inaceptable: alienta y refuerza las desigualdades y violencia generadas por la discriminación de género. Por el contrario, cuando las mujeres y las niñas pueden tomar las decisiones más fundamentales acerca de su cuerpo, no sólo ganan en términos de autonomía, sino también de salud, educación, ingresos y seguridad”, asegura Natalia Kanem, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva del UNFPA, en el prólogo. La experta señala, además, que muchas de las “lagunas” en materia de autonomía corporal se han agravado en el contexto de la pandemia de covid-19. “Ahora mismo, por ejemplo, la cifra de mujeres y niñas expuestas a la violencia por razón de género y a prácticas nocivas como el matrimonio precoz alcanza niveles sin precedentes”, dice en ese sentido, y afirma que sólo puede haber “avances reales” si se eliminan “la desigualdad de género y todas las formas de discriminación”, al tiempo que se transforman “las estructuras económicas y sociales que las mantienen”.

En detalle

Aunque a nivel general el porcentaje de mujeres y niñas que puede tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo es de 55%, la proporción varía según la región. Por ejemplo, el porcentaje aumenta a 76% en los casos de Asia oriental y sudoriental y América Latina y el Caribe, y es inferior a 50% en África subsahariana o en Asia central y Asia meridional.

El informe aclara que, en ocasiones, los totales regionales ocultan diferencias considerables entre países. En África subsahariana, por ejemplo, donde aproximadamente 50% de las mujeres toman decisiones autónomas, se encuentran tres países —Malí, Níger y Senegal— en los que el porcentaje es inferior a 10%.

Por otra parte, un porcentaje alto en una de las tres dimensiones no implica necesariamente que el porcentaje también sea elevado en las demás. En Etiopía, por ejemplo, apenas 53% de las mujeres puede negarse a mantener relaciones sexuales en el marco de la pareja o matrimonio, pero 94% puede tomar decisiones sobre el uso de anticonceptivos de forma independiente o conjunta. “Estas discrepancias ayudan a explicar por qué en algunos países los indicadores compuestos generales son más bajos: una mujer se contabiliza sólo cuando declara tomar decisiones autónomas en las tres dimensiones”, explica el UNFPA.

La lupa puesta sobre América Latina y el Caribe muestra que los países incluidos en el estudio aprueban el examen de las tres dimensiones con un promedio de 90% de mujeres que tiene posibilidad de acceso a salud, anticonceptivos y relaciones sexuales libres. Sin embargo, la tasa de embarazos adolescentes, el matrimonio infantil o la falta de educación sexual hace que la cifra caiga a 74%. Eso significa que 26% de las mujeres no pueden decidir sobre su propio cuerpo en los siete países estudiados: Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Factores que inciden

El informe del UNFPA enumera al menos cuatro factores que influyen en la toma de decisiones de las mujeres en las tres dimensiones de la autonomía corporal. El primero tiene que ver con las circunstancias socioeconómicas, especialmente el nivel educativo. “El nivel de estudios de una mujer es un factor clave a la hora de determinar cuánto poder posee para negarse a mantener relaciones sexuales, y también está relacionado con su poder para tomar sus propias decisiones en materia de anticoncepción y atención de la salud”, asegura el documento. En el mismo sentido, cita un estudio realizado por el organismo en 2019 que mostró que las niñas y las mujeres de los dos quintiles de riqueza inferiores “tienen más probabilidades de haber mantenido relaciones sexuales no deseadas”.

Otro factor es el vínculo y el grado de comunicación con sus parejas, así como con los demás miembros de la familia, que “influyen en la capacidad de las mujeres para tomar decisiones autónomas”. El documento menciona los casos en los que los hombres, como “cabezas de familia”, se asignan el poder de tomar la mayoría de las decisiones, incluidas las relacionadas con la salud sexual y reproductiva. “Las normas de género suelen asignar a las mujeres la responsabilidad exclusiva de la salud reproductiva, pero al mismo tiempo les niegan el poder de decisión”, afirma.

El papel de la comunidad también incide en la autonomía corporal de las mujeres, sobre todo en aquellas en donde esta noción puede considerarse incompatible con las normas y los valores locales. El estudio menciona casos en donde las comunidades pueden presionar a las mujeres para que sean madres o perpetuar la opinión de que deben ser sumisas y pasivas en las relaciones sexuales, por lo que no hay espacio habilitado para negociar cuestiones como el uso de anticonceptivos o cuándo y cómo mantener relaciones sexuales. Según el documento, las adolescentes se enfrentan a obstáculos adicionales para acceder a la información y los servicios debido a las normas que “disuaden de la actividad sexual fuera del matrimonio”.

