El caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que fue asesinado a golpes por su padre después de años de sufrir episodios de violencia doméstica, expone distintas omisiones del Estado. Para empezar, una clara falta de articulación interinstitucional en el abordaje de este tipo de situaciones, en tanto docentes de la UTU de Flor de Maroñas, donde asistía el adolescente, denunciaron al agresor ante la Justicia el año pasado, sin que el trámite avanzara.

En concreto, la denuncia fue derivada al fiscal de Violencia Doméstica de 2° turno, Luis Pacheco, que solicitó a la Policía que interrogara a la madre de la víctima y diera cuenta al Instituto del Niño y Adolescente (INAU), según informó Subrayado. El caso fue derivado al Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de Fiscalía, pero no fue asignado a ningún fiscal. Por su parte, fuentes del INAU informaron al citado medio que hubo una indicación de la Fiscalía para dar cuenta al instituto de la denuncia de violencia doméstica presentada por la UTU, pero que la notificación nunca llegó.

Este jueves, sumándose a las reacciones de otras organizaciones e instituciones –como la Institución Nacional de Derechos Humanos–, se pronunció sobre el caso la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS), en un comunicado titulado “Ni cifras ni diagnósticos: las acciones son urgentes”, en el que asegura que la situación de niñas, niños y adolescentes en Uruguay es una “emergencia nacional”.

“Este hecho, que conmueve y duele, vuelve a poner frente a nuestros ojos una realidad que como sociedad no podemos seguir tolerando: niñas, niños y adolescentes que crecen en contextos de violencia, vulneración de derechos y desprotección”, señala el texto, y agrega que este crimen también “nos enfrenta nuevamente con la necesidad de revisar cómo responde el Estado ante las distintas formas de violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes, cómo se garantiza el acceso a la Justicia y qué mecanismos existen para intervenir de forma efectiva antes de que sea demasiado tarde”.

En esa línea, la organización apunta que la situación “requiere acciones urgentes y decisiones políticas firmes”. “No alcanza con diagnósticos ni con la acumulación de datos. Es necesario priorizar a la infancia en las políticas públicas, readecuar el sistema de protección para que actúe de forma articulada en todo el territorio, asegurar recursos para prevenir la violencia en los hogares, las comunidades y las instituciones, y avanzar con decisión en la coordinación entre los organismos responsables de garantizar derechos. Las respuestas no pueden ser fragmentadas ni tardías. Uruguay necesita asumir la situación de las infancias y adolescencias como una prioridad nacional”, puntualiza PIAS.

En este escenario, reclaman “respuestas concretas” del Estado y reafirman su “disposición a ser parte de las soluciones”. “Las organizaciones que trabajamos con niñas, niños y adolescentes en todo el país conocemos de cerca sus realidades, sus necesidades y sus derechos, y sabemos que es posible construir respuestas más efectivas con compromiso y acción”, concluye la plataforma.