A diez años del Consenso de Montevideo, el “logro más sobresaliente” en la región es el avance en la lucha por el aborto

Este mes se cumplieron diez años del Consenso de Montevideo, un acuerdo regional adoptado por los gobiernos de América Latina y el Caribe durante la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, celebrada en la capital uruguaya en 2013, que pone el foco en derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género y violencia de género, entre otros temas prioritarios para la agenda de los feminismos. Desde entonces, organizaciones feministas de la región realizan el seguimiento de los indicadores relacionados con estas temáticas en cada uno de los países.

En el marco de este aniversario emblemático, 22 redes regionales feministas y agrupaciones nacionales convocaron el martes a una conferencia de prensa para comentar los logros alcanzados durante esta década y los desafíos en los que todavía es necesario trabajar. La primera en hablar fue la psicóloga uruguaya Cecilia Stapff, integrante de la organización Iniciativas Sanitarias, que recordó que entre los compromisos asumidos por los países de la región está el de “asegurar la efectiva implementación de los programas de educación integral para la sexualidad”, “garantizar a la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, y “promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales”. Resaltó otras obligaciones en la misma línea, como “promover la prevención y la detección oportuna y garantizar el acceso universal al tratamiento integral de VIH-sida y de las infecciones de transmisión sexual”, “eliminar las causas prevenibles de la morbilidad y mortalidad materna” y “evitar el aborto inseguro”.

La especialista dijo que, en líneas generales, se puede decir que hubo “avances significativos”, aunque advirtió que estos logros “no han alcanzado a todas las personas y muchas continúan viviendo en condiciones de extrema pobreza, enfrentando desigualdades como consecuencias de arraigados patrones históricos y de nuevas formas de discriminación, sin pleno ejercicio de sus derechos”. En ese sentido, aseguró que “aún falta mucho para la plena implementación del Consenso de Montevideo en nuestra región”.

Los logros

Los principales logros que se cristalizaron en esta década tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, afirmó Ana Cristina González Vélez, representante de la Articulación Feminista Marcosur. Antes que nada, la referente aseguró que es un avance que se produjo gracias a la “expansión y fortalecimiento de los movimientos feministas en su amplia diversidad”, un “rasgo distintivo de nuestra región” que “ha sido clave para la lucha por la autonomía y libertad reproductiva, y para denunciar las violaciones a esos derechos”.

Ligado a esto, un segundo logro que destacó es la consolidación de la agenda de derechos sexuales y reproductivos “en los acuerdos intergubernamentales y otros instrumentos legales y estándares de derechos humanos”, un elemento que se ha visto reflejado “en el compromiso de los gobiernos de la región en los escenarios de negociación latinoamericana, a diferencia de lo que sucede a nivel global”.

Por otra parte, la activista mencionó los avances que hubo en materia de “autonomía y libertad reproductiva” en tres niveles específicos. El primero es la consolidación de marcos legales, como “la lucha contra la esterilización forzada en mujeres con discapacidad en Argentina” o “la prohibición de los matrimonios de menores de 18 años de mujeres indígenas en varios países”. El segundo tiene que ver con el acceso a información de calidad, y en este punto mencionó como ejemplos la integración de la variable étnico-racial en el censo de República Dominicana o la adecuación de la información de las políticas a la lengua indígena.

A la vez, se refirió a los avances que hubo en materia de acceso a servicios, como la inclusión de los test de VIH en Antigua y Barbuda o la atención a la violencia de género en Trinidad y Tobago. Dijo que además hay un avance “que une el marco legal y el acceso a los servicios”, como demuestra tanto la despenalización de la pastilla anticonceptiva de emergencia en Honduras como “la liberalización de las leyes de aborto en varios países de la región”, empezando por la ley de Uruguay en 2012, que “fue clave para lo que logramos en el consenso”, señaló González Vélez, antes de enumerar hitos más recientes. “Bolivia, Chile y Ecuador aumentaron las causales; se lograron plazos en Argentina hasta las 14 semanas, en 11 estados mexicanos, y [hubo] una resolución que dice en este mismo país que la penalización es inconstitucional, mientras que en Colombia avanzamos con el marco más garantista hasta las 24 semanas sin delito”, enumeró la referente, y concluyó, sin dudar, que “el logro más sobresaliente de la última década son los avances en la lucha por el aborto”.

Cinthya Velasco, integrante de la agrupación La Ceiba, de República Dominicana, celebró todos estos “hechos históricos” que apuntaron a que “el aborto tiene que dejar de ser un delito”, pero alertó que “la desigualdad sigue estando presente en nuestra región”. En esa línea, dijo que, “de forma contrastante”, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana “siguen siendo territorios donde el aborto se encuentra completamente penalizado, donde Manuela, Beatriz y Esperancita son emblemas de cómo normas y políticas que niegan un servicio médico de primera necesidad les cuesta la vida a las mujeres; territorios donde el ensañamiento judicial da penas máximas a las mujeres que toman decisiones sobre sus vidas buscando bienestar, salud, dignidad y libertad”.

Aun así, destacó el papel que tuvieron las feministas en la defensa de este derecho: “Desde la Patagonia y hasta el río Bravo la marea verde se ha levantado en una sola voz para resistir, transformar y asegurar los derechos que nos corresponden”, apuntó.

