Alicia Deus, representante de Uruguay en el comité de expertas en violencia de género de la OEA: “Las cifras muestran que no se está haciendo lo suficiente”

El nombre de Alicia Deus es bien conocido entre quienes trabajan en temas vinculados a infancia y violencia de género. La precede una trayectoria profesional como abogada especializada que incluye, entre muchas otras cosas, su participación en la corredacción de normas que marcaron hitos en la protección de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, como la ley de violencia basada en género (19.580), la Ley 19.747 que introdujo modificaciones importantes en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) –como la creación del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia– o la ley de igualdad y no discriminación entre varones y mujeres (19.846).

Este año, su carrera marcó un hito más al haber sido designada como la nueva representante de Uruguay en el comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mesecvi).

El puesto de Uruguay en este órgano, que funciona en la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA), estaba vacante desde que a principios de 2024 el gobierno anterior decidió “retirar de sus funciones honorarias” a la socióloga Teresa Herrera, que desempeñaba ese papel desde 2022. Con el cambio de administración en marzo, llegó también la oportunidad de la renovación.

“La actual directora del Instituto Nacional de las Mujeres me contactó y me dijo que tenían que designar a alguna persona y que entendía que yo reunía las condiciones”, cuenta Deus, que asumió el cargo en mayo. La designación la hace el Estado, pero el trabajo es técnico, honorario e independiente.

El principal objetivo del Mesecvi es monitorear cómo los estados signatarios de la convención –también conocida como Convención de Belém do Pará– cumplen con los compromisos establecidos para combatir la violencia de género. Su comité de expertas está integrado por una representante de cada país y es el encargado de evaluar los informes, hacer recomendaciones en los casos que sea necesario y generar iniciativas que se puedan replicar.

De hecho, actualmente, las expertas están abocadas a la elaboración y aprobación de una ley modelo contra la violencia de género digital, para la que Uruguay ha hecho aportes a fines de junio.

En entrevista con la diaria, Deus conversó sobre esta iniciativa, identificó los principales desafíos que tiene Uruguay en la atención, la prevención y el combate de la violencia hacia las mujeres, y analizó cuál es la situación del país en un contexto regional signado por retrocesos.

Hace unos días, el Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de protección de las infancias que propone que la violencia digital se incluya en la Ley 19.580. En paralelo, el Mesecvi trabaja en la ley modelo sobre esta forma de violencia. ¿Considerás que es una buena idea incorporarla a la ley o es necesario redactar una nueva norma?

Entiendo que la violencia digital tiene una serie de especificidades que ameritan una ley nueva. La ley modelo que se está elaborando, además de las formas de violencia digital que afectan a las mujeres, tiene una serie de normas y cuestiones más institucionales para regular la vinculación del Estado con las plataformas y una serie de obligaciones y responsabilidades que les atribuye a los intermediarios. Tiene 70 artículos y hace dos años que se está elaborando, tras la escucha de cientos de opiniones y observaciones de los países que integran la convención. Entonces entiendo que amerita una ley independiente. La idea de la secretaria técnica del Mesecvi [Luz Patricia Mejía] es que Uruguay pueda liderar una propuesta de ley de estas características, viendo el contexto de otros países. La aprobación de la ley modelo va a ser en diciembre, en la reunión anual del Mesecvi, y luego hay que ver si hay posibilidades de presentar un anteproyecto de ley que quizás tenga que tener alguna adecuación para nuestro país.

Por otro lado, el artículo de la Ley 19.580 que prevé las formas de violencia hacia las mujeres dice expresamente en su acápite que puede haber otras, que no son taxativas. En general, yo no soy partidaria de modificar la ley, porque creo que es abrir la puerta a otras modificaciones regresivas. Desde que se aprobó la ley, hay muchas voces contrarias a los términos, normas y principios que han motivado recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. En ningún caso se le hizo lugar a la inconstitucionalidad, lo que nos deja muy tranquilas, porque indudablemente no puede tildarse a la Suprema Corte de Justicia de que sea feminista o de que quiera favorecer a las mujeres en detrimento de los varones. Pero hay una serie de embates regresivos en Uruguay y en otros países de la región, en España, en Estados Unidos, que buscan revertir determinados derechos conquistados por las mujeres y no es un momento histórico para rever la ley. Fue un hito en Uruguay, es un ejemplo para muchos otros países que no tienen una ley tan integral y completa, y lo que hace falta es cumplirla. Darle presupuesto, sí, pero lo fundamental es la voluntad política. Con voluntad política se pueden lograr cuestiones sin presupuesto.

¿Qué disposiciones no se están cumpliendo y considerás que podrían cumplirse si hubiera voluntad política?

