Las personas migrantes LGBTI+ en Uruguay sienten más discriminación por su nacionalidad que por la orientación sexual o identidad de género

“Relevar y analizar la experiencia de tránsito e integración de personas migrantes con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, y características sexuales diversas en los departamentos de Montevideo y Rocha, así como identificar las necesidades de fortalecimiento de capacidades específicas en los servicios de asistencia y protección destinados a esta población”. Ese ha sido el objetivo general al que apuntó la investigación Estado de situación sobre ejercicio de derechos de personas migrantes LGBTIQ+ en Uruguay, a la que accedió la diaria, y cuyos principales hallazgos serán presentados este miércoles en el edificio anexo de la Torre Ejecutiva.

El estudio, realizado por el colectivo Ovejas Negras con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señala que si bien Uruguay es reconocido en la región por su legislación avanzada en materia de derechos LGBTIQ+ y políticas migratorias abiertas, este marco legal “no siempre se traduce en igualdad real de oportunidades y en una integración plena”.

En esa línea, ahonda específicamente en las barreras que enfrentan las personas migrantes LGBTIQ+ en el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo y la vivienda, así como los desafíos vinculados a la regularización documental y la construcción identitaria en contextos de movilidad.

Para eso fueron entrevistadas 18 personas LGBTIQ+ migrantes adultas entre setiembre y noviembre de 2024 –14 vivían en Montevideo y cuatro en Rocha–. Las edades oscilaban entre los 23 y 45 años, la mayoría eran originarias de Venezuela y las demás provenientes de Argentina, Brasil, Francia, Colombia y Cuba. El documento resalta que en el universo consultado “predominan personas cisgénero, aunque hay personas que se identifican como trans o no binarias”, mientras “la mayoría se identifica como gay o lesbiana”. Además, fueron consultados seis referentes de “instituciones relevantes para la diversidad y el apoyo a poblaciones migrantes”.

Uno de los hallazgos principales es que las personas entrevistadas manifestaron “sentir mucho más discriminación y rechazo por ser migrantes y no tanto por pertenecer al colectivo LGBTIQ+”, adelantó a la diaria Carina da Costa, integrante de Ovejas Negras y una de las autoras del estudio, un equipo que completan Andrea Akar, Valeria Caraballo, Jessica Correia y Juan Martín Rosa. “Eso fue algo que nos llamó la atención y no lo habíamos pensado como equipo investigador; la mayoría de las personas nos decían ‘por ser migrante en el estudio me pasa esto, en el laburo me pasa esto’, y cuando les preguntábamos ‘¿y por pertenecer al colectivo LGBTIQ+?’, nos decían ‘ah, no, en eso Uruguay es vanguardia’”, explicó la investigadora.

Da Costa dijo que “como colectivo de la diversidad sexual” les “enorgullece” que esto refleje que “la sociedad uruguaya está abierta totalmente a la aceptación e integración de las personas LGBTIQ+”, pero aseguró que “es triste saber en voz de las propias personas migrantes que sí se sienten mucho más discriminadas por su nacionalidad o por su color de piel”.

En este escenario, los testimonios reflejan el rol fundamental que cumplen las redes de apoyo comunitario, organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales como puente para el acceso de estas poblaciones a recursos materiales, asistencia legal o acompañamiento emocional, entre otras necesidades.

Principales trabas en salud, educación, trabajo y vivienda

De la mayoría de las entrevistas se desprende que “las dificultades a las que se han enfrentado con relación al goce de derechos, el acceso a la salud, educación, vivienda y trabajo no se ajustan a los lineamientos garantistas expresados en la Ley 18.250 de Migraciones”, detalla la investigación. En esa línea, afirma que un obstáculo que atraviesan todas las trayectorias es la “falta de información en los sitios web gubernamentales e instituciones vinculadas a educación, vivienda y salud, lo que repercute en el desconocimiento de la accesibilidad a diferentes servicios”.

En materia de salud, las personas entrevistadas dijeron estar afiliadas a prestadores, la mayoría en el sector público, y “como factores protectores aparecen los servicios brindados y la calidad humana de los profesionales de la salud”. En paralelo, surgen como obstáculos la falta de información y la dificultad para conseguir fechas para las consultas. A esto se suma que ninguna de las personas conocía sobre la existencia de espacios de salud específicos para personas LGBTIQ+, lo que “confirma la dificultad para acceder a la información, ya sea por falta de difusión o por mensajes poco claros para esta población específica”.

