La Red de Acompañamiento Feminista en Aborto Las Lilas, una articulación de colectivos y activistas de distintas localidades de Uruguay que trabaja para asesorar y acompañar a mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar, cumplirá dos años en noviembre. En ese marco, la plataforma organizó el sábado pasado el “Encuentro nacional de acompañantes en aborto”, en el que participaron 60 personas de 11 departamentos del país. ¿Cómo ha sido y qué impactos tuvo el trabajo de la red? ¿A cuántas personas ha acompañado? ¿Qué dificultades han identificado las acompañantes en los procesos de aborto? Estas fueron algunas de las preguntas que guiaron el intercambio durante la jornada, que también tenía como objetivo habilitar un espacio para reencontrarse de forma presencial luego de dos años marcados por la pandemia, que condicionó las actividades de la articulación y limitó los espacios de reunión y debate.

El encuentro estuvo marcado por dos aspectos centrales. Por un lado, hubo una instancia de formación sobre el “posicionamiento político” de la red en el contexto actual, se realizó una evaluación del estado de situación de los servicios de salud sexual y reproductiva, se habló sobre el acceso al aborto en el país y se hizo “un repaso histórico” de la tarea de acompañante, explicaron a la diaria Tamara Savio y Yanina Roldán, integrantes de la plataforma. “Necesitábamos encontrarnos, organizarnos y saber en qué contexto nos encontramos con este gobierno que nos da la espalda porque no sabemos en qué momento las cosas se pueden complicar”, expresó Roldán.

Por otro lado, las integrantes de la red organizaron varias dinámicas “más corporales”, “performáticas” y de intercambio entre las participantes para compartir experiencias, ideas y propuestas. En este bloque, y como forma de cierre de la jornada, se realizó un trabajo en grupos para “bajar a tierra propuestas y diferentes ideas sobre acciones concretas para que quienes aborten puedan ser respetadas en su autonomía y autodeterminación, que se conozcan los derechos sexuales y reproductivos y que quienes abortan no sientan culpa, corran riesgos o sean juzgadas”, dijo Savio.

El trabajo de la red

Savio y Roldán contaron que la “tarea de acompañar” a las personas en sus procesos de aborto en Uruguay existe desde “hace mucho tiempo”. Incluso antes de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en 2012. “Lo que tratamos de hacer fue unificar todos esos procesos y, después de un tiempo de esfuerzo, surgió la red en 2020”, explicó Savio en ese sentido. Actualmente, la plataforma está presente en Artigas, Canelones, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó, y Treinta y Tres.

Las integrantes recordaron que la articulación surgió durante el primer año de la pandemia y en el marco de la asunción de un gobierno “contrario a los derechos de las mujeres y disidencias” y “autoproclamado provida” por el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y otros miembros del Poder Ejecutivo. En ese contexto, colectivos y mujeres involucradas en temas de derechos sexuales y reproductivos identificaron “falta de información” y “nula difusión” sobre estos derechos y “dificultades” en el funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, tanto públicos como privados.

Entre los principales cometidos de la red está la tarea de brindar apoyo, información, contención emocional y compañía a las mujeres y personas con capacidad de gestar en sus procesos de aborto para que puedan hacerlo de forma segura y acompañada. También buscan difundir información en general sobre los derechos sexuales y reproductivos y velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de IVE, expresaron las activistas.

Si bien las acompañantes no tienen un perfil profesional definido –la red está integrada por mujeres sindicalistas, estudiantes de diversas carreras vinculadas o no a la salud, amas de casa, entre otras–, sí deben contar con una formación para conocer en detalle los contenidos de la ley de IVE, saber cuál es el “paso a paso” del proceso de aborto, “cómo se puede acceder” a la interrupción del embarazo, “qué es lo que tiene que pasar y qué no” en relación a la atención profesional, “cuáles son los plazos para tener una respuesta”, entre otros elementos, y también las necesidades que requiera la persona acompañada, apuntó Savio. Las instancias de formación están a cargo de las propias integrantes de la red y se realizan periódicamente.

Otro aspecto importante que destacaron es el conocimiento sobre la medicación que se indica para abortar, en particular “cómo se toma”, “cuál es el dosaje” y cómo actúa en el cuerpo de las personas. De acuerdo con cifras de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), 96% de los abortos en el país se hacen a través de medicación. “El medicamento se lo dan a la persona en la farmacia y se va a su casa, a la de un familiar o una amiga; no se hace en el hospital. Por eso es que la mayoría de las veces las mujeres y personas con capacidad de gestar hacen esto solas y sin asesoramiento”, sostuvo Savio.

