A pocos días de que se conmemore el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y en medio de unas semanas en las que se mediatizaron distintos casos de violaciones y abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, especialistas se reunieron en el Palacio Legislativo para analizar los desafíos que existen en Uruguay a la hora de hacerle frente a la violencia sexual. El conversatorio, que se tituló “Violencia sexual: una agenda pendiente”, giró en torno a tres ejes temáticos: acceso a la Justicia, atención de la salud mental y estrategias para la prevención y la reparación.

Una de las participantes fue la senadora Silvia Nane, del Frente Amplio, que viene trabajando desde hace tiempo en el tema y que ya adelantó que durante el próximo período legislativo presentará dos proyectos de ley al respecto: uno sobre imprescriptibilidad de los delitos sexuales y otro para declarar el 9 de agosto como Día de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual, en consonancia con el calendario de otros países de la región.

En una breve introducción que hizo para contextualizar acerca de los motivos de la actividad, la legisladora aseguró que “hay un montón de cosas para hacer” en términos de “acceso a la Justicia, acceso a la salud mental, a la prevención, al tratamiento y a la reparación del daño”, e insistió en esto último ya que, a su entender, en Uruguay todavía “somos un desastre para reparar el daño” de las víctimas de violencia sexual.

En ese sentido, dijo que la idea del evento era que sirviera de puntapié inicial para “un primer abordaje, un inicio de conversa”, pero que “no quede en la conversa”, sino que del intercambio pudieran surgir algunas “acciones legislativas que se pueden hacer”. “No solamente hay que iniciar estas acciones, sino que hay que darles cuerpo, hay que escribirlas, hay que sostenerlas y después hay que sostener la implementación, entonces el trabajo es larguísimo. Pero, como por algún lado hay que empezar, yo les agradezco mucho que estén acá”, afirmó Nane.

Que la actividad haya sido a pocos días de la segunda vuelta electoral es también un llamado de atención a los candidatos a la presidencia para que tomen nota, sobre todo al final de una campaña electoral –y un debate– donde el tema estuvo totalmente ausente.

El panel lo completaron Victoria Brückner, abogada, maestranda en Derechos de la Infancia y Políticas Públicas, y Carolina Ferrari, maestra y activista –las dos integrantes del colectivo Proyecto Ikove–; Soledad González, politóloga especializada en violencia de género y coordinadora de grupos para víctimas de violencia sexual; Laura Barceló, psicóloga, magíster en Desigualdades Sociales, Acciones Colectivas y Políticas Públicas, con formación en género y atención a víctimas de violencia sexual, y Sandra Mattos, abogada especializada en familia y violencia.

Justicia, prevención y reparación desde la perspectiva de las víctimas

Las integrantes de Proyecto Ikove se centraron en los tres ejes en los que trabaja el colectivo de sobrevivientes de violencia sexual: acceso a la Justicia, prevención y reparación. Respecto del primero, Brückner dijo que “trabajar en el campo de las violencias sexuales, sobre todo cuando una intenta incorporar la perspectiva de aquellas personas que las sufrieron, a veces se parece a intentar redactar un manual de la buena víctima”, con foco en cuestiones como “qué hizo, qué no hizo, qué hacen, qué dejan de hacer, cómo lo hacen”. El colectivo propone “romper con esto” y en todo caso “animarnos a pensar cómo tiene que ser un manual para un buen sistema”.

Lo primero que implica este manual es “poder romper con la idea de las etiquetas que se ponen en unos y en otros”. “Desde Proyecto Ikove esto nos parece muy importante porque tiene que ver con cómo no cristalizamos la figura de quien sufrió una violencia sexual y no la anclamos en esta idea de que, si fue víctima de una situación, entonces ‘víctima’ es el cartel que va a tener que llevar colgado toda la vida, y todo lo que pueda suceder después de eso es con suerte un milagro porque la sociedad lo que te pide es que estés rota, que no puedas recibirte, ni tener una pareja, ni disfrutar de tu sexualidad, porque fuiste víctima”, enfatizó la abogada.

Por otro lado, apuntó que el sistema de justicia tiene que estar “a la altura de las circunstancias” de las sobrevivientes y que, para eso, precisa “un cambio contundente”, que abarca, entre otras cosas, la incorporación de “una perspectiva de género real” y de “mecanismos sensibles al trauma”.

Brückner también reivindicó el “derecho al tiempo” y, ligado a esto, la necesidad de que los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes sean imprescriptibles.

