El 30 de julio, en ocasión del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) informó sobre algunas de las acciones realizadas el último año en el marco del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas. Al final de ese comunicado, sin dar demasiado detalle, informaba que el Servicio Nacional de Atención a Mujeres en Situaciones de Trata con Fines de Explotación Sexual y/o Laboral estaba “en proceso de renovación de los equipos de atención contratados” y que, en su lugar, se había puesto en marcha “un servicio de emergencia que continúa realizando el seguimiento de todas las situaciones activas desde 2023”.
Ese proceso de renovación empezó el 1° de noviembre de 2023, cuando Inmujeres finalizó el convenio que tenía con la organización civil El Paso, que era la que gestionaba el servicio que atiende a mujeres adultas y que funciona con cuatro sedes en Montevideo, Paysandú, Paso de los Toros y Melo.
A partir de esa fecha, “tres técnicas de Inmujeres, especializadas en lo que refiere al servicio, supervisadas por la dirección del Inmujeres, se hicieron cargo de brindar respuesta”, detalló el organismo en la respuesta a un pedido de acceso a la información pública que hizo la diaria.
En el mismo documento, Inmujeres afirmó que desde el lunes 22 de abril de 2024 “dejó de funcionar el equipo de emergencia designado por la dirección nacional del Inmujeres para dar una respuesta de atención a las usuarias” del servicio y que, en un intento de que exista algún tipo de respuesta, a partir de ese momento, la coordinación general del servicio nacional en conjunto con el Departamento de Prevención y Combate a la Trata de Inmujeres “brindó asesoramiento a nuevas situaciones detectadas por equipos intervinientes y a otros dispositivos con sospecha de situaciones de trata y/o explotación de mujeres”.
Según pudo aclarar la diaria, esto significa que a partir de noviembre se aplicó un servicio de emergencia que tomaba nuevos casos, pero en abril se dejó de atender nuevos ingresos y sólo se hace seguimiento a situaciones graves o que requieran una intervención urgente. Desde el 22 de abril al 23 de julio, este equipo realizó un total de 13 “asesoramientos”, según indica el reporte.
La pérdida de capacidad de respuesta se refleja en los datos que aportó Inmujeres, que señalan que entre enero y junio de este año el servicio hizo el seguimiento de 53 situaciones y registró sólo dos nuevos ingresos. Todos estos casos pertenecen a Montevideo.
La diferencia con los años anteriores respecto de los nuevos ingresos es notoria. En 2023, por ejemplo, el servicio registró 63 seguimientos y 38 nuevos ingresos, de acuerdo con la respuesta de Inmujeres a la diaria. La mayoría de estos 101 casos atendidos el año pasado pertenece a la sede de Montevideo (67), seguido por Melo (21), Paso de los Toros (10) y Paysandú (3). En 2022 habían sido 124 las situaciones asistidas y 51 los ingresos nuevos.
Consultado sobre cuándo se restablecerá el funcionamiento habitual del servicio, Inmujeres aseguró que “se encuentra en curso un proceso de contratación a una organización de la sociedad civil integrada por especialistas en el tema de la migración y la trata de personas, hasta que se culmine con el proceso de contratación de los llamados ya ejecutados en el marco de la cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo”. No detalló fechas ni plazos posibles, aunque, según supo la diaria, la llegada del nuevo equipo sería “inminente”.
Denuncias de trata en Fiscalía
Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación recibió apenas siete denuncias por el delito de trata de personas entre el 1° de enero y el 2 de julio de este año, según señaló la institución a la diaria en respuesta a un pedido de acceso a la información. De ese total, cuatro están en investigación, dos fueron formalizadas y una fue archivada, mientras que en ningún caso se obtuvo condena.
Las cifras muestran una disminución de las denuncias respecto de los años anteriores, lo que no necesariamente significa que haya menos situaciones, sino que puede deberse a los obstáculos que enfrentan las víctimas de este delito para acceder a la Justicia. En 2023 se registraron 28 denuncias por trata (un promedio de dos por mes) y en 2022 fueron 18. De esas 46 denuncias que la Fiscalía recibió en 2022 y 2023, sólo tres lograron una condena. En tanto, 23 continúan en proceso de investigación y 20 fueron archivadas.
En cuanto a las personas que denunciaron ser víctimas de trata entre 2022 y julio de 2024, la mayor parte se concentra en el tramo etario de 18 a 45 años (60%), y la mayoría son mujeres (73%).