Actuación

Desde su creación en noviembre de 2020 hasta el mismo mes de 2021, la red brindó asesoramiento a 117 mujeres, según un informe de Las Lilas al que accedió la diaria. El asesoramiento refiere a “todo tipo de consulta en materia de funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva u otro tipo de consulta en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos”, aclara el documento. Seis de cada diez mujeres que consultaron viven en Montevideo. Casi 90% de los casos corresponde a personas de entre 20 y 39 años y casi la mitad de las consultantes (45%) son usuarias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), agrega el texto.

Por otro lado, en los primeros 11 meses de 2021 la articulación feminista acompañó a 55 mujeres de 11 departamentos del país en sus procesos de IVE, en el entendido de que el acompañamiento corresponde solamente a casos de mujeres en situación de aborto. La mayoría se concentró en Montevideo (55%), seguido por Canelones (14%) y San José (4%). También se registraron casos en Maldonado, Lavalleja, Rocha, Rivera, Tacuarembó, Colonia, Paysandú y Salto.

En este caso, el promedio de edad de las mujeres que fueron asistidas por las acompañantes en procesos de aborto se ubicó en los 28 años. El documento agrega que seis de cada diez de estas mujeres eran usuarias de ASSE y sólo un tercio fueron atendidas en servicios privados de salud.

Una década después

En octubre de este año se cumplen diez años de la aprobación de la ley de IVE. Aunque casi pasó una década desde que empezó a aplicarse la norma, las integrantes de la red consideran que son “muchísimos más” los desafíos que los avances conquistados para garantizar el cumplimiento del derecho al aborto. “Tenemos una ley que sigue criminalizando el aborto y que tiene muchas restricciones”, sostuvo Roldán, y agregó que este derecho “debería ser despenalizado totalmente y cualquier persona con capacidad de gestar debería poder acceder”.

Para Roldán, uno de los mayores desafíos ocurre a nivel cultural por el estigma que existe sobre las personas que abortan. “Son diez años de una ley y todavía seguimos debatiendo si la mujer tiene derecho o no a abortar, cuántas veces y a qué tipo de aborto debe acceder”, señaló. “Sabemos que hay objetores de conciencia trabajando en los servicios de aborto y que el acceso no está 100% garantizado en todo el territorio nacional. Es necesario empezar a problematizar esas cosas y que el aborto deje de tener la carga negativa que se le dio históricamente y que sea una práctica más de salud pública y un derecho de las mujeres y las personas con la capacidad de gestar”, manifestó.

“La condena social se mantiene y eso se tiene que trabajar desde la conciencia feminista, desde los espacios de autoconciencia, pero también desde la reivindicación de un derecho conquistado”, aseguró por su parte Savio. Planteó que esta “lucha” es aún más necesaria en tiempos en que abundan “discursos que quieren restaurar una lógica de familia tradicional” y un “gobierno provida” y “defensor de los derechos de los no nacidos”.

“Tenemos profesionales objetores de conciencia en la dirección de servicios de salud pública. Por ejemplo, la responsable de los servicios de salud sexual y reproductiva del área metropolitana [Gabriela Fischer] y el propio presidente de ASSE [Leonardo Cipriani]. Además, hay un constante ataque al derecho de decidir desde distintos actores del gobierno, con discursos de que se va a derrumbar la natalidad y que no van a nacer más niñas y niños en nuestro país. Todo eso cala en la sociedad y deteriora un montón la posibilidad de avanzar”, expresó Savio.

A su vez, la activista planteó que uno de los principales aspectos a trabajar es la restricción en el acceso para personas migrantes, ya que la ley establece que las personas extranjeras pueden abortar sólo cuando hayan acreditado un año de residencia en el país. Esto para Savio es una “violación a los derechos humanos”.

A pesar de todo esto, Roldán destacó como un avance el hecho de “poder contar con servicios [de salud sexual y reproductiva] en departamentos y localidades donde no existían y teníamos 100% de objetores de conciencia”. En la misma línea, comentó que, si bien hoy hay objetores de conciencia, la ley “garantiza” que el servicio otorgue una respuesta a la persona que solicita un aborto.

Por su parte, Savio sostuvo que en el contexto actual es difícil pensar en avanzar en términos de la normativa. “Se abren algunas puertas de oportunidad, pero no son a nivel parlamentario”, dijo. Apuntó que en Uruguay se presenta como una “buena oportunidad” el tercer “congreso del pueblo”, convocado por el PIT-CNT, “que puede llevar adelante un proceso de reforma constitucional, y estos temas tienen que estar en agenda”.