Una ciudad privada dentro de un Estado, con reglas propias y con un entorno diseñado para experimentar con nuevas formas de organización económica, política y tecnológica. Eso es lo que representa Próspera para Fernando García Rodríguez, abogado que se desempeñó como comisionado presidencial contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) durante el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026).
El proyecto, instalado en la isla hondureña de Roatán, nació al amparo de un régimen, llamado ZEDE, que otorgaba a estos territorios amplias facultades para definir sus propias normas, impuestos y mecanismos de gobierno.
En diálogo con la diaria, García Rodríguez sostuvo que Próspera es impulsada por “sectores libertarios” internacionales que buscan convertirla en un “experimento” y en un modelo para ensayar nuevas formas de organización política y económica, con potencial de replicarse en América Latina y en otras partes del mundo.
García Rodríguez, quien también fue ministro de Economía entre 1995 y 1998, sostuvo que Próspera no puede ser considerada simplemente una zona económica especial. A su entender, el proyecto representa algo mucho más ambicioso: la creación de un territorio con instituciones y reglas propias dentro de Honduras.
“La pretendida e inconstitucional Próspera se ha intentado constituir en un Estado dentro de otro Estado, en una ciudad libre, en una ciudad empresa, en una ciudad privada [...] Este lugar es un laboratorio, un experimento político para ver si se puede eliminar el Estado”, afirmó García Rodríguez, quien también fue vicepresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica.
Cómo se autodefine Próspera
En su página web, Próspera se define como una iniciativa que “crea zonas de startups con leyes, regulaciones e impuestos únicos”, con la cual se “ahorra más con costos operativos inferiores al 1% de otras jurisdicciones”. Asimismo, en su sitio asegura que ya existen más de 500 empresas activas y más de 1.700 residentes de 40 países. También afirma que hay 2.500 millones de dólares en proyectos en desarrollo.
La aspiración de sus promotores no termina en Roatán. Próspera presenta su modelo como una plataforma de gobernanza que puede ser implementada en distintas jurisdicciones, y afirma que busca “escalarlo globalmente”. En su propio portal menciona la creación de nuevas zonas y un proyecto en África.
La dimensión tecnológica es central en la propuesta de Próspera. Sus promotores presentan Roatán como un centro de innovación de alta tecnología donde confluyen biotecnología, robótica y criptomonedas. La organización sostiene que su marco regulatorio permite acelerar los procesos de investigación y comercialización de medicamentos y asegura que los plazos de investigación pueden reducirse hasta 70%.
En un artículo de Marco Cremaschi, publicado por Nueva Sociedad y también por la diaria, se señala que la iniciativa estuvo dotada de un capital inicial de alrededor de 120 millones de dólares, proveniente en particular de inversores de Silicon Valley, como Peter Thiel, Marc Andreessen y Sam Altman.
¿Qué se experimenta realmente?
Próspera se autodefine como “la jurisdicción más flexible del mundo para salud y biotecnología”, con un modelo que busca reducir los costos regulatorios y en el que el cumplimiento de las normas se basa en seguros.
Uno de los casos que mejor ilustran esta apuesta es el de Bryan Johnson, empresario tecnológico estadounidense conocido por su interés en la longevidad. Según la propia Próspera, Johnson recibió en 2024 una terapia genética.
En el análisis de García Rodríguez, uno de los principales focos de preocupación está en las actividades que Próspera desarrolla en Roatán bajo el argumento de realizar investigaciones científicas. En ese sentido, cuestionó que se estén respetando los mismos controles y certificaciones que rigen este tipo de actividades en otros países. “Lo que están haciendo en Roatán [...] son investigaciones sin ninguna certificación, es sumamente preocupante”, alertó.
Según explicó, una investigación científica de carácter médico debería contar con distintas certificaciones vinculadas con los profesionales que participan, los productos utilizados, las condiciones del espacio físico y la disposición de los residuos. “Y no lo están haciendo”, afirmó.
García Rodríguez sostuvo además que algunas de las prácticas que se desarrollan en Próspera buscan aprovechar la ausencia o flexibilización de regulaciones que en otros países pueden demorar durante años la aprobación de determinados procedimientos. Entre las actividades que mencionó se encuentran investigaciones genéticas y la instalación de chips en el cuerpo de las personas. Según su relato, estas iniciativas forman parte de una suerte de “turismo médico” o “turismo tecnológico”.
Para García Rodríguez, el problema no está únicamente en si una regulación es más o menos estricta, sino en quién tiene la potestad para definir las reglas.
Una ciudad con sus propias reglas
La diferencia entre Próspera y una zona económica especial es, para García Rodríguez, uno de los puntos centrales del debate.
