En las elecciones generales de Guatemala el 25 de junio hay un punto de inflexión. Las mujeres indígenas activistas encabezan un intento audaz de ingresar a la arena política y promover los derechos de la mujer, abogar por políticas ambientales y establecer medidas progresistas que beneficien a las comunidades indígenas y rurales que sufren las consecuencias de la pobreza.

Estas candidatas también intentan preservar una democracia cada vez más frágil, tras los reveses sufridos bajo el mandato del presidente derechista, Alejandro Giammattei, en el cargo desde 2020.

Luego de las elecciones de 2019, la representación indígena en el Congreso de la República fue inferior a 10%, a pesar de que la población nativa constituye 44% del total de habitantes, según el último censo de 2018.

En Guatemala, los pueblos indígenas, predominantemente mayas, siempre han sufrido discriminación, sobre todo durante la larga guerra civil (1970-1996), cuando fueron blanco de las fuerzas militares, acusadas de cometer genocidio contra estas poblaciones. En la actualidad, 21,8% de la población indígena vive en la pobreza extrema (frente al 7,4% de la población no indígena). Las mujeres, en particular, se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a la educación y la sanidad.

Telma Suchí, de 56 años y trabajadora social del pueblo maya Kʼicheʼ, se presenta como candidata a concejal en Quetzaltenango, la segunda ciudad más grande de Guatemala, donde viven más de 200.000 personas.

Sobreviviente de violencia obstétrica, Suchí lleva dos décadas defendiendo los derechos sexuales y reproductivos, luchando por una atención sanitaria mejor para mujeres y niñas, y por el reconocimiento de las comadronas indígenas. Frustrada por la corrupción de los partidos políticos tradicionales de Guatemala, tomó la decisión de emprender una carrera política.

“Lo que han hecho los partidos tradicionales es enriquecerse o robar de las arcas municipales”, dijo Suchí a openDemocracy. Ella cree que ocupando un cargo en el gobierno local puede apoyar a su comunidad y también fiscalizar la alcaldía, plagada de acusaciones de corrupción y nepotismo.

Suchí es candidata por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), partido fundado en 2016 por indígenas mayas, xincas y garífunas y campesinos. El MLP pretende hacer frente a la corrupción gubernamental y a la falta de acceso a la sanidad en Guatemala. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sitúa a Guatemala como el país con menor inversión en asuntos sociales.

Suchí recuerda haber sido testigo de la marcada disparidad entre los recursos disponibles y la asistencia prestada a las personas necesitadas. “Lo vi en los hospitales, en las escuelas. Daban a la gente sobras cuando había muchos más recursos para darles”, dijo.

Candidata presidencial bloqueada

Guatemala tiene más mujeres que hombres, según el censo de 2018, más mujeres inscritas en el padrón electoral y más mujeres afiliadas a partidos políticos. Pero es más probable que los hombres ocupen puestos de liderazgo en la política. De los 30 partidos políticos que participan en las elecciones de 2023, sólo cuatro cuentan con una mujer al frente.

Este desequilibrio de género en la cúpula se refleja en la ausencia de temas que afectan desproporcionadamente a las mujeres, como el aborto (severamente restringido en Guatemala) y la violencia de género que impregna la sociedad: entre 2008 y 2022 se registraron 10.600 femicidios en este país.

Entre los 22 candidatos presidenciales, 18 se comprometieron a apoyar la declaración “Vida y Familia”, una iniciativa del grupo ultraconservador guatemalteco Asociación la Familia Importa (AFI) para defender valores de la familia tradicional, oponerse al derecho al aborto y al matrimonio igualitario, y prometieron nombrar a personas afines a esta agenda en puestos ejecutivos. Entre los firmantes figuran las dos principales candidatas mujeres.