Hay todo un capítulo de lineamientos de política pública para la educación, la salud, la defensa nacional, seguridad, relaciones exteriores, infancia, adultos mayores, mujeres con discapacidad, y todo eso ha quedado en un cumplimiento mínimo. O, por ejemplo, la ley prevé que en todos los niveles de educación, desde inicial hasta la universidad, se incluya en las currículas educativas formación sobre qué es la violencia de género; eso no existe. En el único caso en que se reglamentaron los aspectos vinculados de la ley fue el Ministerio de Salud Pública, con el decreto 339 de 2019. Es un decreto importante porque se reglamentaron muchísimas cuestiones relacionadas con la violencia sexual y reproductiva, la violencia obstétrica, los equipos multidisciplinarios de violencia en cada prestador de salud.

Otro ejemplo es el tema de los juzgados especializados en violencia doméstica, de género y sexual: ocho años después [de la aprobación de la ley], la Suprema Corte pide 24 juzgados y le dan dos. Este es un tema de presupuesto y a la vez no, porque originalmente, en las discusiones parlamentarias previas a aprobarse la ley, la idea era que hubiera una distribución de competencias diferentes en base a la temática violencia. Por ejemplo, los delitos sexuales, que son un porcentaje muy importante de los delitos en los que tienen competencia los juzgados penales, se sacaban de los juzgados penales para pasarlos a estos juzgados de violencia. Entonces, la creación de nuevos juzgados sí requiere presupuesto, pero la redistribución de las competencias no. No sé si con eso se cubría todo, pero sí una parte importante. Nunca se hizo.

El proyecto del FA mencionado antes también propone modificar la Ley 19.580 para incluir la violencia vicaria, un concepto que irrumpió en la agenda mediática y política en setiembre tras los dos infanticidios a manos de su padre en Soriano. Dijiste que no sos partidaria de modificar la ley, así que entiendo que en este caso tampoco estarías a favor.

Lo que pasa es que, si bien no está expresamente definida en la ley, un juez, enfrentado a una situación de violencia vicaria, tiene todas las herramientas para sancionarla y proteger adecuadamente a las víctimas. No se necesita un texto especial de una ley. Primero, porque la ley expresamente dice que pueden existir otras formas de violencia basada en género que no están definidas allí concretamente, y esto es otra clara forma de violencia basada en género, porque no hay dudas de que el objetivo es dañar a las mujeres de la peor forma que puede encontrarse, la más perversa, con más saña. A su vez, en el literal N [del artículo 6], sobre violencia femicida, la ley habla del asesinato de una mujer por razones de género o de “sus hijas, hijos u otras personas a su cargo” –más allá de que la violencia vicaria puede tener otras dimensiones y no llegar al femicidio–. Entonces, entiendo que las herramientas que tiene la Justicia para proteger y sancionar la violencia vicaria existen, no es que haya un vacío legal. Y reitero: soy partidaria de no tocar la ley en este momento.

Ese mismo proyecto del oficialismo también propone la modificación de la ley de tenencia compartida. ¿Cuál es tu posición?

Hay que revisar la ley de tenencia compartida porque su objetivo es permitir el contacto de las personas agresoras con sus hijos. La Ley 19.580 prevé en el proceso de protección que, cuando hay hijos, se suspenden las visitas por un tiempo de 90 días sin violencia y tiene que haber un informe favorable del equipo técnico de que esa persona está apta para volver a relacionarse con sus hijos. Eso fue relativizado por la ley de tenencia compartida y hay que reverlo, porque una persona violenta no es un buen padre. Esa es una de las cuestiones más resistidas por gran parte del espectro político. Todavía queda esa cuestión de “sí, es violento con la pareja, pero es un excelente padre”. Eso es no comprender lo que supone el fenómeno de la violencia. El CNA, cuando define el maltrato y la violencia, establece que la violencia contra las madres u otras referentes de cuidado es violencia directa contra los niños, porque está demostrado que la exposición afecta de una manera gravísima también a los niños. Entonces, habilitar libremente las visitas con una persona violenta es minimizar la situación de violencia.

¿Qué medidas podrían impulsarse para reforzar el abordaje y la prevención de la violencia vicaria?

Falta muchísima más rigurosidad en las evaluaciones de riesgo. En el caso de Soriano, por ejemplo, no había ninguna medida con respecto a los niños. En el interior del país hay grandes problemas de cumplimiento de los tiempos y de los procesos adecuadamente, incluida la valoración de riesgo por un equipo técnico. En muchos casos, inclusive en Montevideo, el equipo técnico se reduce a una sola persona; un asistente social que toma una entrevista en media hora o en una hora no es una evaluación de riesgo. El ITF [Instituto Técnico Forense] tiene un protocolo de evaluación de riesgo, pero quizá hay que ajustarlo y hacerlo más riguroso. Hay que cumplir con los plazos de la ley y con lo que dice la ley sobre lo que supone un equipo técnico.

¿Por qué se sigue fallando en las valoraciones de riesgo?

