Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero y, desde entonces, firmó múltiples órdenes ejecutivas que van en línea con sus promesas de recortar derechos para poblaciones vulneradas como la migrante, la comunidad LGBTI+ y las mujeres. La orden más reciente, emitida este martes, busca poner fin al apoyo federal a los procedimientos de reafirmación de género para niñas, niños y adolescentes trans menores de 19 años. Esto abarca desde intervenciones quirúrgicas hasta el uso de bloqueadores de la pubertad u hormonas sexuales.
“Es política de Estados Unidos no financiar, patrocinar, promover, ayudar o apoyar la llamada ‘transición’ de un niño de un sexo a otro, y hará cumplir rigurosamente todas las leyes que prohíban o limiten estos procedimientos destructivos y que alteran la vida”, establece el decreto.
En esa línea, ordena al secretario de Salud y Servicios Humanos que “tome todas las medidas apropiadas” para bloquear todos los procedimientos vinculados a la reafirmación de género de infancias y adolescencias, incluida la revisión de los programas Medicare y Medicaid –dirigidos a personas de bajos recursos–, así como la Ley de Atención Médica Asequible, aprobada por Barack Obama en 2010, que amplió el acceso a la cobertura médica.
La orden que firmó Trump también exige al Departamento de Salud y Servicios Humanos que retire el asesoramiento y la orientación sobre el proceso de reafirmación de género.
El documento señala que, “en todo el país, hoy los profesionales médicos están mutilando y esterilizando a un número creciente de niños influenciables bajo la afirmación radical y falsa de que los adultos pueden cambiar el sexo de un niño a través de una serie de intervenciones médicas irreversibles”. Esto contradice las afirmaciones de las principales asociaciones médicas de Estados Unidos (incluidas la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación de Psiquiatría, la Sociedad de Endocrinología, la Asociación de Psicología, la Academia de Pediatría, y la de Psiquiatría Infantil y Adolescente), que respaldan los procedimientos de reafirmación de género y coinciden en que se trata de una atención clínicamente adecuada que puede brindar un tratamiento que salve la vida de infancias, adolescencias y personas adultas.
También contradice la realidad, considerando que, por lo general, la transición de género para niñas, niños y adolescentes implica sobre todo tratamientos hormonales y el acceso a información, tanto para ellos como para sus familias, mucho más que las cirugías, que son “extremadamente raras” en menores y más frecuentes en las personas trans adultas, como ratifica un estudio publicado el año pasado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.
Por otra parte, el decreto ordena a las agencias federales a que retiren las políticas basadas en la guía de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, por “carecer de credibilidad científica”, dice el gobierno de Trump, aunque especialistas consideran que estas pautas son modelo para el resto del mundo, según reportó CNN.
Otras acciones incluyen ordenar al secretario de Defensa que comience a tomar medidas regulatorias para excluir la cobertura de las intervenciones médicas para niñas, niños y adolescentes de Tricare, el programa de salud del Ejército, y al Departamento de Justicia que investigue a los estados que protegen el acceso a los procedimientos y “revise” la aplicación del código jurídico estadounidense que penaliza la mutilación genital femenina en niñas y adolescentes.
En los últimos años, 26 estados aprobaron prohibiciones a los procedimientos de reafirmación de género para niñas, niños y adolescentes trans, informó CNN en base a datos de la organización Movement Advancement Project.
Restricciones al aborto
Unos días antes, el sábado, Trump firmó otra orden ejecutiva que apunta a desfinanciar servicios de aborto. En concreto, revoca dos órdenes emitidas por el anterior presidente, Joe Biden, por entender que “violan” una enmienda legislativa aprobada en 1976 (conocida como Hyde Amendment) que prohibió el uso de fondos federales para financiar abortos, excepto en caso de riesgo de vida de la mujer o si el embarazo es resultado de violación.
Una de las órdenes revocadas fue firmada en julio de 2022, un mes después de que la Suprema Corte de Justicia derogara Roe vs. Wade y eliminara así el derecho constitucional al aborto, y establecía que, ante la “crisis sanitaria”, el gobierno tomaría medidas para proteger y promover el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el de interrupción voluntaria del embarazo.
La otra restablece la llamada “Mexico City Policy”, una política que prohíbe que se destinen fondos federales a organizaciones civiles extranjeras que realicen abortos. Esta política fue instaurada por primera vez en 1984 y había sido eliminada durante el mandato de Biden.