Cada 9 de agosto de conmemora el Día Regional de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual. En ese marco, el colectivo Proyecto Ikove organizó una serie de actividades para visibilizar experiencias, trayectorias, desafíos y potencias. La agenda se inauguró en la mañana de este viernes en el Espacio Colabora, donde se desarrolló la primera parte de la jornada “Resistir para transformar: diálogos urgentes sobre violencia sexual”. El encuentro reunió a académicas, activistas, sobrevivientes, legisladoras, jerarcas de instituciones del Estado y representantes de organismos internacionales para intercambiar en torno a cuatro ejes: prevención con foco en educación y derechos; suicidio femicida y su tipificación como delito; imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes; y trata y explotación sexual.

La apertura estuvo a cargo de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, que felicitó el trabajo que viene haciendo Ikove desde su creación, hace exactamente un año, para “transformar una experiencia individual tan dolorosa en una lucha colectiva”. A su vez, recordó que apenas inició la actual legislatura, en marzo, una de las “primeras medidas” de la bancada del Frente Amplio (FA) en el Senado fue el desarchivo del proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes, junto con otros dos que fueron ingresados a la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género.

En esa línea, señaló su intención de “poner el Parlamento de puertas abiertas para tener cualquier discusión, cualquier debate –académico o no– sobre el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales”, que, dijo, “es un tema académicamente controversial, que hay que discutir y profundizar”. “No se legisla a las apuradas, pero eso no quiere decir que no haya que legislar bien o que no haya que legislar con justicia. Entonces, [quiero] expresar desde acá que daré todo de mí, y no voy a estar sola, para que el Parlamento esté de puertas abiertas para debatir este tema y para que avance de la mejor manera en la Comisión de Género [del Senado] para finalmente ir al pleno para su votación”, apuntó Cosse.

En la sala estaban presentes las exsenadoras frenteamplistas Amanda Della Ventura, impulsora del proyecto de imprescriptibilidad en agosto de 2020, y Silvia Nane, que presidió la Comisión de Derechos Humanos durante el período anterior y fue una de las principales responsables de llevar la agenda de género al Parlamento.

Hacia la tipificación y sanción del suicidio femicida

Durante la mesa sobre suicidio femicida, una de las fundadoras de Proyecto Ikove, la psicóloga Victoria Marichal, entregó formalmente a la diputada del FA María Inés Obaldía el proyecto de ley que impulsa el colectivo para justamente tipificar y sancionar el suicidio femicida. Como adelantó el mes pasado la diaria, la iniciativa define el suicidio femicida como aquel que es “inducido o determinado de forma posterior a hechos o contextos de violencia basada en género en las formas descritas en el art. 4 de la Ley N° 19.580 u otros tipos de violencia sexual”.

Lo que propone, en concreto, es un agregado para el artículo 315 del Código Penal, que es el que dispone penas de entre seis meses y seis años de cárcel para la persona que “determinare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si ocurriere la muerte”. El proyecto plantea crear el artículo 315 BIS, que establecería penas específicas para los casos en que la inducción al suicidio esté precedida por cualquier forma de violencia basada en género o violencia sexual.

Obaldía adelantó que remitirá el proyecto a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, que ella preside, y en la que actualmente oficialismo y oposición están “empatados”, señaló. “Eso no quiere decir que las personas que la integran no sean nuestro próximo escalón a la hora de empezar a trabajar. Pero quiero que, antes de empezar la hoja de ruta, tengamos una mirada clara sobre el panorama de las dificultades que enfrentamos”, agregó la legisladora.

Por otra parte, apuntó que el suicidio femicida “no es una percepción” y mencionó estudios que muestran que, en Uruguay, “más de la mitad de las mujeres que sufren violencia de pareja presentan síntomas depresivos y una de cada cinco tiene pensamientos suicidas”, y agregó que, “a nivel internacional, se ha confirmado que quienes han atravesado agresiones sexuales tienen tres veces más probabilidades de morir por suicidio”.

La diputada afirmó que el caso de Milagros Chamorro, la joven que se suicidó en octubre de 2024 después de denunciar una violación grupal, “lo sintetiza con crudeza”. “Este proyecto no es sólo una propuesta legal, es una forma de asumir que el derecho puede y debe ser una herramienta de reparación, de prevención y a la vez de protección”, puntualizó al cierre de su presentación, y agregó: “No estamos legislando sobre una abstracción [...] Estamos diciendo que estas muertes tienen causas evitables y que el Estado tiene una responsabilidad”.