Mujeres indígenas –algunas recién llegadas a la política, otras con más experiencia– se presentan como candidatas tanto a nivel local como nacional en un esfuerzo por sacudir el panorama político de Guatemala. Pero sufrieron un revés en febrero, cuando las autoridades electorales bloquearon la candidatura presidencial de Thelma Cabrera por el MLP, alegando causas judiciales pendientes contra su compañero de fórmula, el ex procurador de derechos humanos Jordán Rodas. La acusación contra Rodas no se ha hecho pública, ya que la Fiscalía ha solicitado que la investigación se declare confidencial.

Cabrera, de 52 años, destacada defensora de los derechos humanos de la etnia Maya Mam, quedó cuarta en las elecciones presidenciales de 2019. Es una crítica abierta del panorama político actual. “Guatemala es una dictadura porque [el statu quo] excluye a los pueblos indígenas”, afirma.

La historia personal de Cabrera está profundamente entrelazada con la lucha por la justicia. De joven trabajó en plantaciones de café en el oeste de Guatemala, donde los bajos salarios, los horarios extenuantes y el maltrato rampante a los trabajadores alimentaron su descontento, impulsándola hacia el activismo.

Tras casarse y asumir el papel de ama de casa, Cabrera entró al Comité para el Desarrollo Campesino (Codeca), una organización nacional de derechos sobre la tierra, centrada en las comunidades indígenas y los pobres de las zonas rurales, con más de 200.000 miembros.

Esta organización, que lleva funcionando más de dos décadas, se convirtió para ella en una plataforma para proteger los bosques y las comunidades indígenas de su localidad. Cabrera dijo a openDemocracy que las acusaciones contra Rodas son falsas y que su proscripción es una táctica para impedir que los líderes indígenas alcancen el poder en Guatemala. “Estamos hablando de cambios estructurales, de fundar un Estado plurinacional. Estamos hablando de redactar una constitución política en la que nuestro pueblo esté representado, por eso le tienen miedo”, dijo.

Cabrera se negó a elegir a otro compañero de fórmula, ya que, según ella, esto habría traicionado el mandato que ella y Rodas recibieron de la asamblea del partido, expresión de la voluntad colectiva del pueblo. “Mientras un Estado misógino y fascista intenta obstaculizar nuestra candidatura, eso no me disuade. [Otras] mujeres se están presentando como candidatas al Congreso y en las elecciones locales, garantizando que resuene la voz del pueblo”, agregó.

Perseverancia y poder

Leslie Sunun, más conocida como Tz'ules Sunun, aspira a un escaño en el Congreso para representar al departamento de Sacatepéquez, en el centro de Guatemala. Sunun, una mujer ladina muy vinculada a sus raíces indígenas, es aj'qi'j (guía espiritual maya) y una ferviente ecologista. Invirtió años en esfuerzos locales de rescate de animales y también dirigió una cocina comunitaria que proporcionaba alimentos a quienes perdieron su medio de vida durante la pandemia.

Pero fue su participación en un movimiento ciudadano contra la construcción de un enorme colegio religioso de la megaiglesia evangélica Casa de Dios lo que la llevó al activismo político. El colegio amenazaba la tranquilidad de San Juan del Obispo, un pequeño pueblo cercano a la histórica ciudad de Antigua, en una zona ya agobiada por la escasez de agua y transporte.

“La escuela propuesta simbolizaba una monstruosidad que distorsionaba la esencia sagrada de este valle. Lancé una petición en internet para conseguir 10.000 firmas de apoyo. Con perseverancia, conseguimos nuestro objetivo y detuvimos la construcción”, dijo. El gobierno aún tiene que aprobar los planes de construcción. “Aquella experiencia me hizo darme cuenta del poder que tenía”, añadió Sunun.

El MLP se puso entonces en contacto con ella y le pidió que se presentara como candidata al Congreso. Sunun utiliza su nueva plataforma para luchar contra las políticas que ponen en peligro el ambiente, los derechos sexuales y reproductivos y la cosmovisión maya.

“Caminando por Guatemala, te das cuenta de las secuelas de 36 años de guerra”, explicó. “Tenemos que trabajar en la salud mental, la educación sexual, la protección del medio ambiente [...] Tenemos que promover leyes que nos protejan”.

