“Durante años se creyó que cuando un niño o una niña no podía estar al cuidado de su familia, lo mejor era que vivieran en centros de 24 horas. Hoy hay evidencia contundente de que la internación prolongada afecta su desarrollo físico y emocional. Sin embargo, es una práctica persistente en Uruguay, que responde a la creencia de que la vida en un hogar 24 horas protege a niños, niñas y adolescentes”. Así comienza el texto que inaugura “La infancia invisible”, una campaña que lanzó Unicef para advertir sobre las consecuencias de crecer en estos hogares que en nuestro país son gestionados por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
La pieza principal es una serie de videos que incluyen, entre otras voces, la mirada de la presidenta del INAU, Claudia Romero, y de los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) Jimena Fernández y Juan Miguel Petit, los aportes de referentes internacionales en la defensa de los derechos de las infancias, el análisis de profesionales que trabajan a diario en la temática –como el defensor público Federico Abbadie y la jueza de Familia María Fátima Boné– y los testimonios de trabajadores y egresados de estos centros.
Unicef detalla que en nuestro país más de 3.000 niñas, niños y adolescentes viven en hogares 24 horas, lo que constituye “la tasa más alta de América del Sur”, y que permanecen allí un promedio siete años. “La internación deja huellas profundas en su desarrollo, y aunque debería ser excepcional y transitoria, es una práctica que el país arrastra desde hace casi un siglo”, cuestiona la organización. En particular, señala que la institucionalización temprana “afecta el desarrollo y la salud física y mental”, con “efectos especialmente alarmantes durante la primera infancia”.
A su vez, la iniciativa recuerda que las niñas, niños y adolescentes que llegan al sistema de protección lo hacen “porque sus derechos fueron vulnerados, porque sufrieron violencia, no recibieron los cuidados adecuados o porque sus familias atravesaban una situación de riesgo”, por lo que “deberían recibir los mejores servicios”. Sin embargo, “muchas veces, dentro de los centros 24 horas se enfrentan a un nuevo ciclo de vulneraciones”.
Entre esas vulneraciones, describe las que la INDDHH “viene denunciando desde hace más de diez años”, como “hacinamiento, falta de atención en salud mental, violencia cotidiana, exposición a situaciones de explotación sexual, infraestructura deficiente y falta de personal calificado”. En una de las piezas audiovisuales, la presidenta del INAU reconoce que muchas veces “se parecen más a cárceles que a hogares”.
En este escenario, Unicef asegura que “el cuidado de una familia es siempre preferible a la internación”, ya sea “con su familia de origen, su familia extendida, una familia amiga o una adoptiva”. Insiste además en “erradicar la idea de que la vida en un centro 24 horas los protege” y, en esa línea, plantea que “no alcanza con mejorar” estos hogares, sino que “todo el sistema de protección debe transformarse”.
Los videos de la campaña cierran todos con una interrogante. Quizás la más representativa es la que plantea: “La prioridad es que cada niño, niña y adolescente crezca en una familia que lo cuide y proteja; ¿qué se necesita para que Uruguay lo haga posible?”.
El compromiso del Estado
Unicef no se queda en la enunciación y propone una “hoja de ruta” que establece el “primer paso” para avanzar hacia “la desinternación progresiva de niños, niñas y adolescentes, el reemplazo por modalidades de cuidado familiar y el fortalecimiento de las familias”. Esa etapa inicial apunta a “generar un entendimiento común, así como condiciones políticas para la transformación”. Entre esos elementos, la propuesta menciona la “voluntad política” y la “financiación”.
Esto llega en momentos en que el Senado analiza el proyecto de presupuesto quinquenal, que en el apartado dedicado al INAU incluye recursos para fortalecer los centros de acogimiento y fortalecimiento familiar (CAFF) –con partidas anuales de alrededor de 200 millones de pesos– y otros dispositivos de “egreso progresivo del sistema residencial” –con partidas que aumentan de 99.000 pesos en 2026 a 228.000 en 2029–, en el marco de una “transformación [del sistema de protección] hacia modelos que prioricen el cuidado en familia y comunidad, reduciendo progresivamente la institucionalización”, según se lee en la exposición de motivos.
A mediados de setiembre, cuando Romero compareció ante la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, dijo que entre los objetivos prioritarios del INAU para este período está la desinternación de niñas y niños de entre cero y tres años, así como la consolidación de un programa de egreso para las y los adolescentes que cumplen 18 años en el marco de la institucionalización.