En un auditorio que se quedó chico frente a la concurrencia de público, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) lideró este martes en el edificio anexo de Torre Ejecutiva el acto oficial de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El gobierno decidió centrar el primer 25N de esta administración en la violencia vicaria –la que se ejerce contra niñas, niños y adolescentes con el objetivo de dañar a la madre– y el acceso a la Justicia. Por eso, la consigna elegida este año fue “Violencia vicaria es violencia de género: reconocerla es el primer paso”.

La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, explicó durante la apertura que la decisión tiene que ver con que se trata de “una de las manifestaciones más crueles de la violencia de género”, en tanto “el agresor sabe que dañar o asesinar a los hijos es asegurarse de que la recuperación de la mujer nunca se dará”.

Aseguró que las 14 instituciones que integran el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género consideran “imprescindible avanzar en una puesta a punto conceptual e interinstitucional sobre violencia vicaria, articulando lo producido desde la reflexión académica y desde la práctica cotidiana de los equipos estatales y de la sociedad civil que brindan atención a mujeres y varones en el marco del sistema de respuesta a la violencia basada en género”. En ese marco, anunció que el Observatorio de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, que funciona en la órbita de Inmujeres, con apoyo de Unicef, “desarrollará un estudio destinado a construir una definición compartida y crear indicadores específicos para medirla, un paso clave para abordarla mejor”.

La jerarca también compartió datos actualizados de los primeros nueve meses del año respecto de los servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género que gestiona el instituto. Así, informó que los 35 servicios de atención psicosocial y legal en todo el país recibieron 2.013 nuevos ingresos y 5.278 mujeres fueron atendidas o están en atención. A la vez, hubo 13.553 consultas presenciales y 2.944 consultas telefónicas o videollamadas. Por otra parte, los 15 equipos de atención a varones que ejercen violencia atendieron a 1.307 en el período analizado.

En cuanto al servicio de trata, la directora señaló que en estos nueve meses hubo 21 ingresos nuevos, 21 situaciones en seguimiento y 38 asesoramientos realizados a otros equipos del país. Durante el mismo período, el servicio telefónico 0800 4141 de orientación y asesoramiento atendió 6.060 llamadas –un promedio de 22 por día–, mientras los distintos dispositivos de protección de 24 horas acogieron un total de 161 mujeres y 207 niñas, niños y adolescentes.

“No podemos permitir que la falta de articulación y las demoras burocráticas se conviertan en riesgos adicionales para quienes ya viven situaciones extremas. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de profundizar los cambios necesarios, de fortalecer cada eslabón del sistema de respuesta y de no aceptar como inevitable aquello que debe y puede prevenirse”, afirmó Xavier al cierre de su intervención. “Porque la violencia de género no es un problema privado, es una falla pública que exige una respuesta pública. Detenerla es responsabilidad de todas y todos, pero el Estado tiene un rol indelegable”, apuntó.

Negro: violencia vicaria, discursos de odio y cubrir la “zona gris”

Uno de los representantes del gobierno que participaron en el acto fue el ministro del Interior, Carlos Negro, que recordó que “tenemos hace ya más de diez años un crecimiento impactante en las denuncias de violencia doméstica” y que, “luego de ese crecimiento explosivo, se han mantenido en una meseta muy preocupante”.

Respecto de la violencia vicaria, señaló que los casos ocurridos este año “nos abrieron definitivamente los ojos para ver este fenómeno como una expresión contundente y trágica de la violencia de género”, pero que “ya tenían sus antecedentes”; en ese sentido, detalló que el ministerio que dirige registró 21 homicidios de niñas, niños y adolescentes en ese contexto en la última década.

El jerarca también recordó que este año “fuimos testigos de los discursos de odio que se generaron en redes sociales por parte de algunas organizaciones y de algunos de los representantes más encumbrados de esas organizaciones que terminaron cometiendo delitos aberrantes fruto de ese discurso de odio”, en referencia a Pablo Laurta, exlíder de la organización antifeminista Varones Unidos y responsable del femicidio de su expareja y exsuegra.