Las zonas económicas especiales existen en distintos países y buscan ofrecer condiciones particulares para atraer inversiones, pero continúan bajo la autoridad del Estado. Según explicó, los gobiernos mantienen la capacidad de determinar qué legislación se aplica, qué empresas pueden instalarse y qué régimen jurídico y tributario rige en esos territorios. En Próspera, en cambio, el funcionamiento sería sustancialmente diferente.
“Los que promueven Próspera no se atreven todavía a enfrentarse a los casi 200 estados en Naciones Unidas, entonces lo que quieren lograr [...] es tener territorios dentro de algunos países”, afirmó.
García Rodríguez consideró que Próspera es utilizada como un prototipo por distintos “grupos libertarios internacionales”. Afirmó que representantes del proyecto participan en reuniones de organizaciones y think tanks de esa corriente y presentan la experiencia hondureña como un ejemplo de lo que podría ser una “ciudad empresa”, “ciudad libre” o “ciudad privada”.
La diferencia con las zonas económicas especiales radica en el grado de autonomía. “Aquí se maneja totalmente sola”, afirmó. Y enumeró las áreas en las que Próspera pretende ejercer competencias propias: “Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, su propio sistema de educación, de salud, de vigilancia, de Policía, régimen penitenciario, régimen económico, régimen tributario” y hasta un régimen aduanero.
La autonomía llegaría incluso al ingreso de personas y bienes. “Es más, ellos están autorizados para que cualquier barco o avión pueda entrar sin reportar a las autoridades del Estado de Honduras”, aseguró. Consultado sobre cómo definiría ese modelo, García Rodríguez lo resumió con una expresión particularmente contundente: “Una nueva forma de colonialismo”.
Respecto de quienes impulsan esta ciudad privada, remarcó que uno de los que la promueven es el empresario Peter Thiel, pero aclaró que otros aparecen como “cabeza de puente” (figura que sirve como punto de entrada y expansión), entre los que se encuentran los miembros del consejo de administración de Próspera.
“De 21 miembros, había 17 que eran típicamente libertarios, entre ellos, Patri Friedman, el nieto del economista Milton Friedman, un hijo de [el expresidente de Estados Unidos] Ronald Reagan [...], y también estaban personas de la nobleza europea que pertenecen no solamente a tanques de pensamiento libertarios, sino también a partidos libertarios que se están organizando”, afirmó.
Cómo surgió Próspera
La historia del proyecto se remonta a los intentos de Honduras por atraer inversiones extranjeras después del aislamiento internacional que siguió al golpe de Estado de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).
“¿Qué aprovecharon los libertarios? La coyuntura después del golpe de Estado del 28 de julio de 2009, Honduras estaba totalmente aislada del contexto internacional. Había sido expulsada de Naciones Unidas, suspendida, igual que la Organización de los Estados Americanos, del sistema de integración centroamericana. El Parlamento Europeo se había pronunciado en contra del golpe, la Comisión Europea también, y muchas organizaciones latinoamericanas lo mismo”, indicó.
La “tesis de los libertarios” es que las ciudades-empresas “solamente pueden edificarse en estados débiles, como los africanos o como el caso de Honduras. Puede ser un Estado débil o que sus presidentes o jefes de Estado promulguen ideas libertarias”, dijo.
García Rodríguez relató que el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014) buscó distintas alternativas para captar capitales y que, en ese contexto, surgió el vínculo con el economista estadounidense Paul Romer, premio nobel de economía.
Romer fue convocado para promover una primera versión del proyecto, que entonces se denominaba Regiones Especiales de Desarrollo. El economista planteó una serie de condiciones antes de avanzar: un código de ética, una junta de notables que supervisara su cumplimiento, la instalación de los proyectos en zonas rurales y con baja densidad de población y, además, la participación de un país con altos niveles de gobernabilidad que actuara como garante de la iniciativa, indicó el experto. “Eso no se cumplió, por lo que Paul Romer se fue muy molesto con el gobierno de Porfirio Lobo Sosa”, recordó García Rodríguez.
En ese contexto, distintas organizaciones sociales presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la iniciativa. La Justicia falló a favor de los recursos y declaró inconstitucional la creación de estas regiones.
Sin embargo, la disputa continuó. García Rodríguez sostuvo que, después del fallo, el Congreso Nacional decidió destituir a cuatro de los magistrados que habían votado contra la iniciativa.
El 12 de diciembre de 2012, se presentó el proyecto de las ZEDE y posteriormente se terminó de aprobar en junio de 2013. “Honduras quería traer inversiones a costa de lo que fuera”, dijo el exministro de Economía.
Mientras tanto, los magistrados que habían sido destituidos recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que años después falló a su favor y estableció que el Estado hondureño debía indemnizarlos.
Para García Rodríguez, aquel episodio es central para comprender el conflicto actual. La discusión no se limita a la llegada de inversiones o a la creación de empleos, sino que involucra cuestiones vinculadas con la soberanía nacional y el control territorial, indicó.
