“La Justicia ha sido el gran obstáculo que ha impedido la búsqueda y la resolución de los casos que presentamos de gurisas desaparecidas”, dijo a la diaria María Delia Cúneo, integrante de ¿Dónde están nuestras gurisas? (DENG), que se dedica a visibilizar casos de desapariciones de niñas y mujeres que en muchos casos tienen como principal hipótesis la trata con fines de explotación sexual. Es por eso que este año, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el colectivo eligió centrar el debate en el abordaje que realiza el sistema judicial. De ahí surgió el conversatorio “¿Cómo trata la Justicia la trata?”, que tuvo lugar el sábado, con la participación de especialistas con experiencia en la temática.

Desde cada una de sus profesiones, prácticas y miradas, las expertas analizaron cómo actúa la Justicia –y, en general, el Estado– frente a situaciones de trata, en sus diferentes aristas: la persecución del delito, la sanción a los responsables, la atención, protección y reparación a las víctimas. Todas señalaron además los problemas que hay en torno a la implementación efectiva de la ley de trata, aprobada a mediados de 2018, una normativa “muy buena” a la que no se le destinan los recursos suficientes. Otro obstáculo es el desconocimiento general sobre el contenido de la ley por parte de los operadores judiciales, lo que dificulta su aplicación. A esto se suma la falta de capacitación y sensibilización y la presencia todavía muy arraigada de estereotipos de género y sesgos machistas.

De acuerdo con Cúneo, lo que expusieron las especialistas fue una “reafirmación teórica de algo que hemos constatado nosotras y las mamás de las gurisas con nuestros cuerpos, en la práctica cotidiana”.

En el papel

El conversatorio empezó con la presentación de Georgina Barria, abogada, doctora en Derecho y diplomada en Género y Políticas Públicas, que ha acompañado los procesos de denuncia de desapariciones de mujeres impulsados por DENG. La profesional se enfocó más bien en cómo el Estado trata la trata y analizó cuáles son los mecanismos que establece la ley para dar respuesta a estas situaciones. En esa línea, recordó que la norma crea el Consejo Nacional para la Prevención y el Combate de la Trata y la Explotación Sexual, que es “el órgano rector que tiene que fijar las políticas públicas, establecer el plan nacional de combate contra la trata, y es quien debe fijar presupuesto para que los cometidos de la ley sean cumplidos”.

Por otro lado, funda el Sistema Interinstitucional de Respuesta y Combate a la Trata, que debe incluir “acciones de prevención, servicios de atención, asesoramiento y patrocinio jurídico a las víctimas, medidas de reparación, el registro y ordenamiento de la información, la formación y capacitación de los operadores y la evaluación y rendición de cuentas”, según dice el texto.

Es decir que “la ley plantea un montón de situaciones que deberían ser contempladas y sobre las cuales se tendría que actuar. Deberían existir órganos del Estado y lugares donde una pueda acceder sencillamente para hacer una denuncia sobre cualquier situación que pueda ser contemplada como trata o explotación sexual”, apuntó Barria. Sin embargo, la ley no se cumple.

Este incumplimiento abarca también el acceso de las víctimas a la Justicia. En ese sentido, la abogada recordó que el artículo 29 de la ley establece que toda institución que detecte situaciones “sobre las que considera que existen motivos razonables para presumir la existencia de una situación de trata o explotación debe informarlo de manera inmediata” a alguna de las entidades del Sistema Interinstitucional de Respuesta o a la Fiscalía General de la Nación. Pese a esto, “nos encontramos diariamente con que, al hacer la denuncia, no existe ningún tipo de respuesta efectiva, no hay elementos para decir que es presunción de delito”, afirmó Barria. Otro ejemplo es cuando se denuncia la desaparición de una mujer y la respuesta es que, “si es mayor de edad, no se puede recibir la denuncia porque es probable que ella se haya ido por voluntad propia”, lo cual va en contra del artículo 35 de la ley, que asegura que “el consentimiento expreso o tácito de la víctima en ningún caso puede ser considerado un factor de justificación o de legitimación de las conductas de trata o explotación de personas”.

“¿Por qué, entonces, si está la ley, no se cumple?”, se preguntó la letrada. Aseguró que un motivo es sin dudas la falta de presupuesto destinado a su cumplimiento, pero también “hay de fondo un montón de otros entramados culturales, políticos, económicos”, que derivan en que muchas de las prácticas queden ocultas, estén naturalizadas, a veces incluso legitimadas y, por lo tanto, permanezcan invisibles.

“Al Estado no le interesa”

“El título no debería ser ‘¿cómo la Justicia trata la trata?’ sino ‘¿trata la Justicia la trata?’. Creo que la respuesta es sencilla y es que no”, enfatizó la jueza Alexandra Facal, que integra la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay y fue una de las primeras juezas en realizar procesamientos por trata interna en Uruguay. Identificó como una de las razones la falta de formación que tienen abogados, fiscales y jueces a partir del momento en que empiezan las carreras. “Nosotros pasamos por la Facultad de Derecho sin hablar del tema. No se trata el fenómeno y, por lo tanto, el delito tampoco, porque no lo entendemos. Yo pasé también por la educación formal de la escuela de jueces sin tratar ese tema y, cuando me tocó el caso, fue mi primer choque”, dijo la magistrada.