Por otro lado, la mayoría indicó que se acercó a centros de estudios para la homologación de títulos o en busca de profundización en formaciones profesionales o técnicas, tanto en instituciones públicas como privadas. Las principales barreras que emergieron en esos procesos fueron la “información desactualizada” y la documentación solicitada, como escolaridad, programas, costos de apostillados y traducciones.

La investigación identifica entre los “principales obstáculos con los que se encuentran las personas LGBTIQ+ migrantes entrevistadas en la llegada a Uruguay” el “alto costo de vida, la dificultad de acceder a la vivienda y la peregrinación ardua en busca de empleo”.

En referencia a esto último, se mencionan barreras como “diferencias culturales, no comprender las lógicas locales, no crear currículums acordes, mercado laboral pequeño, la inexistencia del campo laboral con relación a los estudios cursados, no contar con redes que faciliten el ingreso y no ser ciudadanos habilitados para votar”.

Al mismo tiempo, el ámbito laboral surge como el espacio donde “refieren haber vivido mayores situaciones de discriminación por ser migrantes, ya sea al momento de conseguir un empleo, como en cuanto a la calidad y respeto de sus derechos laborales”. Esto, para el equipo, “refuerza la idea instalada en el imaginario colectivo de que la persona migrante necesita trabajar a cualquier costo y vienen a quitar el trabajo a los uruguayos”.

Con relación a la vivienda, las dificultades tienen que ver con “los costos de los alquileres y los requisitos para acceder a ellos, garantías inaccesibles, y solicitud de depósitos muy altos”. Si bien los referentes institucionales aluden a la existencia de un programa específico de apoyo habitacional provisorio, “no es mencionado por las personas migrantes entrevistadas, por lo que se puede inferir que nuevamente la información no se disponibiliza de forma eficiente para las personas de este colectivo”.

En línea con lo que puntualizó Da Costa, el informe destaca que la mayoría de las personas entrevistadas hacen referencia a sentir un “trato diferencial” o “discriminatorio” en los ámbitos educativos, laborales, de salud y habitacional por ser migrantes y no por identificarse como LGBTIQ+. “Esto permite formular la pregunta de si efectivamente no existe discriminación con relación a la orientación sexual e identidad de género o si, por la historias de vida y violencias vividas, quedan invisibilizadas en estos ámbitos específicos”, plantean las autoras y autores.

Regularización de los documentos y construcción identitaria

El estudio remarca que el sistema migratorio uruguayo “es considerado flexible y no punitivo frente a la irregularidad migratoria, garantizando la posibilidad de acceso a derechos como salud y educación aun sin documentación completa como lo decreta la Ley 18.250”, a la vez que “se ha acercado a los procesos de regularización para personas extranjeras”.

Sin embargo, señala que “existen desafíos relacionados como el acceso desigual por origen, demoras en trámites administrativos, precariedad ante irregularidad documentaria”. Además, “la diferenciación entre ciudadanía legal y natural reproduce desigualdades en la participación política y en el acceso a empleos públicos”, lo que “plantea desafíos para construir una ciudadanía más inclusiva”.

En ese sentido, afirma que pese a que “Uruguay presenta un entorno más inclusivo” para las disidencias en comparación con otros países de la región, “aun ante la percepción positiva del sistema burocrático, el acceso a documentos esenciales como partidas de nacimiento y apostillas desde los países de origen representa un obstáculo significativo para la regularización”. “Los tiempos extendidos en la obtención de documentos afecta la integración económica, limitando las oportunidades laborales de las personas migrantes, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad, repercutiendo en la percepción de desigualdad y exclusión”, puntualiza el equipo investigador.

De hecho, Da Costa aseguró que esperan que la investigación pueda servir sobre todo de insumo para repensar “qué garantías les estamos dando a las personas migrantes” en un país en el que, después de determinados años, “pueden ser ciudadanos, tener credencial, votar, pero nunca los van a nacionalizar”, una inquietud que apareció en varias de las entrevistas.

En cuanto a los procesos de construcción identitaria en personas migrantes LGBTIQ+, las entrevistas dejan en evidencia que el entorno migratorio ofrece una “ventana de oportunidad” para la reconstrucción de la identidad de las disidencias, “especialmente en contextos más inclusivos como el de Uruguay, donde las personas migrantes pueden experimentar una mayor libertad para expresar su sexualidad y género”. Aun así, el estudio advierte que este proceso “no es lineal ni homogéneo” y que los testimonios también evidencian que “los vestigios de las presiones sociales vividas antes de la migración continúan influyendo en las decisiones sobre la visibilidad y la autoexpresión”.