Lo advirtió a principios de año y, finalmente, lo cumplió. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, difundió este martes en Twitter un comunicado en el que anunció su veto parcial a la Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación, aprobada el 17 de febrero por la Asamblea Nacional.

La norma establece los parámetros según los cuales las mujeres y personas gestantes que vivieron situaciones de violencia sexual pueden acceder a un aborto en el sistema de salud, meses después de que la Corte Constitucional declaró inconstitucional uno de los artículos del Código Penal que impedía el aborto en caso de violación para todas las mujeres.

Casi un mes después de esa votación, Lasso presentó 61 observaciones al documento, “con el objetivo de que este guarde absoluta concordancia con el dictamen de la Corte Constitucional”, según argumentó.

Entre las modificaciones, el mandatario propuso que el plazo de gestación máximo para que se practique un aborto en caso de violación sea de hasta 12 semanas para todas las mujeres. El texto aprobado por la Asamblea Nacional estableció como límite las 12 semanas de embarazo en el caso de las mujeres adultas y 18 semanas para niñas, adolescentes y mujeres que viven en zonas rurales.

Además, el veto agrega ciertos requisitos que se tienen que cumplir para que una víctima de violación pueda abortar: que la persona haya hecho la denuncia por el caso de violación, “salvo el caso de mujeres con discapacidad mental”; que haya firmado una “declaración juramentada”; y que presente el resultado de un examen de salud por parte de un médico tratante o legista en el que “certifique que la solicitante presenta serios indicios de haber sido víctima de violación”.

Lasso también incluye la objeción de conciencia para el personal de salud, que “en ningún caso” se podrá interpretar como “una forma de obstaculizar al acceso del aborto consentido en casos de violación cuando se cumpla con el deber de derivación de conformidad con esta ley”, según alega el texto.

Ahora, el proyecto de ley vuelve a manos del Poder Legislativo, que tiene 30 días para decidir si acepta las modificaciones del Ejecutivo o si mantiene el documento original aprobado en febrero.