La noticia de que las autoridades salientes del Ministerio del Interior (MI) sancionaron a la trabajadora social Andrea Tuana por declaraciones que hizo a la prensa en 2024 sobre el impacto del narcotráfico en niñas, niños y adolescentes levantó una ola de reacciones, mayoritariamente desde organizaciones sociales que manifestaron su apoyo a la activista. Este jueves, la asociación civil El Paso, que tiene a Tuana como una de sus directoras, rompió el silencio y aseguró en un comunicado que “la sanción debe ser leída en el marco de una serie de sucesos más amplios, sustentados en el ataque sistemático a las activistas, profesionales y militantes dedicadas a la prevención y defensa de situaciones que involucran violencia de género y generaciones”.
En esa línea, la organización señaló que “en los últimos años” ha sido “objeto de ataques y agresiones de movimientos antiderechos y grupos de odio en redes sociales, en programas periodísticos, entre otros”, así como “cancelada de algunos eventos en los que inicialmente se nos había invitado a participar”.
El Paso dijo que un ejemplo de esto es la finalización del convenio que la asociación tenía con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para gestionar el servicio de atención a mujeres víctimas de trata. “Durante 12 años llevamos adelante (mediante licitaciones presentadas) el servicio especializado de atención a mujeres que viven o han vivido situaciones de trata con fines de explotación sexual y/o laboral. En noviembre de 2023, el Mides decidió, sin mediar evaluación ni observaciones de ningún tipo, no licitar nuevamente el servicio aduciendo que lo gestionaría el Inmujeres de forma directa”, relata el comunicado, y agrega que, “en los últimos meses de gestión del gobierno anterior, el servicio fue adjudicado a una organización sin realizar licitación pública”.
Es en este escenario que llega la sanción a Tuana, a quien sus compañeras describen como una persona “reconocida en nuestro país como una referente en la temática y defensora de los derechos humanos de quienes se encuentran sometidos a situaciones de violencia, principalmente, niñas, niños, adolescentes, mujeres y disidencias”.
Tuana fue suspendida por seis meses, sin goce sueldo, del Hospital Policial, donde ejerce como trabajadora social desde hace 34 años, después de asegurar en una entrevista con Arriba gente, en febrero de 2024, que desde El Paso llegaron a ver “realidades de niños que son dejados en una boca [de drogas], porque no hay plata para pagar, entonces dejan al niño allí a modo de garantía y lo van a buscar cuando tienen el dinero para pagar la deuda”.
La resolución, que fue firmada el pasado 28 de febrero por el entonces ministro del Interior Nicolás Martinelli y empezó a regir el 3 de abril, señala que la activista fue sancionada por “efectuar manifestaciones críticas a la gestión del gobierno en materia de prevención y seguridad”, y por, “eventualmente, en su calidad de funcionaria policial, haber omitido denunciar actividades presuntamente delictivas, respecto a las cuales afirmó [que] fueron de su conocimiento por su actividad como integrante de la ONG El Paso”.
“No faltamos el respeto a las autoridades ni menoscabamos la legitimidad del Estado cuando participamos con franqueza, responsabilidad, vehemencia y compromiso en el hacer público”, puntualizó El Paso. Para la organización, “la reacción prohibitiva/sancionatoria del Estado envía un mensaje intimidatorio a la sociedad, que tiene como consecuencia nefasta ‘desanimar a las demás defensoras y defensores de derechos humanos, así como atemorizar y silenciar las denuncias, reclamos y reivindicaciones’”, señaló la organización, citando el Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Uruguay es reconocido por su capacidad de diálogo y su templanza a la hora de responder en situaciones conflictivas. No demos lugar al camino del hostigamiento y el abuso del poder. Que la autoridad se utilice siempre para promover los derechos de los más vulnerados y de quienes luchan por ellos”, cierra El Paso, y adelanta que la defensa legal de Tuana estará a cargo del abogado Rodrigo Rey y “va a estar orientada a revertir completamente la sanción”.
Martinelli justificó su decisión
Consultado sobre el asunto este jueves en el programa Modo país, de Canal 5, Martinelli dijo que Tuana, “como funcionaria policial, está sometida al estatuto del funcionario policial”. “Cuando tú declarás públicamente, hay determinadas normas que te rigen y, si tú incumplís esas normas, eso puede ser considerado [para] una sanción como falta muy grave”, justificó.
El exministro dijo que, por otro lado, en la entrevista de Arriba gente la activista hizo “otras declaraciones” en referencia “a la institución policial o al gobierno o a las jerarquías” y que “ese tipo de declaraciones” está “explícitamente establecido en la normativa vinculada a los funcionarios policiales que está prohibido”. Agregó que un funcionario policial “lo es las 24 horas del día” y que Tuana –que tiene ese rango por ejercer labores como trabajadora social en el Hospital Policial– no puede declarar “sólo en nombre” de la organización que representa.
PIT-CNT pidió la “inmediata revisión” de la sanción
En un comunicado difundido este jueves, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se sumó a las muestras de solidaridad hacia Tuana y solicitó a las “autoridades actuales” la “inmediata revisión de esta sanción”, así como “el cese de cualquier práctica política que promueva la criminalización del pensamiento y de las libertades públicas”.
La central sindical señaló que “castigar a una trabajadora por denunciar realidades tan dolorosas como la utilización de niños y niñas en circuitos de narcotráfico atenta contra la libertad de expresión y las garantías fundamentales expresadas en la Constitución de la República”. A su vez, afirmó que la decisión de las autoridades salientes del MI no sólo es “desmedida”, sino que “es exactamente lo opuesto a lo que deben hacer los gobiernos en un sistema democrático: trabajar para resolver los problemas sociales, en lugar de intentar amedrentar a quienes los denuncian”.