Negro destacó entre las acciones que impulsa el Ministerio del Interior el reciente lanzamiento del dispositivo Élida 360, una aplicación que funcionará en los celulares de mujeres víctimas de violencia de género cuyos agresores tengan medidas cautelares de no acercamiento. La nueva herramienta, que será complementaria a la tobillera electrónica, permitirá activar un botón de emergencia desde el celular y facilitar la respuesta policial ante posibles situaciones de riesgo. Para el ministro, su puesta en marcha –a partir de diciembre– “debería cambiar sustancialmente algunas situaciones que hoy no se están viendo abarcadas por los dispositivos de prevención de riesgo, como son las tobilleras, que se implementan para situaciones de riesgo alto, pero tenemos una zona gris de riesgo bajo y riesgo medio que no estaba siendo cubierta adecuadamente en materia de prevención”.

El ministro dijo que el dispositivo, además, posibilita la ampliación de la denuncia de violencia intrafamiliar “sin necesidad de que la víctima tenga que concurrir a la dependencia policial”.

Acceso a la Justicia: la mirada de Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia

Si bien ha habido avances en los últimos años respecto del acceso a la Justicia de las víctimas de violencia, “aún quedan muchos desafíos”, como “vencer cambios culturales” y derribar los principales obstáculos que tienen las víctimas, “barreras económicas, desconfianza del sistema, barreras institucionales de los operadores de justicia, falta de perspectiva de género, interseccionalidad de vulnerabilidades preexistentes, respuestas lentas, sensación de impunidad, el temor a represalias y la falta de protección”, enumeró la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Manuela Reguera.

A la vez, insistió que, para que el sistema de justicia pueda dar una respuesta efectiva, “no alcanza con la existencia de recursos formales, sino que estos recursos tienen que ser idóneos para investigar, sancionar y reparar a las víctimas”, lo que implica que “sean accesibles, sencillos, rápidos, de manera no discriminatoria, con un lenguaje comprensible”.

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, consideró que el Estado no está cumpliendo “con su obligación de proteger a la mujer en violencia doméstica”. En ese sentido, cuestionó que, a ocho años de la aprobación de la Ley 19.580, “sólo se han proporcionado fondos al Poder Judicial para tres sedes en el presupuesto de 2020” y que en el actual proyecto presupuestario, “si bien se ha solicitado la creación de 24 juzgados, fueron concedidos sólo dos que se crearían dentro de dos años”.

“Seguir negando una realidad creciente y no dando respuesta a esta necesidad al no concederse los recursos necesarios en virtud de priorizar otras áreas atenta claramente contra los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género”, puntualizó Pérez, y agregó que “no basta con dar muestra de dolor o efectuar críticas al sistema cuando ocurre un femicidio cuando no se entregan los recursos suficientes para dar una adecuada respuesta a la realidad”.

Red contra la Violencia Doméstica y Sexual: por más presupuesto y voluntad

En la mesa de apertura también estaba Raquel Hernández, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS), que representa a la sociedad civil en el Consejo Nacional Consultivo. La activista empezó su alocución dando las gracias por volver a convocar a la red al acto oficial del 25N: “En los anteriores años no tuvimos voz; ahora la recuperamos”, aseguró, en referencia a que no fueron invitadas a estos eventos durante el período de gobierno anterior.

Hernández dijo que la red empezó este período de gobierno “con esperanzas fundadas”, porque “sabe del compromiso de las mujeres que están al frente de las instituciones para lograr proyectos más ambiciosos y acordes a los cambios radicales que se suceden en el ejercicio de la violencia basada en género y generaciones”. Sin embargo, consideró que el presupuesto quinquenal “no incluyó los necesarios recursos” para abordar esta problemática.

La vocera de la RUCVDS dijo que están convencidas de que “el camino es de construcción colectiva, pero con voluntad política, con convicción y con dinero”. En esa línea, aseguró que se necesita “presupuesto justo y no recortes de posibles sobrantes de otras áreas. La voluntad política, la claridad de planes, la justeza del estudio serio de los contextos que se instalan en el paisito nos podrían devolver la esperanza fundada en el inicio del año”.