“Queremos realizar una denuncia pública hacia la Intendencia de Canelones. Fuimos sorteadas en un llamado a operario, aprobamos la prueba psicológica y eso nos dio lugar a pasar a la prueba médica. La doctora que nos realizó la entrevista nos eliminó por tener sobrepeso. En las bases del llamado no está entre los requisitos ser flaca”. Este fue el testimonio de Agustina, una de las siete mujeres que denunciaron a la comuna canaria por discriminación y alegaron haber sido descalificadas de un concurso laboral por su índice de masa corporal (IMC).

“Hemos llamado a todos lados, hemos ido a hablar, pero no hay respuestas y necesitamos el puesto que ganamos. Estamos pidiendo que no se discrimine y las autoridades lo hacen a cada rato. Una solución rápida, por favor”, continuaba el relato de Agustina, según citó hace unos meses el portal Canelones Ciudad.

A su planteo se unió, entre otros, el de Cecilia, que también alegó “discriminación” y apuntó que, durante el examen médico, la profesional a cargo le pidió que subiera a la balanza, midió su estatura para calcular su IMC y de “inmediato” desestimó su continuidad en el llamado, “quedando sin trabajo de forma instantánea por un motivo discriminatorio”, según dice el relato publicado por el medio local.

Los reclamos surgieron a partir de un llamado laboral de enero de 2022 para el cargo de Operario II en el área de Gestión Ambiental, una categoría que incluye una amplia variedad de tareas, como el mantenimiento de espacios públicos, la recolección de residuos, trabajos como auxiliar de albañilería, carga y descarga de materiales, hacer cunetas, entre otras actividades, explicó a la diaria Nohelia Millán, responsable de la Dirección de Género y Equidad de la Intendencia de Canelones.

Millán señaló que las denuncias comenzaron a llegar en agosto a la Dirección de Derechos Humanos y a la oficina de Género. Desde allí, fueron trasladadas a la Secretaría de Servicios Jurídicos, donde se decidió unir todas las denuncias en una única investigación administrativa.

Esa investigación terminó el viernes 30 de diciembre y concluyó que no hubo discriminación porque el llamado se enmarcó en los acuerdos vigentes con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen ciertos requisitos para actividades con exigencia física. Además, se determinó que las siete mujeres fueran contratadas.

“Los IMC están acordados por la OIT y la Organización Mundial de la Salud. Las médicas y médicos que trabajaron en el llamado desde Salud Ocupacional se apegaron a esas reglas”, aseguró Millán, y señaló que por ese motivo es “difícil decir que hubo discriminación”. No obstante, apuntó que en relación a los criterios sobre “la altura y esas cosas” hay que “deconstruirse” de forma permanente, porque allí es donde “siempre” se “cuelan los sesgos de género”.

En esa línea, la titular de Género y Equidad dijo que las autoridades de la intendencia definieron revisar las bases de los llamados para que esta situación no vuelva a ocurrir. Así, Millán explicó que se procederá a redactar los llamados de forma más específica para cada una de las tareas y que los requisitos estén planteados de manera clara para las y los postulantes.

Agregó que en la comuna canaria están “muy contentos” con la resolución de Jurídica y con la decisión de modificar las bases de los llamados laborales. Consideró que esta acción “genera un precedente” que espera que otras instituciones tomen como ejemplo.

Número “obsoleto”

En la decisión de modificar las bases de los llamados laborales también estuvo involucrado el colectivo Diversa, que promueve la diversidad corporal.

Vicky Ripa, integrante del grupo, dijo a la diaria que “hace varios meses” recibieron “un mensaje de las denunciantes por este tema” y “de inmediato” decidieron ponerse en contacto con las autoridades de la Intendencia de Canelones y coordinar “una reunión para intercambiar sobre los requisitos que se establecen para concursos, específicamente sobre el requisito que habla del IMC, ítem por el cual varias de las denunciantes fueron descalificadas del llamado”.

“La intendencia nos recibió, y pudimos dialogar de forma muy fluida sobre este tema. Como colectivo, fue nuestro objetivo brindar información acerca de lo obsoleto que es utilizar el IMC, en cualquier ámbito, como indicador de salud”, relató la activista, y afirmó que este índice “no es más que un número, que lejos se encuentra de brindarnos información sobre la salud de una persona”. En ese sentido, Ripa consideró que “descalificar a alguien de un puesto de trabajo por este motivo es absolutamente incoherente y sin sentido”.

Acerca de la reunión, en la que participó el intendente Yamandú Orsi, Ripa contó que “por suerte” las autoridades las escucharon de forma “muy abierta y receptiva”, reflexionaron “juntos y juntas” sobre lo ocurrido y “estuvieron de acuerdo en todo lo planteado”.