“Si las personas se están animando a hablar porque estamos empezando con esta ola de tratar de cambiar la culpa de lado, es responsabilidad del Estado poder acompañar en ese proceso”, sintetizó la abogada, y agregó que, en definitiva, para eso “necesitamos sistemas judiciales sensibles, cuyo proceso forme parte de un concepto más amplio de justicia y un Estado que coconstruya esa justicia”.

Por su parte, Ferrari señaló que la reparación “no está solamente en los espacios de justicia”, que siguen siendo territorios “hostiles” para las víctimas. En ese sentido, insistió en la necesidad de que el Estado garantice el acceso a “otros espacios reparatorios para sobrevivir y para dejar de ser víctimas”, que ponga en el centro la atención en una “atención en salud mental de calidad” que “no nos vuelva a estigmatizar y a silenciar”, y que sea concebida “como un derecho y no un privilegio”.

La activista, que contó que llegó a Proyecto Ikove porque es sobreviviente de violencia sexual y de explotación sexual en un contexto doméstico, también hizo hincapié en que si bien la reparación tiene que empezar en el momento de la develación de la situación que vivió la víctima, después tiene que haber “un acompañamiento sensible desde la salud mental para que el silencio no vuelva”, algo que hoy “no tenemos”.

Por otra parte, resaltó que el proceso reparatorio “es circular” y “se tiene que adaptar a la singularidad de la trayectoria vital que la víctima tiene”, y abogó por protocolos de actuación e instancias de sensibilización para quienes los apliquen, que sean construidos desde una perspectiva de derechos humanos y de género. “Ponerse los lentes de género para atraer la igualdad y la equidad de verdad en algo que se materialice es muy importante para conservar la vida. Porque nos vamos muriendo en el camino. Porque, si no nos matan, nos terminamos matando”, aseguró.

Brückner sumó otra arista sobre la reparación que tiene que ver con la necesidad de programas para ofensores sexuales, “porque si hablamos de que hay víctimas y sobrevivientes, no podemos fingir demencia y no hablar de quienes ejercen esas violencias”.

“No hay reparación posible sin un Estado presente”, sintetizó Ferrari al cierre de su exposición, y, citando a la antropóloga argentina Rita Segato, que habla de las “pedagogías de la crueldad” que sustentan las violencias sexuales, llamó a ganarles a esas lógicas con una “pedagogía de la ternura”.

“No podemos apostar a que las víctimas sanen sin pasar por la Justicia”

La psicóloga de la mesa se enfocó en los impactos que tiene la violencia sexual en la salud mental de las víctimas y, sobre todo, cuestionó que la Justicia no los tenga en cuenta a la hora de analizar los casos.

“El sistema de justicia no considera para nada ni tiene idea de lo que implica un abuso sexual en el psiquismo y en la salud de la persona”, apuntó Barceló, y para dimensionarlo dijo que “hay autoras que hablan de que es un disparo al psiquismo”. Por eso, criticó que la Justicia “pida” a las víctimas algunas cosas que les terminan generando más daño. “Muchas veces no recuerdan lo que pasó, otras veces lo recuerdan mucho después porque lo fueron censurando porque necesitan sobrevivir”, explicó.

Agregó que por eso el discurso de las sobrevivientes a veces “no es claro” pero que “los abogados no lo entienden”. “¿Cómo va a ser claro el discurso si estamos hablando de diez años atrás, si estamos hablando de sensaciones, si estamos hablando de una persona que no quería estar ahí y entonces no estaba pendiente de qué vestía o dónde era la habitación?”, cuestionó.

La psicóloga dijo que “estas cosas pasan todos los días y no pasa nada”, y agregó que “hay que aguantar la estacada de hacer una denuncia”, porque “no la hace quien quiere, sino quien puede”.

En esta línea, consideró que si bien es cierto que una persona “puede sanar sin pasar por la Justicia”, como país, como sociedad y como sistema político “no podemos apostar a eso”.

También en este sentido se refirió al “derecho al tiempo” y a la necesidad de imprescriptibilidad de los delitos. “Una mujer puede pasar muchísimos años para entender lo que le pasó. A veces pasa que de repente cuando tiene un hijo o tiene alguna relación en particular donde se repite una escena, un gesto, un olor, una canción, ahí se desata todo un montón de recuerdos que bajan. Entonces la Justicia tiene que entender de qué tipo de delito estamos hablando para poder ver cómo se genera la prueba, cómo se hace el proceso, etcétera, y no puede ser que porque pasó un año ya prescribió”, enfatizó.

