El 10 de diciembre, después de un proceso de tres años de rondas de consulta con más de mil especialistas y organizaciones de toda la región, se aprobó la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género. El objetivo es evidente: combatir las distintas formas de violencia que se ejercen contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, un problema que va en aumento y se diversifica cada día a medida que se acelera la digitalización de la vida pública y privada.

El nuevo instrumento, impulsado por el comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará –el Mesecvi, que funciona en la órbita de la Organización de los Estados Americanos– pretende servir de guía para que los países de la región promuevan sus propias reformas legales para abordar este problema. Este miércoles, Uruguay se convirtió en el primero en lanzar formalmente el diálogo social con miras a estudiar las formas de adaptar el modelo a la realidad nacional.

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, adelantó que el Consejo Nacional de Género, integrado por más de 30 instituciones del Estado, cámaras empresariales y organizaciones sociales, será el encargado de “hacer el seguimiento de la aplicación de esta norma legal en Uruguay”. Según especificó, ese monitoreo sería en dos grandes aspectos: por un lado, en las cuestiones estrictamente legislativas que tiene que discutir y evaluar el Parlamento; por el otro, en las que tienen que ver con “regulaciones de disposiciones de los diferentes lugares del Estado que tienen competencia en el tema de lo digital”. “Nos parece que hoy, en este impulso que damos, podemos tratar de que el marco normativo y regulatorio no quede rezagado también en el aspecto de la violencia hacia las mujeres”, apuntó la jerarca.

Durante el evento también participó la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea Nacional, Carolina Cosse, quien destacó como “muy interesante” poder contar con “una nueva ley aparte” sobre violencia digital –en vez de incluirla en la Ley 19.580 de violencia de género– porque “nos da la oportunidad de discutir nuevamente, porque hay que discutir todos los días los temas de violencia hacia la mujer, las niñas, los niños y adolescentes”.

La vicepresidenta dijo que 2026 “es un año de profundización de la agenda transformadora en el Parlamento y esto tiene que estar”, por lo que se comprometió a que “el Parlamento tome la discusión este año”. “En este compromiso que estoy asumiendo no estoy sola, hemos conversado con una cantidad de legisladoras y de legisladores de la importancia de profundizar en la agenda de derechos y en la agenda feminista, y este tema lo vamos a tomar”, insistió, y llamó a “toda la sociedad civil, a todas las organizaciones sociales, a que nos acompañen en el tratamiento de este tema, en la difusión de estos temas y en que hagamos una discusión profunda”.

¿Qué establece la ley modelo?

El lanzamiento de esta primera etapa contó con las exposiciones de la secretaria técnica del Mesecvi, Luz Patricia Mejía, quien relató cómo fue el proceso consultivo de elaboración de la ley modelo, y de Alicia Deus, representante de Uruguay en el comité de expertas del Mesecvi, quien detalló el contenido del documento.

La ley modelo, que tiene 68 artículos, tiene como objetivo “la prevención, atención, protección, investigación, sanción, reparación de los daños y erradicación de la violencia digital contra las mujeres basada en género, tanto en el ámbito público como privado, cometida, instigada, mediada o agravada parcial o totalmente por el uso de las tecnologías digitales”, según define el artículo primero. “La idea clave es que la tecnología es el medio o el factor de agravamiento, pero es la forma a través de la cual se expresan las mismas violencias de género que afectan a las mujeres desde siempre; la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia política, etcétera”, acotó Deus.

Entre las 22 manifestaciones de violencia de género digital que describe el modelo, aparecen conductas como exponer, difundir o comercializar imágenes de carácter íntimo; captar, inducir o amenazar a mujeres a través de las tecnologías digitales con fines de abuso o explotación sexual, trata, esclavitud o prostitución forzada, tanto en la dimensión digital como fuera de ella; hostigar, intimidar o difamar a una mujer mediante mensajes, comentarios o contenido degradante motivado por razones de género; o difundir campañas de acoso que tengan como propósito o resultado silenciar, desprestigiar, menospreciar, deshumanizar o degradar a mujeres en espacios políticos o públicos, y desalentar su participación.

El documento establece orientaciones para el Estado en cuanto a la prevención, la protección urgente, la atención especializada, la reparación integral y la construcción de entornos digitales seguros y democráticos. Además, dispone obligaciones para plataformas digitales e intermediarios de internet, incluyendo medidas de transparencia, preservación de evidencia, cooperación con las autoridades y remoción oportuna de contenidos violentos o no consentidos. En concreto, propone un régimen de “corregulación”, a través del cual el Estado “define obligaciones y principios rectores de obligatorio cumplimiento, y los intermediarios de internet adoptan mecanismos y políticas propias para su implementación, bajo supervisión y control de las autoridades competentes”, de acuerdo al artículo 18.

A su vez, establece disposiciones para la responsabilidad penal y las sanciones, con base en las manifestaciones de violencia que según la ley constituyen tipos delictivos, y otras para regular la responsabilidad administrativa, civil e incluso electoral –cuando se trata de violencia digital hacia las mujeres políticas–. Para los intermediarios también se prevén sanciones administrativas, desde la imposición de multas a la suspensión o la revocación de permisos de actuación.

La ley modelo también promueve la alfabetización digital con perspectiva de género, el cierre de la brecha digital de género, la formación obligatoria de operadores judiciales y la articulación interinstitucional para garantizar el acceso efectivo de las víctimas a la Justicia.

Deus destacó que la iniciativa incluye una cláusula específica de protección del derecho a la libertad de expresión –uno de los tantos nudos que abrirá el debate–, “que atraviesa toda la ley”.

Mejía: en Uruguay “hay un gobierno comprometido”

Consultada por la diaria respecto de las expectativas de que nuestro país avance en la implementación de una ley de violencia de género digital, Mejía fue optimista. “Lo primero es que hay una gran voluntad política y esa es la piedra fundacional para discutir este tema”, aseguró la abogada venezolana que ejerce la secretaría técnica del Mesecvi. A su entender, esa voluntad política se explica por “dos temas que confluyen”: una “gran preocupación por lo que está ocurriendo con niñas, niños y adolescentes” en los entornos digitales y “una vivencia especial de las mujeres políticas”, que “ellas mismas han sido víctimas de una violencia que es muy salvaje cuando se da en las redes contra mujeres políticas, que tiene que ver no solo con su ejercicio, no solo con la manera en que desarrollan su trabajo, sino que tiene que ver con las parejas, con las familias, con los hijos y las hijas, que las ponen en un estado de muchísima indefensión”.

Además de que “hay un gobierno comprometido y ahí hay una tierra fértil para abordar este tema”, la experta destacó el “liderazgo” de la directora de Inmujeres, “una mujer que viene de transitar todas las batallas habidas y por haber en estos temas, y otras batallas mucho más complejas”. “Creemos que ese liderazgo pone a Uruguay en la vanguardia de este tema”, apuntó.

Al mismo tiempo, valoró la existencia de “una masa crítica”. “Uruguay está lleno de gente comprometida con estos temas, que los conoce en profundidad, que sabe cuáles son los impactos que tienen, y eso también es fundamental, porque si vamos a otros países donde no tenemos eso, no hay un balance entre la voluntad política y el conocimiento necesario que requieren leyes como estas, que son profundamente técnicas”, afirmó Mejía.

Como posibles desafíos, mencionó que “las grandes plataformas tienen una capacidad ofensiva mucho mayor” en los estados más chicos –y esa va a ser otra de las pulseadas a dar durante este proceso– y recordó algo no menor: que para implementar normas de este tipo se necesitan recursos.