Básicamente, faltan recursos humanos y posiblemente capacitación. La capacitación en materia de violencia tiene que ser permanente. Cuando empezaron los juzgados de familia especializados en violencia doméstica, se había capacitado desde la persona que estaba en la baranda hasta el juez. Eso ahora no existe más. La Ley 19.580 prevé la capacitación y el CNA prevé la especialización de todos los técnicos que participen en las situaciones de violencia contra los niños con formación en las normas internacionales de derechos humanos. Pero la capacitación y la formación continua son un debe; esa es una de las realidades de nuestro país. ¿De qué forma prevenir que sucedan estas cuestiones? Sin duda, evaluaciones de riesgo mucho más rigurosas. Intervenciones en tiempo también, porque a veces las intervenciones llegan tarde. Cuestiones que pasan por la burocracia y también por la falta de recursos. Lo otro es que los procesos se han vuelto un poco automáticos: muchas veces se disponen medidas de no acercamiento, medidas de no comunicación y listo; no se analiza en profundidad la situación en particular, el caso a caso.

El Parlamento tiene nuevamente a estudio el proyecto de ley para la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál es tu valoración sobre esta iniciativa?

Estoy muy a favor de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niños. La intención era incluirlo en la ley de violencia basada en género, pero se cambiaron los artículos durante el debate parlamentario y se puso la imprescriptibilidad de la acción penal y no de los delitos. Es una realidad que las personas denuncian cuando pueden, que pueden pasar muchísimos años, que son cuestiones que afectan a las personas de por vida, sobre todo cuando suceden en la infancia. En mi experiencia profesional, he tenido muchísimos casos de personas que tratan de denunciar o que recuerdan los hechos muchos años después y que quieren ver qué pasó, porque está demostrado que hay formas de bloqueo psíquico de un hecho traumático, y es realmente injusto que esas personas no puedan hacer justicia por el paso del tiempo. Sé que tiene sus dificultades probar un hecho de esa naturaleza, y en la medida en que pasa el tiempo es más dificultoso, pero las personas tienen que tener esa chance de denunciarlo y hacer esa develación más allá del resultado que pueda suceder, de una sanción, que ese es otro tema.

Hay muchas batallas que dar y hay que priorizar. En este contexto, me parece que la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños tiene que ser una, a pesar de que va a funcionar para el futuro [por la retroactividad]. Pero por lo menos que empiece a funcionar.

¿Qué otras emergencias considerás que tiene Uruguay en materia de violencia de género?

La atención a las mujeres afectadas todavía deja mucho que desear. Un proceso de atención y de reparación psíquica que no se cumple, que no se da o que se da de poca calidad, salvo que la mujer por su propia iniciativa empiece un proceso terapéutico, pero no porque haya en los prestadores de salud. En los prestadores de salud está el equipo de violencia multidisciplinario que tiene que autorizar la terapia a los niños, por ejemplo, en situaciones de abuso. Para esas terapias hay que plantearlo, lo tienen que resolver y le tienen que asignar un psicólogo. Ese psicólogo en muchos casos no tiene formación específica, porque lo he visto, pero además le asignan diez sesiones. En diez sesiones se termina la terapia, aunque el niño necesite seguir. Primero, todo ese proceso demora unos cuantos meses, cuando tendría que ser algo inmediato. Luego, terminan esas diez sesiones y para que se renueven tiene que volver a repetir el proceso, entonces vuelven a pasar unos cuantos meses durante los cuales el niño queda sin asistencia. Por la propia naturaleza del proceso terapéutico, tiene que haber una continuidad, pero no la hay. El tema de la salud mental es un debe en general en Uruguay.

Se habla de un recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres en los últimos años. ¿Coincidís?

La violencia vicaria sí es algo que se viene instalando y replicando, y sin duda que es la peor forma de violencia, incluso peor que el femicidio. Que haya otras formas de recrudecimiento no lo podría valorar exactamente. Sí, lo que creo es que hay una tolerancia. Es decir, hace un tiempo había que horrorizarse ante la violencia de género. Hoy no. Nunca fue una prioridad, pero antes por lo menos el discurso era que era una prioridad. Ahora ni siquiera está en el discurso de los hacedores de política. Se aprobó la ley de violencia de género a fines de 2017; yo no sé si hoy se aprobaría.

En el contexto mundial ha habido un retroceso en la consideración de la violencia hacia las mujeres. En Uruguay somos más moderados, en el discurso y en las acciones. Pero, por ejemplo, uno de los reclamos históricos es la jerarquización del Instituto Nacional de las Mujeres y ya ni se habla de eso. Sigue sin dársele presupuesto al Poder Judicial para atender la violencia de género. Es decir, por más que la ley dice que cumplir con las disposiciones es de orden público y de interés general, los hechos muestran que no hay una jerarquización del tema.

¿Cómo creés que se sitúa Uruguay en relación al resto de la región?

Estamos mejor que muchos otros países –que Argentina, sin ir más lejos, o que Paraguay, por ejemplo–. Pero no estamos bien. Las cifras de violencia y las cifras de femicidios muestran que no estamos bien y que no se está haciendo lo suficiente.