“Eso demostraba que la lucha por la soberanía nacional y popular, por la defensa del territorio, era lo correcto”, remarcó.
Disputa legal actual
La disputa adquirió además una dimensión económica de gran escala. García Rodríguez sostuvo que tres empresas registradas en Próspera iniciaron una demanda en 2024 contra Honduras ante un tribunal arbitral internacional. Según su relato, la demanda originalmente rondaba los 10.000 millones de dólares y posteriormente fue reducida a unos 1.600 millones.
El conflicto jurídico surgió cuando el gobierno de Xiomara Castro impulsó la derogación del régimen de las ZEDE, y en setiembre de 2024 la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional, con efecto retroactivo, el marco legal que las sustentaba.
Próspera, en cambio, sostiene que los derechos y garantías otorgados a los inversores no podían eliminarse de forma retroactiva y se ampara en la Ley Orgánica de las ZEDE, que establecía la continuidad de esos derechos durante al menos diez años tras una eventual derogación.
El escenario también cambió con el recambio de gobierno en Honduras. Xiomara Castro dejó la presidencia en enero de 2026 y fue sucedida por Nasry Asfura, del Partido Nacional, una fuerza que gobernaba el país cuando se creó el régimen de las ZEDE.
El nuevo gobierno ha mostrado señales de mayor apertura hacia el sector privado y, en marzo, Honduras volvió a adherir al Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo del Banco Mundial ante el que se tramita el arbitraje vinculado con Próspera.
García Rodríguez consideró que el conflicto no se limita al monto de una eventual indemnización y advirtió que estas empresas pretenden que se permita la posibilidad de que propiedades ubicadas fuera del territorio original de Próspera puedan incorporarse al sistema.
Según explicó, una persona que posee un inmueble en cualquier parte de Honduras podría registrar esa propiedad ante un notario de Próspera y, si el sistema la acepta, incorporarla al territorio administrado bajo sus reglas.
“Y así pueden ir expandiéndose como un cáncer, comiendo todo el cuerpo territorial de la República de Honduras”, afirmó. Incluso sostuvo que la expansión ya habría comenzado dentro de la propia isla de Roatán, debido a que el proyecto se instaló inicialmente en una comunidad y luego se extendió hacia otros municipios y zonas de la isla.
Un modelo que busca expandirse
La posibilidad de que Próspera pueda convertirse en un modelo replicable es, para García Rodríguez, uno de los aspectos que más debería preocupar a los países de la región. El excomisionado consideró que el proyecto no debe analizarse únicamente por lo que ocurre actualmente en Roatán, sino por su potencial para extenderse a otros territorios.
Uno de los casos que identificó como especialmente propicios es el de Argentina. García Rodríguez vinculó esa posibilidad con las ideas libertarias del gobierno de Javier Milei y con el interés que, según afirma, ha mostrado Peter Thiel en el país.
“Uno de los candidatos más propensos es Argentina”, sostuvo. A su entender, las posiciones del gobierno argentino respecto de la inversión privada, la reducción del papel del Estado y la utilización de territorios como la Patagonia podrían crear las condiciones adecuadas para impulsar proyectos similares.
García Rodríguez mencionó también una reciente inversión de Thiel en Argentina y las declaraciones de Milei sobre la posibilidad de utilizar de manera “más eficiente” determinados territorios. En ese contexto, advirtió sobre la eventual creación de una o varias “ciudades-empresa” en la Patagonia.
Su preocupación se extendió a una hipótesis todavía más ambiciosa: la creación de estados privados, de base tecnológica, capaces de insertarse en el sistema internacional.
“Usted se imagina que puedan llegar a constituir 100 ciudades privadas, ciudades-Estado, de cualquier naturaleza tecnológica que sea, e incorporándose a Naciones Unidas. Eso sería grave”, planteó.
A su juicio, una expansión de ese tipo tendría consecuencias que excederían ampliamente las fronteras de los países donde se instalaran. La aparición de nuevos territorios con aspiraciones estatales podría modificar incluso el equilibrio de organismos internacionales como Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad.
Por eso, sostuvo que el caso de Próspera debería ser leído como una señal de un proceso mayor: la disputa por quién controla el territorio, las reglas, los datos, las tecnologías y, en última instancia, las instituciones.
Un debate que América Latina todavía debe dar
García Rodríguez sostuvo que América Latina debe, de forma “inmediata”, iniciar un debate regional sobre estos temas. Esa discusión, dijo, es “imprescindible” porque el modelo podría continuar extendiéndose mientras los estados todavía están tratando de comprender sus implicancias. “Tiene que haber un monitoreo permanente de cómo van avanzando los libertarios y en qué países se van instalando”, concluyó.