La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) nuclea a más de 30 grupos y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la prevención, la atención, la investigación y la sensibilización en violencia doméstica y sexual. Se formó hace casi 20 años para promover la articulación entre las organizaciones. Abarca múltiples poblaciones: niñez, adolescencia, mujeres y varones.
La sociedad civil ha sido un pilar fundamental en el abordaje de la violencia basada en género. De hecho, esta semana se amplió el horario del servicio 0800 4141, de atención y asesoramiento a mujeres en situación de violencia de género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo (Mides) para que esté disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Mónica Bottero, directora de Inmujeres, dijo a la diaria que esta decisión responde, justamente, a un “pedido de la sociedad civil”.
La RUCVDS se reunió con Bottero para intercambiar acerca del sistema de respuesta estatal a los casos de violencia basada en género. Tras el encuentro, la organización emitió un comunicado en el que posicionó dos preocupaciones centrales: los atrasos en los pagos a los equipos técnicos de los servicios de atención a mujeres en situación de violencia y la falta de soluciones habitacionales para estos casos.
Sobre el tema, Clyde Lacasa, Graciela Navarro y Raquel Hernández, integrantes de la red, hablaron con la diaria. Plantearon que desde el año pasado “enfrentan un continuo atraso en el pago de las partidas”. Según dicen, esto es “producto de las irregularidades en los procesos licitatorios del ministerio”.
“Los atrasos comenzaron con este gobierno, porque el gobierno anterior hizo un llamado a licitación para que los servicios continúen trabajando y no se vean afectados por el cambio de gobierno”, explican. Pero, si bien “dejaron todo pronto”, dicen que “no firmaron los convenios”. “Lo hizo la entonces directora de Inmujeres [Mariella Mazzotti], la ministra del Mides [Marina Arismendi], pero no el presidente [Tabaré Vázquez]”.
Las activistas aseguran que el exministro de Desarrollo Social Pablo Bartol “no quiso firmar algo del gobierno anterior, por lo que se resolvió prorrogar los convenios existentes y preparar un nuevo llamado”. En ese lapso, “se vencieron todos los plazos y empezaron a realizar compras directas con las mismas ONG”. Para las integrantes de la red, “esto ha sido una desprolijidad sobre otra” y “los pagos no salen en tiempo y forma”.
Los atrasos en el pago de las partidas “afectan directamente el funcionamiento integral de los servicios”. Las organizaciones que llevan adelante los servicios “cuentan sólo con esos recursos para dar trámite al funcionamiento”.
Los atrasos impiden el pago de salarios, cuestión que tiene un impacto directo en las trabajadoras y los trabajadores. “Distorsiona su vida cotidiana” y “la relación con las organizaciones”, explican. También impiden el pago “en tiempo y forma” de impuestos y otras obligaciones básicas que tienen, “como es el BPS [Banco de Previsión Social], la DGI [Dirección General Impositiva] y el BSE [Banco de Seguros del Estado]”, así como el pago de servicios esenciales para poder llevar adelante los servicios, como la luz y el teléfono.
Las integrantes de la RUCVDS explican que “todos los servicios del país han sostenido la atención a usuarias y usuarios porque algunas ONG consiguieron dinero e hicieron frente a salarios y obligaciones”.
Las personas que integran los equipos técnicos “son afectadas en sus derechos”, denuncian. “No cobrar el sueldo implica un deterioro en su calidad de vida, además de un estrés extra”. Recordaron que el equipo técnico del servicio de Colonia incluso hizo un “paro activo” y emitió un comunicado al respecto. Durante ese paro activo “se atendió a las personas agendadas y se suspendieron actividades de prevención en la comunidad”, señalan.
Hay otras cuestiones burocráticas relacionadas con los mecanismos de compras estatales que implican mayores demoras en el proceso. “En la modalidad de compra directa se debe dar la baja en BPS a los profesionales y luego dar el alta nuevamente cuando dan el visto bueno a esa compra directa. Esto significa una inestabilidad laboral que desgasta a los equipos y a las ONG, que deben administrarse con el mismo dinero pero con muchas más horas de lo convenido para este tipo de tarea”, resaltan.
Frente a estos planteos, Bottero les aseguró que en estos días recibirán el pago de una cuota “para dar cumplimiento al pago de los sueldos de junio y otras obligaciones”. También les informó que el Mides “asume el compromiso ministerial de ir regularizando el atraso en los expedientes anticipando los procesos licitatorios que lo permitan”.
Como red, consideran que “el cuidado de los equipos técnicos forma parte integral de la política pública”. Esto incluye “cuidar que no se vulneren sus derechos como trabajadores” y “facilitar la buena gestión y administración de las ONG que asumen los compromisos en el territorio”.
Desde la organización informaron que Bottero les planteó que Inmujeres “ha negociado con el área contable del Mides, con el Tribunal de Cuentas y con el ministro de Desarrollo Social [Martín Lema]”.
