La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la semana pasada una nueva versión del proyecto de Ley de Talles, que introduce varios cambios respecto del aprobado en junio de 2023 por la misma comisión. Una vez que se dio a conocer el contenido, el colectivo Diversa –que estuvo detrás de la iniciativa Ley de Talles Uy que reimpulsó el debate sobre el tema en 2021– manifestó su descontento ante un texto que suprime lo que las activistas consideran “puntos clave” que contribuían, entre otras cosas, a que la propuesta tuviera una perspectiva de derechos.
“Lo primero es informar que esta no es nuestra ley y que sacaron cosas que creemos que son muy importantes y que queremos que, a través del debate público, tengamos la oportunidad de que se vuelvan a rever”, apuntó a la diaria la socióloga Ana Gudynas, integrante del colectivo.
Una de esas cosas importantes es que el nuevo proyecto elimina el artículo que consagraba el derecho a la vestimenta, entendida como “un medio de autopercepción, identificación y expresión del ser humano como ser social”, según señalaba el documento aprobado el año pasado. También remueve el que obligaba a garantizar un “trato digno y equitativo” a las consumidoras y consumidores, “evitando situaciones discriminatorias, vergonzantes o intimidatorias”, y el que buscaba desterrar las “prácticas abusivas” de precio –para que todas las prendas del mismo modelo tengan el mismo precio, sin importar su talle–.
“Nuestro proyecto de ley original entendía el derecho a la vestimenta como un medio de identidad en lo que es la formación de la persona y su pertenencia a la sociedad, y justamente buscaba regularlo”, explicó Gudynas, que recordó además que cuando “las personas no pueden utilizar la vestimenta como un medio de autopercepción, identificación y expresión”, se generan “afecciones en la salud integral de las personas, porque sienten que no forman parte de su grupo de pares, dejan de ir a eventos sociales porque no encuentran ropa, y demás”.
Por otra parte, la activista dijo que el artículo que establecía el trato digno, y que ahora no aparece, tenía como objetivo que las consumidoras y los consumidores pudieran denunciar “tratos discriminatorios a la hora de ir a comprar ropa”, y evitar, por ejemplo, “esto de que te digan ‘talle para vos no hay’, ‘cómo vas a usar esto con la edad que tenés’, ‘cómo vas a usar esto con el cuerpo que tenés’”.
En tanto, Gudynas dijo que la supresión del artículo que planteaba erradicar las prácticas abusivas de precio implica “que te cobren más caro por talles más grandes, bajo la lógica de que más tela, más materia prima y, por lo tanto, es más caro, cuando sabemos que casi nada se regula solamente por el costo del material”.
Para el colectivo Diversa, al remover estas tres disposiciones, se “eliminó totalmente” la perspectiva de derechos, que era una de las líneas transversales de su propuesta inicial. “Hay una ley, pero no hay derechos contemplados, sólo una cortina de humo y beneficios para que los de siempre no pierdan sus privilegios”, escribió la agrupación en su cuenta de Instagram.
En lugar de establecer el derecho a la vestimenta y el trato digno, el nuevo texto contempla una serie de “programas educativos” sobre “el derecho a la vestimenta, el trato digno y la diversidad de talles”, que tendrá que coordinar la Comisión Honoraria Asesora en Defensa y Promoción del Derecho a la Vestimenta que crea la propia ley.
“Todavía hay rechazo a las corporalidades diferentes”
Otro de los cambios sustantivos es que, si bien se mantiene la obligación de hacer un estudio antropométrico cada diez años, el objetivo ya no es que esos datos sirvan para construir una tabla de talles, sino sólo para “contar con la información actualizada respecto de la morfología de la población”. Así, queda descartada la propuesta de que exista una tabla de talles nacional, que especifique cuáles deberían ser las medidas para cada talle en todos los locales.
Esto lleva aparejado, a la vez, que no se elimine el talle único, una ambición que también aparecía en el proyecto original, ya que “en la tabla de talles nacional no iba a existir un talle único, sino talles del 1 al 100, por poner un ejemplo”, especificó Gudynas.
Para el colectivo Diversa, esto conlleva dos problemas principales. Por un lado, “no se va a solucionar el tema de la incoherencia de talles”, dijo Gudynas, y en ese sentido recordó que la encuesta que realizó ID Retail en 2022 reveló que “más del 80% de las personas tiene dificultades en encontrar su mismo talle en distintas tiendas, esto de que soy talle 40 en una tienda, 42 en otra y 50 en otra”. Por otro, la decisión no “protege a la industria nacional”, en tanto “los y las diseñadoras no tienen hoy una tabla de talles para diseñar y terminan diseñando con medidas de sus amigos o amigas, más o menos a ojo”, porque se basan en tablas de otros países que “corresponden a otras morfologías”.
Además, se elimina el artículo que establece multas y sanciones para los establecimientos que no cumplan con la ley, lo que, para Gudynas, significa que “ahora no es obligatorio tener diversidad de talles, sino que hay una sugerencia de ampliación en la cantidad de talles”. Lo que sí se mantiene son las exoneraciones tributarias, aunque ya no es para los comercios que cumplan con todo lo dispuesto por la ley, sino para aquellos que “promuevan” prendas de vestir y calzado “en el rango de talles que correspondan a las características antropométricas de la población, respetando parámetros de precios según la relación costo-venta”.
“Si efectivamente esta era una ley que iba a perjudicar a la industria y que iba a generar hasta que hubiera menos puestos de trabajo, como nos criticaban, ¿por qué sacar la perspectiva de derechos? ¿Por qué sacar que deje de haber prácticas abusivas? ¿Por qué sacar el trato digno? Esto es muestra del statu quo luchando para seguir sobreviviendo con las características que hay hoy”, aseguró la socióloga.
A su entender, también refleja que al mercado “no siempre le interesa ganar más plata a cualquier costo, porque acá hay un mercado potencial de personas que, por ejemplo, compran en la web [en el extranjero] porque acá no encuentran talle”. Sin embargo, agregó, “todavía hay un rechazo y una discriminación muy importantes a las corporalidades diferentes, sobre todo hacia las corporalidades gordas, y el retroceso en este proyecto de ley es una muestra de eso”.
La activista retomó algunos de los datos del estudio de ID Retail para mostrar cómo todo esto “tiene afectaciones también en la salud de las personas”. En ese sentido, detalló que 35% de las personas, cuando va a comprarse ropa y no encuentra lo que quiere en su talle, “toma una acción drástica como empezar una dieta restrictiva o empezar un ejercicio severo para modificar su cuerpo”. “No es sólo que me están discriminando, me están tratando mal o tengo que dejar de ir a eventos porque no encontré un vestido de fiesta, un traje, un par de zapatos”, enfatizó, “sino que además el impacto que tiene emocionalmente para las personas es realmente alto”.