La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) empezó a tratar el caso de Celia Ramos, una mujer peruana que en 1997, cuando tenía 34 años, murió por complicaciones derivadas de una esterilización forzada. Es la primera vez que este organismo juzga uno de los miles de casos de esterilizaciones forzadas que formaron parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que implementó el régimen de Alberto Fujimori entre 1996 y 2001 para controlar la natalidad en Perú.

“Mis hermanas y mi familia esperamos que, después de casi tres décadas del fallecimiento de mamá, se reconozca la verdad de lo que pasó, que se haga justicia, que se abra una investigación real y exhaustiva, y que el Estado reconozca y repare la afectación que nosotras tuvimos”, dijo Marisela Monzón Ramos, una de las hijas de Celia, en la primera audiencia pública ante la Corte, que se celebró el jueves pasado.

Monzón, que en aquel entonces tenía diez años y era la mayor de tres hermanas, relató ante los magistrados que en 1997 su madre fue a un centro de salud en la localidad de La Legua, en la provincia de Piura, en busca de atención médica y que, a partir de ese momento, fue “presionada” y “hostigada” en más de cinco ocasiones por parte de personal para que se hiciera una ligadura de trompas, según lo consignado por Efeminista. La mujer contó que, en las distintas visitas que le hicieron, le dijeron a su madre que la operación era sencilla, como sacarse una muela, y que en pocas horas estaría de vuelta en su casa.

Sin embargo, Celia sufrió un paro respiratorio tras la administración de un medicamento durante el procedimiento y, debido a la falta de recursos y de capacidad del personal que la asistía, tuvo que ser trasladada a la ciudad de Piura, capital de la provincia homónima. Estuvo 19 días en cuidados intensivos y finalmente falleció.

Monzón llevó el caso de su madre a la Corte IDH con el acompañamiento y la asesoría legal de la organización Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de Derechos Reproductivos. En un comunicado conjunto publicado el viernes, las tres organizaciones aseguraron que “este proceso representa un hito histórico y una oportunidad clave para que la Corte reconozca esta práctica como un crimen de lesa humanidad y una forma de violencia reproductiva”.

A su vez, recordaron que “el caso de Celia no es un hecho aislado, sino que corresponde al patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que afectó a miles de mujeres, la mayoría de ellas en situación de pobreza, rurales e indígenas”.

En ese sentido, citando datos del Ministerio de Salud peruano, señalaron que entre 1996 y 2001 “se realizaron más de 270.000 ligaduras de trompas, la mayoría sin garantías efectivas del derecho al consentimiento libre e informado, la salud y la vida”. Agregaron que, al día de hoy, “casi 7.000 mujeres fueron incorporadas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas [que creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2016] y continúan esperando por justicia y reparaciones integrales”. A ellas se suman las 18 víctimas mortales documentadas por la Defensoría del Pueblo vinculadas a estas prácticas, entre las que se encuentra Celia.

Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, consideró que el caso de Celia “es clave para que la violencia reproductiva sea reconocida como una grave violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad”. En tanto, para María Ysabel Cedano, abogada de Demus, la Corte IDH “tiene la oportunidad histórica de hacer justicia estableciendo la responsabilidad del Estado peruano por este crimen de lesa humanidad, reparar integralmente con y para las víctimas, y adoptar garantías de no repetición para que nunca más se vulnere el derecho al consentimiento libre e informado sin discriminación alguna”.

En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado de Perú y recomendó medidas de reparación integral. Sin embargo, ante la falta de avances sustantivos, el caso fue remitido a la Corte IDH en 2023.