El 15 de agosto de 2021, después de haberse quedado con el control de varias localidades de Afganistán, los talibanes ingresaron a Kabul, la capital, y retomaron así el poder después de 20 años. Para las niñas y las mujeres afganas, ese mismo día se firmó una sentencia a sus derechos y libertades. Pese a las falsas promesas de los talibanes de que se desmarcarían de su mandato anterior, cuando gobernaron con base en una interpretación de la ley islámica estricta y restrictiva de las libertades, la situación muestra que hoy las mujeres son las principales víctimas del régimen.
Desde hace un año, las mujeres están excluidas de la vida política y de los medios de comunicación, y sólo se les permite trabajar con excepciones en ámbitos como la educación y la salud, lo cual repercutió en la autonomía económica de miles. Muchas de las que perdieron el trabajo eran el único sustento de sus familias.
A esto se suma las restricciones que tienen las mujeres para moverse y trasladarse. A fines de diciembre, el gobierno impuso que tendrían prohibido viajar más de 72 kilómetros sin un acompañante varón y exhortó a los taxistas a rechazar los viajes de mujeres que no lleven el hiyab “adecuado”. Las afganas tampoco pueden viajar en avión sin un acompañante masculino, no importa si el destino es dentro o fuera del país. Además, en mayo de este año, el gobierno emitió un comunicado que estableció que las mujeres sólo pueden visitar los parques de diversiones de domingos a martes, mientras que los hombres pueden hacerlo de miércoles a sábado.
Ese mismo mes, el ministro interino para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, Khaled Hanafi, emitió un decreto que obliga a las mujeres a usar el hiyab fuera de sus casas y establece que es preferible, directamente, evitar salir. La medida dispone que las formas permitidas de usar este velo son el burka –que cubre el cuerpo por completo, con sólo una rejilla de tela sobre los ojos– o el niqab –una túnica negra que también cubre todo el cuerpo y deja los ojos descubiertos–.
Barreras para estudiar
Por otro lado, Afganistán es hoy el único país en el mundo que prohíbe a las niñas y adolescentes la educación secundaria: apenas un mes después de su llegada al poder, los talibanes anunciaron que aquellas que ya hubieran cursado sexto de escuela no podrían ir a estudiar tras la reapertura de los liceos. En marzo de este año, horas después de que se reabrieron los centros educativos para estas niñas y adolescentes, los talibanes revirtieron la política y obligaron su cierre. No hubo novedades desde entonces.
“Mientras se desarrolla esta dinámica, las niñas de la escuela secundaria ahora han perdido casi un año completo de escolarización, con amplias repercusiones para su futuro y el futuro del país”, denuncia Amnistía Internacional en el informe El gobierno de los talibanes: un año de violencia, impunidad y falsas promesas, difundido este lunes. El documento revela que, según la organización internacional Save the Children, alrededor de 80% de las niñas en edad liceal actualmente “tienen negado el derecho a la educación en Afganistán”, en tanto cerca de 850.000 de 1,1 millones de niñas en este grupo de edad se ven obligadas a quedarse en casa.
“Privadas de educación y de la posibilidad de participar en la vida pública”, las mujeres y las niñas afganas, “a quienes se ha despojado de sus derechos, afrontan un futuro sombrío”, lamentó Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional para Asia meridional.
Aumento de la violencia
Las mujeres y niñas también enfrentan un aumento de la violencia doméstica y de las situaciones de discriminación desde que se instauró el régimen talibán, debido a “la falta de implementación del marco legal existente y los mecanismos institucionales para protegerlas”, asegura el nuevo informe de Amnistía Internacional.
“Se han desmantelado los mecanismos de protección establecidos por el gobierno anterior para quienes enfrentan violencia de género. Además del abuso doméstico, las mujeres corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual y de género por parte de los soldados talibanes o las comunidades locales si buscan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y la libertad de reunión”, señala el texto.
Al mismo tiempo, decenas de mujeres fueron detenidas y torturadas por realizar manifestaciones pacíficas para defender sus derechos. Sin ir más lejos, el último episodio tuvo lugar el sábado pasado, cuando las afganas protestaron frente al Ministerio de Educación por el derecho a trabajar y contra el cierre de los liceos para niñas y adolescentes, y los talibanes dispersaron la concentración con disparos.
Además de profundizar en la situación de las mujeres, el informe de Amnistía Internacional revela un agravamiento de la crisis económica y humanitaria desde la llegada al poder de los talibanes en el país, donde 59% de sus habitantes necesita asistencia, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. También denuncia los ataques a la prensa, las detenciones de periodistas –generalmente en el marco de la cobertura de manifestaciones– y el cierre de decenas de medios en este último año. Y revela casos de arrestos arbitrarios, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desalojos forzosos de personas que se oponen al régimen.