“¡Se hizo justicia para Beatriz!” fue la frase que viralizaron organizaciones feministas de toda la región el pasado 20 de diciembre, después de que se conociera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a El Salvador por impedir el aborto a una mujer, conocida como Beatriz, que en 2013 fue forzada a continuar con un embarazo inviable que puso en riesgo su vida.
“El Estado [salvadoreño] es responsable por la violación a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a la salud [...] en perjuicio de Beatriz”, porque “no existían protocolos claros para un caso como el de ella”, concluyó el organismo en la sentencia. Para el tribunal, esto además “implicó una situación de violencia obstétrica y la sometió a una profunda angustia que afectó su derecho a la integridad física”.
Por eso, la corte ordenó a El Salvador implementar las medidas normativas necesarias –“directrices y guías de actuación”, dice– para brindar certeza jurídica al personal médico sobre cómo proceder en embarazos que pongan en riesgo la salud y vida de las mujeres.
En el país centroamericano, el aborto está prohibido en todos los casos y es castigado con penas de cárcel de dos a ocho años, aunque suele ser interpretado por la Justicia como homicidio agravado, un delito que conlleva penas de hasta 50 años de prisión.
La Corte IDH reconoce en la resolución que, tras el caso Beatriz, El Salvador “aprobó varios protocolos para la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio”, incluidas dos guías técnicas que establecen la “posibilidad de interrumpir un embarazo en caso de sepsis y el “abordaje quirúrgico del embarazo ectópico”. Sin embargo, asegura que “persisten los vacíos normativos para la atención adecuada y oportuna de casos como el de Beatriz”.
El fallo es histórico porque es el primero del tribunal que sanciona a un Estado por no garantizar el acceso al aborto como un servicio de salud. Así, sienta un precedente importante para los demás países de la región que tienen la prohibición total del aborto o que mantienen leyes restrictivas al respecto.
“Con esta decisión se hace justicia para Beatriz y su familia, que ha pasado tantos años esperando”, dijo a la BBC la activista y referente feminista salvadoreña Morena Herrera, que participó en el equipo de litigio de Beatriz. “Esta decisión puede cambiar la vida de muchas mujeres, asegurando que ninguna enfrente riesgos mortales por leyes tan restrictivas como la de El Salvador, y genera estándares que pueden ser retomados en otros países para que beneficien a otras mujeres en la región”, agregó.
El periplo
Beatriz vivía en una zona rural, en condiciones de pobreza extrema, y padecía lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune crónica. Tenía 22 años cuando los médicos le confirmaron que tenía un embarazo que ponía en riesgo su vida y le advirtieron, además, que el feto era anencefálico, una malformación incompatible con la vida extrauterina. Por esos motivos, el Comité Médico del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador aconsejó que se interrumpiera el embarazo.
Sin embargo, a Beatriz le negaron el acceso al aborto: primero en el centro de salud y después en la Justicia, cuando presentó un recurso de amparo. La joven fue forzada a continuar con ese embarazo inviable durante 81 días, hasta que intervino la Corte IDH y el Estado salvadoreño fue obligado a realizar la interrupción. Para ese entonces, tenía seis meses de gestación y su salud ya se había visto notablemente deteriorada. Le practicaron una cesárea y el feto murió cinco horas después de nacer. Ella murió unos años después, en octubre de 2017, después de un accidente de tránsito al que podría haber sobrevivido si su salud no hubiera estado en condiciones tan frágiles.
Tras su fallecimiento, las organizaciones de la sociedad civil que la acompañaron desde el principio iniciaron un proceso de litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado salvadoreño para exigir la reparación integral del daño a su familia, medidas de no repetición y la modificación del marco normativo.
En enero de 2022, la CIDH remitió el caso a la Corte IDH por considerar que el Estado había incumplido las recomendaciones para adoptar medidas de no repetición, protección, prevención y reparación de los daños causados a ella y a sus familiares por las violaciones a sus derechos. En marzo de 2023 comenzaron las audiencias públicas del proceso que ahora termina con esta sentencia histórica.