La organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, analizó la situación de mujeres lesbianas, bisexuales y queer en 26 países y concluyó que estas poblaciones “son blanco de violencia perpetrada por agentes de las fuerzas de seguridad, familiares y otras personas, y son discriminadas en forma generalizada, lo que les impide construir relaciones, formar hogares y familias”. Esta y otras conclusiones quedaron plasmadas en el informe Por esto nos hicimos activistas: violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y queer y contra personas no binarias, presentado este mes, que incluye varios países latinoamericanos como Argentina, México y El Salvador.
La investigación –que surgió ante la “grave ausencia de investigaciones y políticas” que se concentren específicamente en los derechos de estas personas, dice el documento– indaga más allá de la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, una problemática que suele estar presente en otros estudios vinculados a los derechos LGBTI+. Así, analiza de qué forma ordenamientos jurídicos sexistas y patriarcales, como la tutela masculina, las leyes sucesorias desiguales y la discriminación contra las mujeres solteras, violan los derechos de las personas lesbianas, bisexuales y queer y las colocan en “una situación de gran desventaja en prácticamente todos los aspectos de su vida”.
De acuerdo con HRW, estas poblaciones viven situaciones de violencia física y sexual ejercida por “familiares, fuerzas de seguridad y otras personas”, y enfrentan “discriminación en el trabajo, en los derechos a la tierra y de propiedad, en los servicios de fertilidad, en cuestiones de migración y reasentamiento, y en un acceso desigual a la Justicia”.
“Las mujeres lesbianas, bisexuales y queer son reconocidas por liderar luchas de derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, pocas veces se documenta la magnitud de la violencia brutal, la discriminación legal y el acoso sexual que estas comunidades enfrentan”, señaló en un comunicado Erin Kilbride, investigadora y autora del informe.
Lo que hace falta cambiar
HRW identificó diez áreas clave en las que se cometen violaciones de derechos y en las que, a su juicio, “se precisan investigaciones, financiamiento y reformas de políticas de inmediato”.
Una de esas áreas tiene que ver con los matrimonios forzados o coaccionados con hombres, una problemática que fue “frecuentemente” denunciada por las personas entrevistadas en Canadá, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Líbano, Malawi, México, Polonia, Sri Lanka, Tanzania, Túnez y Ucrania. En esa línea, mencionaron abusos como el matrimonio forzado “como práctica de conversión”, el castigo de la familia “por no ajustarse a los marcadores heteronormativos de la edad adulta”, el “maltrato psicológico y la humillación como tácticas coercitivas” o la violencia contra las parejas de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer casadas con hombres, entre otros.
Otro de los ámbitos es el trabajo, donde estas poblaciones viven violaciones de sus derechos laborales por su orientación sexual o identidad de género, y situaciones de violencia sexual, sobre todo contra mujeres “de apariencia masculina a las que se les asignó sexo femenino al nacer”, según denuncia el documento. De hecho, las personas entrevistadas para el informe aseguraron que la discriminación contra las personas de apariencia masculina es el “catalizador de toda una vida de violencia económica, social, laboral, psicológica, física y sexual”. También obstaculiza en ocasiones el acceso de esas niñas a la educación.
Al mismo tiempo, una de las entrevistadas, de El Salvador, dijo que la Policía es “mucho más brutal” con las mujeres queer de apariencia masculina. “Muchas de nosotras nos convertimos en trabajadoras sexuales [debido a la discriminación en la contratación que existe en otros ámbitos]. Sin embargo, cuando la Policía allanaba burdeles y hogares, a las lesbianas de aspecto masculino se les trataba ‘como hombres’. Es decir, se las esposaba con más fuerza, se las hacía arrodillar y se las obligaba a quitarse las camisetas”, ilustró la mujer, que es activista por los derechos LGTBI+ en el país centroamericano.
Otro de los diez puntos de los que alerta la organización internacional está vinculado a los derechos de propiedad, sucesorios y sobre la tierra, a los que acceden pocas mujeres en el mundo en general, y que es particularmente difícil cuando se suma la variable de la disidencia sexual o de género. En esa línea, el informe expone situaciones en que mujeres lesbianas, bisexuales o queer son obligadas a ocultar sus “sexualidades, parejas y vidas queer a sus familias biológicas para evitar una mayor discriminación en los regímenes de gerencia que ya privilegian a los hijos varones”, o se les exige que se casen con hombres para tener acceso a la tierra y la propiedad.
También aparecen las restricciones legales a la circulación de mujeres y ataques violentos contra parejas de lesbianas, bisexuales y personas queer en público. En concreto, las activistas entrevistadas aseguraron que en muchos países siguen vigentes “sistemas jurídicos patriarcales” con leyes de tutela masculina que “restringen los derechos de las mujeres a casarse, estudiar, trabajar, alquilar o poseer propiedades, a la salud reproductiva y a viajar”. Dijeron que las restricciones a su libertad de movimiento no derivaban solamente de estos regímenes jurídicos sexistas, sino también de la violencia contra las personas y parejas de lesbianas, bisexuales y personas queer en público, que “les hace limitar cuándo y con qué frecuencia salen de casa, y si lo hacen con su pareja”.
Por otro lado, el informe pone en evidencia violaciones a los derechos parentales y acceso a tratamientos de fertilidad, que se plantearon como preocupaciones “clave” en países como Argentina, El Salvador, México y Estados Unidos, entre otros. A la vez, las entrevistadas denunciaron una “grave falta de acceso sistemático y seguro” a servicios de salud sexual, reproductiva y mental. Durante la investigación, HRW descubrió que las organizaciones se centran especialmente en abordar la falta de servicios de violencia sexual disponibles para personas lesbianas, bisexuales y queer.
Al mismo tiempo, la organización advirtió sobre los obstáculos que existen cuando buscan asilo y también las dificultades “sistemáticas” que enfrentan en el acceso a la Justicia.
Además de exponer las distintas problemáticas que viven estas poblaciones, el documento incluye recomendaciones para los gobiernos, a los que llama a “llevar adelante investigaciones exhaustivas y transparentes de los señalamientos de violencia” contra personas y parejas de lesbianas, bisexuales y queer, y “formular leyes, políticas y protocolos que protejan de manera explícita sus derechos”.
HRW también exhorta a las autoridades a “reformar los sistemas de control patriarcales, incluidas las leyes, políticas y prácticas sobre tutela masculina; las leyes discriminatorias sobre patrimonio y herencia; y otras restricciones relativas a la autonomía, los movimientos y las libertades de las mujeres, que limitan la posibilidad de las personas lesbianas, bisexuales y queer de gozar de derechos LGBTI+ más tradicionalmente conceptualizados, como el matrimonio igualitario o la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo”.