Por último, las decisiones en materia de anticoncepción y atención a la salud sexual y reproductiva también pueden verse obstaculizadas por la distancia a los centros de salud, especialmente en las zonas rurales. Otros impedimentos que menciona el UNFPA son la ausencia de servicios que respondan a las necesidades de adolescentes y jóvenes, la escasez de los métodos anticonceptivos de preferencia, los servicios de baja calidad o mal gestionados, aquellos que son atendidos por proveedores que muestran un juicio crítico y la falta de privacidad.

Distintas formas de negar la autonomía corporal

“Cuando otros toman las decisiones” es el título del capítulo que ahonda en las diversas formas en las que se manifiesta la negación a la autonomía corporal de las mujeres y niñas. La primera que se menciona, quizás también la principal, es la desigualdad de género, que “crea desequilibrios de poder en las relaciones que restringen la capacidad de decisión de las mujeres, especialmente en lo que se refiere a decir no al sexo”. De hecho, hay investigaciones que evidencian que las niñas y las mujeres a menudo no son conscientes de que tienen derecho a decir que no. Las normas y actitudes que perpetúan la desigualdad de género pueden también “socavar las facultades de las mujeres para tomar sus propias decisiones referentes al uso de anticonceptivos”, dice el texto.

Por otro lado, el matrimonio forzado y el matrimonio infantil aparecen como “las prácticas matrimoniales más evidentes que niegan la capacidad de decisión de la mujer”, ya que son uniones en las que las mujeres no pueden elegir de manera libre y fundamentada a su propia pareja. “Ambas formas de matrimonio violan los derechos de la persona, especialmente los asociados a la autonomía e integridad corporales. Estos matrimonios están enraizados en actitudes patriarcales y niegan a las mujeres y a las niñas la autonomía en general, así como su facultad de tomar decisiones sobre la atención médica, la anticoncepción y el sexo en particular”, asegura el informe.

Otra forma de negación de la autonomía queda de manifiesto en los casos de violencia sexual durante las relaciones de pareja, que muchas veces son avalados o amparados por la legislación. En ese sentido, el estudio menciona países en donde la ley permite al marido mantener relaciones sexuales tanto si la mujer lo desea como si no y otros en los que un hombre que viola a una mujer puede evitar las penas si se casa con ella en contra de su voluntad.

La mutilación genital femenina es una de las formas más extremas de restricción de la autonomía del cuerpo: es una violación de los derechos humanos, una forma de violencia de género –ya que está exclusivamente dirigida a mujeres y niñas– y forma parte “del conjunto de prácticas patriarcales, arraigadas en la desigualdad de género y destinadas a controlar la sexualidad de las mujeres y las niñas, sus cuerpos y sus derechos sexuales y reproductivos”. De acuerdo el UNFPA, esta práctica niega a las mujeres y a las niñas su derecho “a la integridad física y mental, a no sufrir violencia, al más alto nivel posible de salud, a no sufrir discriminación por razón de género, y a no sufrir torturas ni tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros”. Pese a todo, más de 200 millones de niñas y mujeres viven con las consecuencias de la mutilación genital, y al menos cuatro millones de niñas corren el riesgo de ser sometidas a esta práctica cada año.

Barreras legislativas

Además de analizar el grado de autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos en base a las tres dimensiones, el informe intenta hacer énfasis en la importancia de que los países tengan leyes y reglamentos que garanticen a los hombres y las mujeres un acceso pleno e igualitario a los servicios de salud sexual y reproductiva, a información sobre el tema y a educación sexual integral.

“La legislación puede respaldar la autonomía corporal, por ejemplo, al garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, obligar a las escuelas a impartir educación sexual integral y exigir el consentimiento informado en la prestación de asistencia sanitaria”, dice en esa línea. De la misma manera, asegura el estudio, los gobiernos pueden utilizar las leyes “para controlar los cuerpos de las personas”, por ejemplo, “mediante la limitación del acceso de los adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la información en la materia, o la prohibición de las relaciones entre personas del mismo sexo”. Y agrega que las leyes que no están formuladas de forma correcta o clara, son ambiguas o dejan el contenido abierto a la interpretación de cada persona, “también pueden ser perjudiciales para la autonomía corporal”, aunque no sea su objetivo.