Los retos

Después de visibilizar los logros, las organizaciones convocantes también pusieron arriba de la mesa cuáles son los desafíos y las cuentas pendientes que todavía tienen los países frente al Consenso de Montevideo. La encargada de mencionarlos fue Ava Rampersad, de la Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago, que desplegó una larga lista encabezada por la necesidad de garantizar una educación sexual integral, “remover el aborto de las cortes penales” y reconocerlo como “un derecho humano y un problema de salud pública”. Acerca del aborto, insistió además en la importancia de garantizar el acceso a servicios “integrales y seguros”, así como “regular la objeción de conciencia para que no se traduzca en barreras que vayan contra los derechos humanos”.

Por otra parte, abogó por “garantizar la secularidad de los estados en nuestra región” y “considerar las experiencias de vida de las personas en toda su diversidad, incluidas las personas que viven con discapacidades, aquellas que viven con VIH-sida, la comunidad LGBTI+, trabajadoras sexuales, y tenemos que identificar sus verdaderas necesidades y aplicarlas a las normativas para asegurar que ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos”.

Otra de las deudas pendientes es garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos “para todas las mujeres, en toda su diversidad, sin importar su estado civil, incluyendo a las niñas y las adolescentes”. En cuanto a la protección de las infancias llamó a fortalecer las políticas “para abordar las causas de raíz de los matrimonios infantiles forzados” y pidió “no olvidarnos” y apoyar a las niñas que están actualmente casadas.

Al mismo tiempo, dijo que es necesario crear “marcos interculturales e institucionales específicos para abordar la salud de las comunidades indígenas y afrodescendientes”, con los recursos adecuados y que no se limiten solamente a los económicos.

Milene Molina, de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, habló justamente de las deudas pendientes con las poblaciones afro, y dijo que si bien el Consenso de Montevideo es “un agente integral”, “existe un rezago en la implementación de las medidas prioritarias para afrodescendientes”. “Es fundamental que los estados entiendan que mejorar el índice de desarrollo humano de grupos históricamente excluidos como somos las personas afrodescendientes debe ser entendido como mejorar el índice de desarrollo humano de un país, y para ello requerimos de datos”, cuestionó la activista.

No sólo se requieren datos, dijo, sino también incorporar una perspectiva interseccional para la “real implementación y evaluación del consenso” a la hora de referirse a la igualdad de género y la autonomía de las mujeres afrodescendientes. “El racismo no es un problema exclusivo de las personas que lo sufrimos en nuestra vida cotidiana, sino que es un problema que aqueja a la sociedad y a nuestros países, y tiene un reflejo en la desigualdad. Urge que se comprenda esto y que todas las personas se involucren. Queremos que los estados lo comprendan y asuman un compromiso real con el Consenso de Montevideo”, señaló Molina.

Otra de las expositoras fue Pamela Pérez, de la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que habló acerca de las cuentas pendientes con las juventudes. En esa línea, aseguró que hubo “retrocesos importantes, por ejemplo, en la garantía para recibir una educación en sexualidad integral con perspectiva de género, de juventudes, intercultural y antirracista”. Y puntualizó que el derecho al acceso al aborto avanzó, pero “con pasos un poco lentos, porque seguimos teniendo contextos restrictivos”.

Por otro lado, cuestionó que las juventudes con discapacidad y migrantes, “de forma interna y transnacional están invisibilizadas”, una situación que para la activista “genera estas brechas de desigualdad y dificulta aún más el ejercicio de nuestros derechos, porque las condiciones en las que vivimos en los países de la región no son las de una vida digna y no se garantizan espacios seguros ni adecuados según las necesidades”. Y afirmó que “la diversidad sexual en nuestros contextos sigue siendo estigmatizada y violentada”. “Gracias a las luchas y denuncias de las que llegaron antes que nosotras estamos seguras de que podremos avanzar, pero es difícil sin escuchar las voces de las juventudes”, sentenció Pérez.

¿Qué pasa en Uruguay?

Consultada por la diaria, Stapff dijo que el “principal” avance en Uruguay a partir de la implementación del Consenso de Montevideo fue el fortalecimiento de “toda una gama de políticas de salud sexual y reproductiva que venía aprobándose en el país”. La integrante de Iniciativas Sanitarias señaló que si bien muchas de esas políticas “ya estaban aprobadas” cuando surgió el acuerdo, este “facilitó un marco para la implementación y para poder avanzar en materia de salud sexual y reproductiva específicamente”.

En contrapartida, durante esta década también hubo “retrocesos importantes”, dijo la psicóloga. Un momento difícil, por ejemplo, fue la pandemia de covid-19, que expuso y trajo aparejadas “muchas desigualdades que afectan principalmente a las poblaciones más vulneradas, las mujeres más pobres, las afro, las indígenas”.

Stapff también identificó como retroceso todo lo vinculado con la educación sexual integral, que, según detalló, “la han sacado de los programas y ya no se está implementando como se estaba implementando anteriormente”.

Por último, alegó que se perdieron “muchos espacios de coordinación entre el gobierno y la sociedad civil, donde había incluso mecanismos de seguimiento del Consenso de Montevideo”.

A la hora de pensar en los desafíos actuales, la experta dijo que la organización que integra está trabajando “contra las injusticias reproductivas”, una categoría que comprende desde la mortalidad materna, la sífilis congénita y el trabajo de educación integral en sexualidad, hasta mejorar el acceso al aborto, “porque si bien tenemos nuestro marco legal, nos preocupa que funcione y se implemente correctamente”.

Junto con Iniciativas Sanitarias, las organizaciones que realizan el seguimiento del Consenso de Montevideo en Uruguay son Cotidiano Mujer –que integra la Articulación Feminista Marcosur– y la oficina local del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.

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