En el primer semestre de 2023, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) atendió 6.296 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. De ese total, 947 corresponden a nuevas situaciones ingresadas al sistema durante este año respecto de todo 2022.
De acuerdo a los datos del Sipiav, la cantidad de situaciones abordadas durante el primer semestre de 2022 fueron 5.944; en el mismo período de 2021, 3.975 y en los seis primeros meses de 2020 fueron 2.559.
Según el documento al que accedió la diaria, del total, la mayoría de las situaciones de violencia detectadas afectó a niñas y a adolescentes mujeres (55%), frente a 45% de casos que involucraron a varones. El 38% de las víctimas tenía entre 13 y 17 años y el 35% entre seis y 12 años. Además, se registró un 6% de casos en edades entre 0 y tres años.
Respecto de los tipos de violencia denunciados, se detectó un 39% de situaciones de maltrato emocional, 25% de casos de negligencia, 19% de abuso sexual, 16% de maltrato físico y 1% de situaciones de explotación sexual.
Asimismo, más de la mitad de los agresores fueron los progenitores de las víctimas. En el 39% de los casos se trató de los padres y en el 25% de las madres. También se mencionó en el estudio a otros familiares (14%), a las parejas de las madres (13%) y a no familiares (10%). En sólo un 1% de las situaciones los denunciantes apuntaron a sus parejas.
“Estos datos confirman una realidad que habita entre nosotros y que parece afirmarse, que es la creciente violencia hacia niños, niñas y adolescentes”, dijo el presidente del INAU, Pablo Abdala, en diálogo con la diaria. De todos modos, “hay un aspecto que tenemos que señalar como positivo, que es la mejora en la detección del problema, en el conocimiento de la situación y en el registro”, que ha permitido que se aborden más casos, consideró.
Según Abdala, la posibilidad de “mensurar” es lo que habilita que se conozca “mejor” lo que sucede y se intervenga “de forma mucho más comprometida”, en comparación con “lo que ocurría hace diez, 15 o 20 años”. En ese sentido, planteó que en la actualidad se accede a un panorama que “impacta” y que “atañe a la sociedad entera”, porque “convocan a una actitud de responsabilidad social compartida”.
“No sólo debemos reflexionar, sino que debemos comprometernos, a los efectos de combatir este fenómeno” a nivel “colectivo e individual a la vez”, señaló el jerarca. Si bien los datos deben “sensibilizar e involucrar a las familias y las personas”, el Estado tiene “una responsabilidad mayor” y “creo que vamos dando pasos, desarrollando y mejorando los dispositivos”, concluyó.