En ese sentido, reconoció que “la poca formación o información, o ambas cosas, sobre este tema es lo que no nos permite verlo directamente, por eso el Poder Judicial no lo trata”, y tampoco hay una revisión sobre “cómo interrogamos, cómo valoramos la prueba, cómo valoramos las normas; para todo eso faltan años, porque básicamente no conocemos el fenómeno, y no lo conocemos porque al Estado, en general, no le interesa”.

Para Facal, el abordaje correcto de estos casos o incluso que haya sentencias al respecto depende muchas veces del interés, el conocimiento y la capacitación de las personas que están a cargo. “En el caso que yo tuve, particularmente, fue a raíz de un homicidio de un varón y dependía de los operadores que voluntariamente habían adquirido una formación. Después hubo una fiscal a la que le interesaba el tema y que fue la que impulsó [la investigación], y de casualidad encontró a un juez en el que encontró eco para que se hiciera y se llegara al resultado de poder procesar por trata interna”, relató la magistrada.

En cuanto al acceso a la Justicia, fue enfática: “No sólo estamos muy lejos, sino que estamos yendo para el otro lado, es decir, hacia que el Poder Judicial no tenga ámbitos o puertas en todos los lugares”.

Un acumulado “útil” para avanzar

“Si hoy estoy acá es porque, hace ocho años, la mamá de una gurisa desaparecida en 1994 estaba por entrar a operarse y me dijo: ‘Por si acaso, Diana, te llamo: no dejes el juicio’. La señora se murió, entonces yo no dejo el juicio”. De esta manera empezó su exposición la abogada Diana González, doctora en Derecho, autora de varias publicaciones sobre derechos humanos, trata y explotación sexual, exdirectora de la Unidad de Género de Fiscalía e integrante de la Cooperativa de Abogadas para la Defensa y Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se refería al caso de Silvia Fregueiro, que tenía 28 años cuando fue vista por última vez, el 21 de diciembre de aquel año, en Punta del Este.

La extensa trayectoria de González también incluye haber participado en la redacción de las leyes de trata y de violencia basada en género, que fueron aprobadas con apenas unos meses de diferencia. Sin embargo, para la abogada, la atención que requirió cada una fue desigual: la ley de violencia de género desató más debates, mientras que la de trata se sancionó sin mucho problema, casi sin modificaciones, e incluso con artículos que no fueron aprobados en la de violencia. “Las leyes son acuerdos políticos. Entonces, va a haber más ruido donde más se sabe y donde más hay un acumulado de gente que está presionando para un lado y para otro”, interpretó González.

En consonancia con esto, hoy sucede que “la ley de violencia de género se aplica, aun cuando nos enojemos [por la lenta implementación de algunos artículos], y la de trata no. ¿Por qué? Por lo mismo: porque las leyes no son papeles que se aplican por arte de magia. Tienen gente que la quiere aplicar y controla que se aplique, y tiene otros que resisten y generan un debate”, explicó la experta. El aspecto positivo de esto es que, al mismo tiempo, “el acumulado que tenemos con el tema género es útil para seguir el avance hacia la ley de trata”, dijo González.

La letrada se levantó de la silla para mirar las fotos de mujeres desaparecidas que estaban colgadas detrás de las expositoras, señaló la de Silvia y, lejos del micrófono, dijo: “Yo les agradezco tanto que esté en estas fotos, porque decían que, si vemos a una niña desnutrida, tenemos que hacer algo, y el problema es que estas gurisas están desaparecidas, entonces no las vemos”.

La trata, un “delito invisible”

De alguna forma, la invisibilización de la trata como un problema para su combate atravesó las presentaciones de todas las expertas. Sin embargo, fue el eje central del análisis de la licenciada en comunicación social Laura Piperno, que compartió algunos de los resultados de su investigación ¿Por qué la trata de personas es un delito invisible en Uruguay?, publicada en 2021.

La primera causa que identificó para la invisibilidad de la trata es la demora de Uruguay en sancionar una ley integral sobre el tema. “Es un delito que se remonta a la Antigüedad, entonces, me pregunto, ¿cómo puede ser que recién hace cuatro años en nuestro país se legisla la ley integral? Teniendo en cuenta, además, que en el resto de América Latina se legisló mucho antes”, cuestionó Piperno, y puso como ejemplos los casos de República Dominicana (2003), Chile (2011) y Argentina (2012).

Por otra parte, señaló que, si bien el marco normativo uruguayo registró avances en la materia, “es evidente que falta una conciencia en la sociedad”. “La igualdad formal carece de sentido si no hay educación y no hay información en la calle dando vueltas. La gente no cuestiona las causas del delito, y de qué manera nos involucramos como sociedad nos hace responsables también. Veo esta poca conciencia social como una causa más de la invisibilidad”, aseguró la comunicadora.

Otro aspecto que incide en que no se visibilice el problema es, por un lado, la “falta de estadísticas, información y jurisprudencia”, y, por otro, la “falta de exposición mediática”. “Estas dos vertientes están muy relacionadas, porque si no hay información y no hay denuncias –porque las víctimas tienen miedo debido a que la Justicia no les garantiza que sea eficiente–, los medios no tienen qué comunicar”, puntualizó, y aclaró que, cuando sí informan sobre esta temática, muchas veces lo hacen de manera “sesgada”. Al mismo tiempo, consideró que “no están capacitados para afrontar la temática con perspectiva de género”. “Si se utilizaran bien los medios”, agregó Piperno, “se podría llegar a millones de personas para explicarles lo que sucede, dónde sucede, que es más cercano de lo que nos imaginamos, y también advertir sobre la forma en que se capta, para saber y estar con los ojos un poquito más abiertos”.