Los candidatos del MLP ofrecen una mezcla única de experiencia que incluye a mujeres con una sólida trayectoria en movimientos impulsados por la política. Blanca Ajtun, mujer maya y reconocida activista de derechos humanos, encabeza la lista electoral del partido al Congreso. Fue vicepresidenta de Codeca, cargo que la expuso a amenazas y encarcelamientos; integrantes de esta organización llevan mucho tiempo sufriendo represión, intimidación y otros ataques.

Un incidente ocurrido en 2014 ejemplifica los retos a los que se enfrentan Ajtun y sus compañeros. Ella y otros dos miembros de Codeca, Mauro Vay y Mariano García, fueron secuestrados por agentes de la empresa nacional de energía, Energuate, el 26 de junio. Liberados por la Policía, fueron luego detenidos y recluidos durante 96 días, sin motivo y sin orden judicial.

Pero Ajtun sigue decidida a enfrentarse a las empresas energéticas, los terratenientes y las élites políticas. “Si el desarrollo sólo sirve a los intereses de los poderosos, transfiriendo nuestra riqueza a las empresas multinacionales, entonces es el pueblo el que debe reclamar lo que es legítimamente nuestro”, afirmó.

Democracia amenazada

Desde el final de la guerra civil en 1996, Guatemala ha dado modestos pasos hacia la democracia, pero ese progreso está ahora en peligro. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo anticorrupción respaldado por Naciones Unidas y creado por el gobierno en 2007, supuso un rayo de esperanza.

Durante más de una década, la Cicig exigió responsabilidades a numerosos altos cargos del gobierno, entre ellos, el expresidente Otto Pérez Molina (que finalmente fue encarcelado por corrupción en diciembre de 2022), otros dos exmandatarios, un magistrado de la Corte Suprema y varios ministros y miembros del Congreso. También condujo a la destitución de jueces corruptos y al procesamiento de poderosos narcotraficantes.

Pero en 2018 el entonces presidente Jimmy Morales decidió no renovar el mandato de la Cicig, alegando que era inconstitucional y amenazaba la seguridad nacional. Su decisión, que puso fin a cualquier avance en la administración de justicia, tenía como objetivo proteger a las élites, Morales incluido, pues estaba bajo investigación y se enfrentaba a procesos judiciales por delitos electorales.

Siguiendo los pasos de Morales, Giammattei, erosionó aún más el Estado de derecho. Al menos otros dos candidatos presidenciales también han sido inhabilitados, incluido el favorito Carlos Pineda, del partido de centroderecha Ciudadanos por la Prosperidad, que lideraba las encuestas. El 26 de mayo fue inhabilitado tras ser acusado de incumplir los requisitos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Ahora, la ex primera dama Sandra Torres tiene más probabilidades de pasar a la segunda vuelta. Torres es de centroizquierda, pero últimamente dio un giro y eligió como compañero de fórmula al pastor evangélico Romeo Guerra, aparentemente en un esfuerzo por atraer el voto conservador y por complacer a las élites económicas.

Le siguen en las encuestas el ex jefe de gabinete de la ONU Edmund Mulet y Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio de indígenas en 2013. Mulet y Ríos están muy cerca en intención de voto y las encuestas sugieren que tienen niveles similares de popularidad. La Constitución guatemalteca no permite a Giammattei presentarse a la reelección y el candidato de su partido, Manuel Conde, ocupa el quinto puesto en las encuestas.

Cabrera y sus compañeras dicen que estos son los candidatos de los poderes económicos y políticos del país, que buscan perpetuar un modelo que excluye a los grupos indígenas, promueve las economías extractivas y está coludido con el crimen organizado.

“La poca democracia que teníamos, pues se acabó. Esto es una dictadura”, dijo Cabrera. “En esta elección, los 'pueblos' no tienen por quién votar, por eso llamamos a presentar un voto nulo en la terna presidencial”.

Este artículo fue publicado originalmente en openDemocracy.