En el marco de las distintas actividades realizadas por el Día Internacional contra el Maltrato y el Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, el Ministerio del Interior (MI) presentó este jueves algunas de las acciones que viene desarrollando para prevenir y atender específicamente la violencia sexual contra las infancias y adolescencias. El evento se centró en el lanzamiento de dos iniciativas concretas: por un lado, la investigación Caracterización del abuso sexual hacia niños, niñas, adolescentes en Uruguay (2018-2021), y por el otro, la Guía práctica de actuación dirigida al personal policial para el abordaje de delitos vinculados a la violencia sexual que involucran a niños, niñas y adolescentes.

Los documentos fueron elaborados con el apoyo de Unicef y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y buscan ser una herramienta para que, cuando los funcionarios policiales se enfrenten a estas situaciones, “no actúen exclusivamente en función del conocimiento que tienen del Código Penal y de lo que establece la ley del procedimiento judicial, sino que también en base a lo que establece la legislación referida a la protección y a la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, explicó el subsecretario del Interior, Pablo Abdala, durante la presentación.

El jerarca dijo que es necesario “encarar este problema en sus justos términos”, porque es “un problema real, que crece y que se acrecienta desde el punto de vista de la gravedad que el mismo reviste”, tal como ratifican las estadísticas oficiales, que fueron actualizadas el día anterior por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Esos datos muestran que durante 2023 se detectaron y atendieron 8.157 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, un promedio de 22 casos por día, lo que representa un aumento de 9% respecto de 2022. De ese total, 22% corresponden a situaciones de abuso sexual.

Principales resultados del estudio

La investigación que se presentó fue realizada por un equipo técnico contratado por Unicef, integrado por Malena Zunino y Gastón Cingia, que coordinó la socióloga Victoria Gambetta. El encargado de presentar algunos de los resultados fue Cingia, magíster en Ciencia Política, que aclaró que el análisis se focalizó en las denuncias de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes hechas ante la Policía, por lo que supone sólo una parte del fenómeno.

El investigador señaló que el objetivo del estudio consistió en “cifrar y caracterizar los tipos de incidentes que se denuncian como abuso sexual ante las autoridades, cómo se hacen estas denuncias y de qué manera la Policía trabaja en estos casos en relación a la normativa vigente”.

Uno de los primeros hallazgos es que 72% de las denuncias de abuso sexual que llegan a la Policía tienen como víctimas a niñas, niños y adolescentes. Es decir, tres de cada cuatro. La mayoría son radicadas en el interior del país y ocurren en el marco de dinámicas de “persona a persona” (hay un perpetrador y una víctima).

Los resultados ratifican que se trata de una problemática “fuertemente atravesada por las desigualdades de género”, aseguró Cingia: ocho de cada diez víctimas son niñas y adolescentes mujeres. A esto se suma que están expuestas a esa violencia “durante un período más prolongado, comienza en edades más tempranas y su incidencia está menos afectada por la transición a la adolescencia que en el caso de los varones”.

Por otro lado, y en consonancia con los datos que presentó Sipiav esta semana, la investigación revela que la enorme mayoría de las personas denunciadas, 96%, son varones, y además conocidos de las víctimas. “La convivencia entre víctimas e indagados no es una condición sine qua non para el abuso, ya que son las relaciones de confianza las que habilitan la ausencia de supervisión y cuidado por parte de otros referentes. De hecho, la convivencia se da en la mitad de los casos”, puntualizó el académico.

Otro dato que surge del estudio es que las familiares mujeres de las víctimas, y muy especialmente sus madres, “son las principales personas que entran en conocimiento de la situación de abuso y son quienes en mayor medida denuncian a las autoridades”.

El estudio también muestra que existen pautas diferentes cuando se comparan las situaciones de abuso intra y extrafamiliar. Así, Cingia explicó que el abuso intrafamiliar “comienza de forma más precoz y es predominante durante la infancia, [...] mientras que el abuso extrafamiliar se convierte en el más común durante la adolescencia”. También ocurre que lo más frecuente es que los indagados de abuso intrafamiliar sean los padres de las víctimas o las parejas actuales de sus madres (50%), en tanto vecinos varones y parejas de mujeres cercanas a la familia aparecen como figuras relevantes en las indagatorias de abuso extrafamiliar.

Al final de esta investigación, el equipo técnico realizó 21 recomendaciones al MI que tienen que ver con “la prevención y restauración de los derechos, la atención a las víctimas y la no revictimización, los procedimientos policiales en la toma de denuncias y la calidad de los sistemas de información”, adelantó Cingia. Con base en esas sugerencias, el ministerio conformó una comisión integrada por la Dirección Nacional de Políticas de Género y otras unidades de la cartera, que tiene el propósito de “mejorar el trabajo, adoptar las recomendaciones y prevenir mejor un delito que todavía no estamos previniendo de la manera que efectivamente se puede llegar a combatir”, reconoció Diego Sanjurjo, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del MI.

Una guía para la actuación policial

La Guía práctica de actuación dirigida al personal policial para el abordaje de delitos vinculados a la violencia sexual que involucran a niños, niñas y adolescentes fue elaborada por el Unfpa y Gurises Unidos, y pretende “consolidar un instrumento útil, práctico y concreto que pueda orientar y fortalecer la oferta de servicios policiales, a la vez que coloquen en el centro las necesidades de niños, niñas y adolescentes”, aseguró Diego Pailos, integrante de la organización civil.

El manual explicita cuáles son los enfoques que están por detrás de las orientaciones –derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad– y explica, una por una, cuáles son las distintas expresiones de violencia sexual que se pueden identificar.

A su vez, señala qué deben tener en cuenta las funcionarias y funcionarios policiales al momento de recibir una denuncia de este tipo. En ese sentido, la guía remarca que se debe actuar “con la mayor celeridad posible” e informar “de forma inmediata a la Fiscalía y al juzgado actuante, para asegurar que se investigue el presunto delito y se proteja a la víctima”.

Respecto del vínculo directo de los policías con las niñas, niños y adolescentes, las orientaciones apuntan a la importancia de ejercer un trato digno, brindarles información accesible y de acuerdo a su edad sobre cómo va a ser el proceso, y comunicarles que tienen derecho a que los acompañe una persona adulta de referencia. También evitar “hacer comentarios o expresar opiniones subjetivas” sobre la situación que están denunciando. Otra de las indicaciones es que bajo ninguna circunstancia se les debe tomar declaración en una sede policial, conforme a lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 126.

Por último, el documento incluye de forma detallada la normativa nacional que penaliza la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, tanto en entornos digitales como en no digitales.

“Uruguay hoy cuenta con un documento que es muy potente, que da orientaciones prácticas al funcionariado policial sobre cómo poder no sólo perseguir el delito, sino garantizar derechos a niñas, niños y adolescentes”, celebró Pailos, y expresó el deseo de que “pueda ser parte de la vida cotidiana de todas las dependencias del MI”.