Lo que la RUCVDS quiere es que “se firmen los contratos definitivos” asociados a la licitación que se hizo. “Se supone que una vez que se firmen los contratos de los servicios, otorgados a través del llamado público, estos están integrados al presupuesto”. Por lo tanto, destacan las representantes de la red, “una vez que comiencen los pagos de los convenios, se regulariza y se depositarán mensualmente las partidas que corresponden”. Por eso, adelantaron que van a solicitar una reunión con Lema, “para el conocimiento mutuo y el diálogo, que siempre ha existido”.
Soluciones habitacionales
La cuestión habitacional es un elemento fundamental para transitar un proceso de salida de la situación de violencia basada en género. Las representantes de la red explican que ese proceso tiene “dos componentes que son esenciales para transitar ese camino”. “Uno es el trabajo remunerado, que proporciona autonomía económica, y el otro es la vivienda, que proporciona también independencia y seguridad”, detallan. “Sin estos dos elementos, la salida es mucho más lenta y tortuosa, o directamente las mujeres quedan en la dependencia del varón agresor o de la familia de ese varón. De ahí la importancia que cobra contar con compromisos de Estado”, sentencian.
Ante la consulta de por qué no se están dando respuestas a las solicitudes de alternativas habitacionales planteadas en 2020 y 2021, dicen que Bottero informó que habrá 500 soluciones habitacionales. De estas 500, entre 380 y 420 son renovaciones de años anteriores o extensiones del plazo, dada la circunstancia de pandemia. “Las 80 restantes son situaciones que están en lista de espera a estudio del año 2020”, señalan. En este sentido, denuncian que “no habrá soluciones habitaciones para los casos que han surgido en 2021”. “Bottero estima que para el año 2022 quizá se pueda aumentar el número de soluciones habitacionales”, dicen las integrantes de la red.
A su entender, “lo que hacen es renovar los contratos existentes y no agregan nada”. “Está claro que no es prioridad para este gobierno la violencia basada en género”, advierten. Y agregan que “en realidad, se está desarmando esta pata de la política pública de violencia basada en género, ya que no tiene asignados recursos económicos”.
La RUCVDS plantea que los gobiernos departamentales también redujeron su disponibilidad de soluciones habitacionales: “Las intendencias del interior quitaron los subsidios de alquiler o habitaciones en pensiones, o algunas soluciones que eran a través de la entrega de vivienda o canastas de materiales”. “Esto impacta en el total de las soluciones de vivienda que se lograba para las mujeres y sus hijos”, dicen. “Es duro ver cómo se va deshaciendo lentamente lo alcanzado en materia de derechos para niñas, niños, adolescentes y mujeres que viven violencia”, lamentan.
Si bien celebran la ampliación del horario de atención de la línea telefónica 0800 4141, dicen que no suple la falta de presupuesto para la ley de violencia basada en género contra las mujeres: “Lo anunciado por este gobierno con algarabía, que es que el 0800 4141 tendrá atención las 24 horas, está bien, pero no logra tapar el gran agujero que significa no dotar de presupuesto a la Ley 19.580”.
La RUCVDS “exhorta” al gobierno a “subsanar los atrasos en los pagos” de los servicios y que “revea la decisión de que no haya soluciones habitacionales para 2021”. Y concluye: “El desmantelamiento de las políticas de género y en concreto las de violencia de género por falta de recursos traerá consecuencias para el país”.
Preocupación por subsidios de alquiler
El mes pasado, la Intersocial Feminista también se manifestó respecto de la falta de soluciones habitacionales para mujeres en situación de violencia. La organización expresó su “preocupación por la posible eliminación del subsidio de alquiler para víctimas de violencia de género” y aseguró que el convenio firmado en 2009 entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Mides para brindar alternativas habitacionales transitorias a mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia de género “hoy, por actos administrativos, no tiene acción”.
“Hay mujeres que esperan desde el año pasado que se les otorgue el subsidio para poder solucionar su problema de vivienda y de ese modo cortar el círculo de la violencia”, y otras “no tienen garantizada la renovación de los contratos, lo que hace peligrar la continuidad en la vivienda, volviendo a quedar expuestas”, señalaron las activistas en ese entonces.
La Intersocial Feminista recordó el “Compromiso por las mujeres”, firmado por la coalición de gobierno, que entre otras cosas plantea la voluntad de “dar especial consideración a las mujeres solas con hijos a cargo y víctimas de violencia doméstica en los programas de vivienda social, subsidio de alquiler y garantía de alquiler u otros programas de vivienda de rápido acceso”. Para la organización, “no solamente no se les dio especial atención”, sino que “tampoco se mantuvo el rubro destinado a esta política pública, que era una de las pocas que daban una salida material a las mujeres que lo necesitan”.