La Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado comenzó a recibir los aportes y sugerencias de académicas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil en torno al proyecto de ley de paridad que presentó la senadora del Partido Nacional (PN) Gloria Rodríguez en marzo de 2021. El tratamiento de la propuesta comenzó el 21 de junio, pero el proceso se vio interrumpido por la discusión parlamentaria del proyecto de Rendición de Cuentas. Este martes, la comisión retomó el debate y recibió a la politóloga Niki Johnson, que realizó una evaluación del proyecto y propuso algunas recomendaciones para mejorar la efectividad de la ley en el caso de ser aplicada.

La politóloga –que es además coordinadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas de la Universidad de la República– presentó una serie de datos de investigaciones de su propia autoría que constatan el avance “muy lento” de la presencia de mujeres en los cargos de poder en el Parlamento y en otros niveles del sistema electoral uruguayo, según consta en la versión taquigráfica. De hecho, subrayó que, “en este momento, en ninguno de los cargos electivos del sistema político uruguayo se alcanza la paridad entre hombres y mujeres”, y sólo “en los concejos municipales se llega a un tercio de mujeres, que es el porcentaje garantizado por la actual ley de cuotas”.

De acuerdo a los datos presentados por la experta, actualmente en Uruguay hay “25% de mujeres parlamentarias”, lo que ubica al país casi “diez puntos porcentuales” por debajo del “promedio regional para las Américas”. En esa línea, la investigadora mencionó algunos ejemplos de los impactos “clarísimos” y positivos que han tenido las leyes de paridad aprobadas en países de la región.

“Si no hay paridad o, por lo menos, un esfuerzo por promover la paridad entre hombres y mujeres, entonces no podemos hablar de democracia”, comentó Johnson, y en ese sentido celebró que se discuta esta propuesta. Del proyecto en cuestión, destacó que alcance “todas las instancias electorales” y el criterio de la “paridad vertical”, con una “integración alternada y secuencial” en las listas electorales que debe aplicarse tanto a titulares como suplentes.

No obstante, también mencionó algunas dificultades de la iniciativa. Según una simulación que realizó Johnson para el Parlamento sobre los resultados de las últimas elecciones, con base en lo que propone el proyecto de ley, el impacto de la norma sería “reducido”, ya que “la representación de las mujeres subiría de 20,9% a 27,1%”, afirmó. Además, la investigadora planteó que la ley tendría “cierto impacto en Montevideo, bastante impacto en Canelones, pero en el interior y en los departamentos chicos, ninguno”.

“Este proyecto tendría un impacto, pero sería limitado. En ningún caso se llegaría a 50% en el resultado final y, de hecho, ni siquiera se llegaría a un tercio en el Parlamento”, aseveró Johnson. En esa línea, sugirió dos propuestas que podrían aumentar la efectividad del proyecto. Una es la posibilidad de incorporar “el criterio de la paridad horizontal en los encabezamientos de listas”. Como segunda opción, planteó aplicar “un criterio de paridad de resultados y ajustar la integración”. “Entonces, si hay un departamento que tiene dos diputados y los dos son hombres, el segundo titular electo debería cambiarse por una titular mujer”, explicó.

Johnson puso sobre la mesa la posibilidad de que este proyecto se estudie junto con la propuesta “Paridad de género” presentada por la diputada Fátima Barruta, del Partido Colorado (PC), a fines de febrero de 2021. De hecho, señaló que en la simulación que realizó con base en el proyecto de Barruta los resultados obtenidos muestran que la “inclusión de la paridad de resultados en la Cámara de Representantes tiene un impacto mucho más fuerte que solamente la paridad vertical”.

Una necesidad compartida

La senadora del Frente Amplio (FA) Amanda Della Ventura, que integra la Comisión de Derechos Humanos, dijo a la diaria que Johnson realizó una presentación “muy elocuente” y en “profundidad” sobre el tema, y destacó que es “muy importante” que “una persona que sabe tanto del tema avale el proyecto”. Además, sostuvo que, “en general”, las y los integrantes de la comisión están de acuerdo con continuar la discusión de esta propuesta y comparten la necesidad de aprobar una ley que impulse la paridad. “Es un tema que debe trascender a los partidos políticos, cosa que compartimos. Estamos de acuerdo casi por unanimidad en seguir con esto”, agregó.

En la misma línea, la senadora del PC y también integrante de la comisión, Carmen Sanguinetti, señaló a la diaria que los datos que presentó la politóloga dejan claro que “a nivel de la opinión pública hay un porcentaje súper alto de personas que están de acuerdo con que exista una ley de paridad en las listas parlamentarias”. Sobre las recomendaciones que planteó Johnson para mejorar la efectividad de la ley, la legisladora aseguró que se tomarán en cuenta para el análisis en profundidad y la discusión sobre las “especificidades” del texto en comisión.