Barceló dijo que la sociedad, en general, sigue pensando que la violencia sexual sólo es la violación, lo que invisibiliza todas las otras formas que adopta, y además “censura” a las sobrevivientes, con respuestas como “algo habrás hecho”, “no fue para tanto” o “pasá página”.

En cuanto a la atención en salud mental, puntualizó que es fundamental un abordaje que considere tanto el daño psíquico de la persona como el “daño estructural”. “Cualquier abordaje que no considere ambas áreas no llega a ningún lado, porque si vas a un tratamiento común y silvestre con cualquier terapeuta, por más que tenga formación en género y en trauma complejo, si no aborda la estructural, vas a quedar sola en una isla analizando lo que te pasó a vos. Pero hay un tema que es estructural que también hay que traerlo porque entenderlo así libera y rescata a las mujeres”, enfatizó la psicóloga.

Sin embargo, aseguró que “hoy por hoy” no hay disponibles abordajes de este tipo y, en cambio, hay una tendencia a la “psiquiatrización” y a un “medicalización” que apunta únicamente a atender el síntoma y no lo que hay detrás.

Para Mattos, que puso arriba de la mesa distintos casos de violencia sexual hacia infancias y adolescencias que ella asesoró, dijo que, aunque sea difícil, “hay que seguir denunciando en la medida del cuidado, en la medida que se pueda y en la medida en que se trabaje con esas personas para poder sostener la denuncia”. La abogada coincidió en que debe haber cambios normativos, “fundamentalmente porque no hay tiempo y hay demasiada historia de horror, pero también hay mucho futuro”. Según su mirada, todo tiene que estar a la vez acompañado de un “cambio cultural que sea realmente revolucionario”.

La potencia de colectivizar la experiencia

González brindó algunos datos que surgieron a partir de la experiencia de los grupos de mujeres víctimas de violencia sexual que llevaron adelante hace unos años El Paso, El Abrojo y el proyecto Autonomías Colectivas en Montevideo, Canelones, Flores, Rivera, Cerro Largo y Salto. La politóloga, que coordinó el dispositivo, dijo que participaron unas 60 mujeres, incluido un grupo de privadas de libertad, en Salto, “que salían de la cárcel y volvían a entrar a la cárcel después de terminar en el grupo”, algo que calificó como “una experiencia insólita que ojalá sea replicable”.

Una encuesta que realizaron a 56 de las participantes de los grupos reveló que la enorme mayoría de ellas tenía menos de 14 años cuando fueron abusadas por primera vez y que, incluso, gran parte tenía menos de seis, según los datos que compartió González, y que a su entender muestran que “la incidencia de la minoría de la edad a la hora de ser víctima es muy relevante”.

Por otra parte, la amplia mayoría sufrió violencia sexual por parte de alguien de su entorno familiar –el padre, el padrastro, el abuelo, el tío, en algún caso el hermano o hermanastro– y en una amplia proporción de casos el lugar del abuso fue su propia casa.

Otros datos que aportó: seis de cada diez mujeres nunca lo habían hablado con nadie (y la mayoría de ellas no lo hizo por miedo a que no les creyeran); nueve de diez nunca lo denunciaron ante la Justicia, y cuatro de diez dijeron que tuvieron intentos de autoeliminación.

“El impacto de la violencia sexual en la vida de quien lo sufre es enorme, pero hay que desmontarlo”, sentenció González, y aseguró que los grupos se crearon con ese espíritu. “Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de ese poder que nos robaron en algún momento y decir ‘esto es nuestro y nos hicieron daño, pero estamos acá y vamos a levantarnos’. Porque si no, es darles el poder, que es lo que ha pasado hasta ahora, porque te marcan, porque te dicen que vas a ser infeliz toda tu vida, que no vas a poder hacer nada, que fuiste culpable, porque tenés vergüenza. No. Nos vamos a reapropiar y eso depende sólo de nosotras”, agregó.

La politóloga dijo que en los grupos vieron “cómo mujeres que llegaron muy dañadas se van parando, se van recomponiendo, van viendo que su problema individual es un problema social, que no es de ellas solas, sino de todos y todas, entonces la cosa empieza a cambiar”. “Vos cambiás de lugar, vos te parás en otro lugar. Entonces todo cambia”, aseguró. “No el pasado, porque el pasado no lo vamos a cambiar, pero sí podemos cambiar para adelante”.