Luego de un período de impasse de poco más de un año, la Intersocial Feminista, que nuclea a distintos colectivos y organizaciones, anunció la semana pasada que “reactivó la militancia feminista”. En ese marco, la plataforma difundió este lunes un comunicado que cuestiona algunas acciones e inacciones del gobierno respecto del abordaje de la violencia basada en género, como ilustra el título del documento: “Violencia de género, el problema que al sistema político no le interesa”.

Concretamente, las organizaciones aseguran que, un mes después del primer encuentro de la mesa de trabajo sobre violencia de género que fue convocada por el Poder Ejecutivo con la sociedad civil tras los infanticidios vicarios de Francisco y Alfonsina Morosini a manos de su padre, “nadie volvió a llamar”. “Pasaron 40 días desde que los cuerpos de Alfonsina y Francisco fueran encontrados por la Policía, pasó poco más de un mes desde que se concretara la única reunión con la sociedad civil para instalar una mesa de trabajo contra la violencia de género en Presidencia, donde representantes de la sociedad civil hicieron una propuesta y quedaron a la espera de un próximo encuentro que nunca se realizó”, afirman.

Esa reunión inicial tuvo lugar el martes 9 de setiembre en la Torre Ejecutiva y, en nombre del gobierno, participaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente, Claudia Romero; la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, y la responsable de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta. A la salida, Xavier había asegurado en una rueda de prensa que las autoridades escucharon las propuestas que llevaron las representantes de la sociedad civil y que se tomarían “el menor tiempo posible para dar una respuesta”.

El comunicado de la Intersocial Feminista también recuerda que el 31 de agosto ingresó el proyecto de presupuesto quinquenal al Parlamento y cuestiona que “para el combate de la violencia de género prevé apenas 750.000 dólares para servicios de Inmujeres, crea dos nuevos juzgados de violencia de género y una Fiscalía en Violencia Doméstica, eso es todo”.

Efectivamente, la iniciativa que está votando el Parlamento destina una partida anual de 30 millones de pesos para profesionales y técnicos que trabajan en los servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género y trata que gestiona el Inmujeres. A su vez, asigna una partida anual de un poco más de 78 millones para crear dos juzgados especializados en violencia de género en el interior del país –la Suprema Corte de Justicia había pedido recursos para 24–, y otras de más de 200 millones de pesos para una nueva Fiscalía Penal de Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género en Montevideo.

También contempla una partida anual de 55 millones de pesos para el “arrendamiento de dispositivos electrónicos de verificación de presencia y localización de personas, destinadas a agresor y víctima de violencia doméstica”, a partir de 2027. Actualmente, el país cuenta con 2.300 equipos y, según detalla la exposición de motivos, la intención es implementar 1.000 dispositivos más en el quinquenio.

En este escenario, y ante la noticia de que “la Cámara de Diputados no destinó más presupuesto para esta pandemia que padecemos mujeres e infancias”, la Intersocial Feminista “confirma, una vez más, la poca importancia que le asigna el sistema político a este problema social”.

El documento también menciona el caso del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba, Argentina, un crimen por el que fue imputado y es investigado el uruguayo Pablo Laurta, fundador del grupo antifeminista Varones Unidos. “Mañana habrá otros casos tan graves como este y decenas de miles no llegarán a este final, pero seguirán soportando la tortura de ser violentadas a diario sin que el Estado asuma su responsabilidad principal: garantizarnos seguridad y una vida libre de violencia”, concluye el comunicado.