La decisión del ministro del Interior Jorge Larrañaga de pedirle la renuncia al ahora ex jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz y nombrar en su lugar al comisario mayor Mario D’Elia abrió más de un frente en la interna blanca, además de los cuestionamientos que corren en la interna policial, donde sorprendió la decisión del ministro, particularmente por la naturaleza de la reunión entre Ruiz y Gustavo Leal, que culminó con la carrera del jerarca policial.

Un punto débil de la decisión de Larrañaga está en el vínculo con el presidente, Luis Lacalle Pou, quien había confiado el cargo a Erode y lo respaldaba en su gestión, al punto que tras la decisión de Larrañaga, se comunicó directamente con Ruiz, para expresarle su respaldo y el de su familia.

Cuando Larrañaga se refirió al hecho, se hizo cargo de la decisión y señaló que llamó al presidente a los efectos de “informarle” de la situación. En esa línea se expresó también el secretario de Presidencia Álvaro Delgado en rueda de prensa. “El ministro del Interior tomó la decisión que tomó, más allá de que había algunas diferencias de algunos enfoques, y fue informado el presidente de la República al respecto”

La salida de Ruiz generó críticas en el sector Mejor País, el “grupo de los intendentes” que tomó distancia de Alianza Nacional para competir en las últimas elecciones. Tanto el senador Sergio Botana como el intendente electo de Maldonado Enrique Antía lamentaron la decisión de Larrañaga.

En declaraciones a FM Gente, Antía calificó a Ruiz como “un servidor público” y señaló que “el celo de su función como jefe de Policía lo llevó a escuchar a todos”. “Hizo lo que hizo siempre en Maldonado: escuchar a todos, de todos lados, y saber lo que pasaba”, agregó.

Antía cuestionó a Larrañaga por priorizar la cadena de mando sobre el acceso a la información y la investigación policial. “Yo, ante eso, priorizo escuchar a toda la comunidad, sobre todo si es a la vista”, añadió.

En esa línea, Botana manifestó que “todo jerarca de confianza merece justamente la confianza de poder reunirse con quien quiera”, y señaló que el caso le genera “cierto sabor amargo”.

Una decisión difícil

Más allá de las repercusiones políticas y los escollos que D’Elía deberá superar a la interna de la fuerza por cómo se procesó la salida de Ruiz, al nuevo de jefe de Policía de Montevideo se le plantea una situación difícil, al ser el único policía en actividad en ostentar el cargo.

D’Elía formalmente quedó como encargado de la Jefatura de Policía, ya que el cargo de jefe de Policía es un cargo de confianza política, que sólo pueden asumir policías retirados o civiles. D’Elía podría retirarse y asumir formalmente como jefe, por lo que cobraría un complemento mientras ejerza el cargo de confianza, pero en las circunstancias políticas y por la propia naturaleza del cargo, es bastante incierto que pueda mantenerse el tiempo suficiente como para generar la antigüedad que le permita jubilarse como jefe, por lo que se jubilaría con su actual escalafón.

Si no se retira y queda como encargado de la Jefatura, no cobraría el complemento, pero continuaría en actividad. En caso de ser desplazado del cargo deberá ejercer funciones de menor responsabilidad.

La trayectoria de D’Elía

El comisario mayor D’Elia es licenciado en Relaciones Internacionales. En marzo de 2017 fue designado como subjefe de la Policía de Rocha, fue jefe del Estado Mayor de la Jefatura de Policía de Montevideo y jefe de la zona operacional II y V de Montevideo. Se desempeñó como subjefe de Policía de Montevideo hasta asumir como encargado de la Jefatura de Policía.

Tiene experiencia en geopolítica, contrainteligencia y seguridad en el fútbol y fue docente de la Escuela Policial de Estudios Superiores y en el Instituto de Formación y Capacitación de la Escala Básica.