Aunque de acuerdo a la simulación de Johnson el impacto del proyecto sería limitado, Sanguinetti manifestó que “urge un cambio” para avanzar en la paridad. “Ahora lo más importante es visibilizar el rezago que tiene Uruguay en este tema y la necesidad de avanzar. La ley de cuotas ya dio lo que tenía para dar y seguimos en una subrepresentación muy clara”, enfatizó.

“Elemento disonante”

Las senadoras dijeron que el intercambio durante la reunión fue “muy fructífero” para el avance del tratamiento de la propuesta. De hecho, “el único elemento disonante fue la intervención del senador Guillermo Domenech, que planteó que no estaba de acuerdo con la instrumentación de la norma”, dijo Della Ventura a la diaria.

Durante su intervención, el senador de Cabildo Abierto planteó que este proyecto de ley va contra el artículo octavo de la Constitución, que establece que “todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”, y por lo tanto, “es inconstitucional”. También opinó que este tipo de iniciativas “desvalorizan la participación de la mujer”.

“Lo que me llama la atención es que, muchas veces, estas cosas no son promovidas por mujeres que han sido capaces de pararse en el campo de la arena política y decir: ‘Valgo tanto como un hombre. A mí me votan y salgo electa’, que es lo que entiendo valioso”, planteó el senador. A la vez, consideró que esta propuesta va contra la “libertad del elector” y “fragmenta la integración social”.

Ante los planteos de Domenech, Johnson respondió que “es muy importante corregir algunos errores en la concepción sobre qué es la libertad del elector”. “Nadie quisiera coartar la libertad del elector, porque el pueblo es soberano. [El de Domenech] es un argumento que así dicho suena muy bien, y entiendo que es un argumento estratégico, porque no puedo creer que las personas que lo manejan, que tienen trayectorias larguísimas dentro del sistema político uruguayo, no reconozcan que este sistema no le cede al elector ninguna libertad. No tiene ni siquiera lo que en las democracias liberales es la primera libertad, que es decidir si voy a votar o no, porque acá es obligatorio el voto”, consideró la investigadora.

Johnson continuó: “Entonces, si tanto preocupa la libertad del elector, ¿por qué no se propone alguna reforma del sistema de votación que permita que realmente el elector pueda señalar en la lista quiénes tendrían su voto?”. La académica agregó que decir que este proyecto “desvaloriza a las mujeres es un argumento muy débil”.

Con respecto al planteo de que este tipo de medidas fragmentan una sociedad integrada, la politóloga apuntó que “si la sociedad estuviera realmente integrada, eso se reflejaría en la composición integrada de nuestros órganos de decisión y de representación”. “El problema es que no está totalmente integrada y, por eso, tenemos no sólo una subrepresentación de las mujeres, sino también de personas jóvenes, de afrodescendientes que tampoco están debidamente integradas en la sociedad en su conjunto”, manifestó. Mientras la investigadora daba su respuesta, Domenech se retiró de la sala.

De comisión especial a comisión permanente

La necesidad de agilizar el tratamiento de este proyecto y otros temas que se encuentran a estudio de la comisión es una preocupación que comparten la mayor parte de sus integrantes. En este sentido, la senadora del FA y presidenta de la comisión, Silvia Nane, presentará, en los primeros días de noviembre, un “proyecto de resolución” en el pleno del Senado para que la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado pase a ser una comisión permanente.

Nane explicó a la diaria que para que esto se concrete es necesario que las y los senadores estén de acuerdo en modificar el artículo del reglamento del Senado donde se definen cuáles son las comisiones permanentes de la cámara alta. “La propuesta surge porque hay temas de derechos humanos, equidad y género que no se pueden abarcar en el marco de una comisión especial que se reúne una vez por mes. Hay temas que requieren un tratamiento mucho más sistemático, más periódico y un mayor seguimiento. Necesitamos el funcionamiento de una comisión permanente que durante el período de sesiones tenga un día de reunión por semana”, expresó la senadora frenteamplista.

En el caso de que se apruebe el proyecto de resolución, la comisión comenzaría a funcionar de forma permanente para el tratamiento de los temas a estudio, como el proyecto de ley de paridad y temas futuros, comentó Nane. “Hay varios proyectos en materia de derechos humanos que se pueden ir considerando. Son temas que surgen de observaciones que tiene Uruguay por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Uno de ellos es la edad de matrimonio. En noviembre vamos a presentar un proyecto para subir la edad de matrimonio de 16 a 18 años”, adelantó la senadora.

La propuesta de Nane ya cuenta con el apoyo de las senadoras de su partido que integran la comisión –Della Ventura y Sandra Lazo– y también de las senadoras Rodríguez, del PN, y Sanguinetti, del PC. “Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta. El trabajo, la vivienda y la alimentación son derechos humanos y no pueden ser tratados en una comisión especial. Debemos jerarquizar esta comisión y darle el valor que realmente tiene, así como los temas que estamos tratando. Sería una muy buena gestión presentar este año esa solicitud. Creo que será acompañada por todo el sistema político”, sostuvo la senadora nacionalista durante la sesión. En el momento en que se conversó la propuesta, el senador Domenech, también integrante de la comisión, ya se había retirado.