Los diez días que terminaron con la carrera de Erode Ruiz

El 16 de octubre el ahora ex jefe de policía de Montevideo, Erode Ruiz, llamó al ex director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Gustavo Leal, y le informó que en la madrugada había sido asesinada una de las personas que lo había amenazado de muerte durante su gestión y que había salido de la cárcel semanas atrás. Leal recibió varias amenazas durante los operativos de 2018, que culminaron con la reintegración y en algunos casos el realojo de unas 200 familias desalojadas por grupos criminales, entre ellos Los Chingas, que operaban en la zona de Casavalle.

En esa llamada, además de agradecerle el gesto, Leal le comentó a Ruiz la existencia de nuevos casos de desalojos sobre los que quería conversar, dado que aún le seguían llegando denuncias por varias vías y necesitaba informarle personalmente. Ruiz quedó en llamarlo para agendar.

Esa no era la primera vez que Leal colaboraba con la policía en esta administración y particularmente con Ruiz. El 6 de marzo, en el velatorio de la policía Daniela Da Silva asesinada para robarle el arma, Leal llevó a Ruiz la información de un vecino del barrio Nuevo Ellauri, que terminó siendo un testigo protegido y clave en la causa.

Ruiz volvió a comunicarse con Leal para reunirse en la Jefatura de Policía el viernes 23 de octubre a las 10.00.

Tres días antes del encuentro, el periodista Gabriel Pereyra hizo público el regreso de los desalojos forzados por parte de grupos de narcotraficantes. Las situaciones sobre las que informó se daban en los barrios Flor de Maroñas, 19 de Abril, 40 Semanas y Cerro Norte. Según pudo saber la diaria, al 21 de octubre había al menos diez casos de desalojos en manos de narcotraficantes.

La actitud de la Policía fue la de intentar minimizar un problema sobre el que en los hechos venían trabajando con la Fiscalía. Ruiz, en el caso de un ex policía desalojado del barrio 40 Semanas intentó presentarlo como “un problema entre vecinos” y puso una sombra sobre la víctima al mencionar que tenía un antecedente por homicidio.

El 21 de octubre Larrañaga se reunió con Ruiz, con el director Nacional de la Policía, Diego Fernández, y con los 25 comisarios y jefes de zona del departamento para hablar del rol de las seccionales en la nueva estrategia del Ministerio.

Tras el encuentro informó en conferencia de prensa que ante lo denunciado en la prensa el Ministerio había dirigido una misiva al fiscal de Corte, Jorge Díaz, para que investigara y llamó a “no generalizar”. En ese momento ya había al menos tres investigaciones en curso por hechos de este tipo en la órbita de la Fiscalía, algunos con varias semanas de investigación.

De hecho, a las pocas horas fue detenido el adolescente conocido como el Kaká, uno de los acusados de estar detrás de los desalojos en Los Bulevares, a raíz de una investigación que estaba realizando la fiscal Mónica Ferrero y los efectivos de la zona operacional IV.

A las 10.30 del viernes 23, Leal llegó a la Jefatura y entró al despacho de Ruiz, donde había al menos tres jerarcas reunidos a los que saludó. En esa reunión Leal le dio información a Ruiz sobre un nuevo caso de desalojos forzados y extorsión y la posibilidad de acercar a algunas personas para que declararan como testigos protegidos. Al día siguiente, con las garantías que había generado esa conversación, los testigos presentaron la denuncia ante Fiscalía, donde se está investigando el caso.

Cuando Leal salió de la reunión, saludó a unas 15 personas más, ex compañeros de trabajo de la anterior administración. En la interna policial, estiman que fue el propio D’Elía quien se comunicó con el Ministerio para informar de la situación que culminó, el lunes 26, con la salida de Ruiz. A este le faltaban apenas siete meses para alcanzar el tiempo para jubilarse con el reconocimiento de los 15 años como jefe de Policía, en Lavalleja, Colonia, Canelones, Maldonado y Montevideo.