Una norma de principio del siglo pasado, aún vigente, establece que los militares retirados deben dar todos los años “fe de existencia”: presentarse en una unidad militar para corroborar que siguen vivos y así poder recibir su jubilación. Por su parte, actualmente hay unos 1.000 militares retirados que se encuentran fuera del país, y según dicha legislación, deben presentarse cada tres meses en un consulado para esa constancia.

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) pretende modificar esta norma y ya hay un proyecto de ley a estudio del Parlamento. El titular de la cartera, Javier García, dijo al comparecer días atrás que se trata de “una injusticia”, ya que no se pide ese requisito para los jubilados de otros regímenes y porque hoy día, con los avances tecnológicos, “nadie tiene que decir acá que estoy vivo y demostrarlo”. Explicó que la propuesta es “eliminar la revista de existencia” para los militares retirados que están en el país —que deben presentarse cada seis meses a dar fe de vida— y extender “de tres a seis meses” la obligatoriedad de la constancia para quienes se encuentran en el exterior.

El cambio legal ya fue aprobado por el Senado y en el análisis en la Comisión de Defensa de Diputados surgió una interrogante: ¿hay militares retirados prófugos de la Justicia que se presentan a dar fe de vida en los consulados? Y si esto ocurre, ¿hay algún mecanismo previsto para que se dé aviso de ello?

En setiembre del año pasado, el semanario Brecha informó del caso del militar Pedro Mato Narbondo, prófugo de la Justicia uruguaya desde 2013 y también de la italiana por los crímenes del Plan Cóndor, que en mayo de 2019 realizó el trámite de existencia. El director general de los Servicios de las Fuerzas Armadas, el general Mario Moreira, confirmó que “Narbondo hizo su revista consular en el consulado de Santana do Livramento, o sea que oficialmente cumplió con la formalidad” para cobrar su jubilación.

Diferenció esto del caso de Eduardo Ferro, coronel retirado requerido por la Justicia por la desaparición en 1977 del militante comunista Oscar Tassino, quien “no ha cumplido con esta formalidad desde 2018 y tiene sus haberes retenidos desde ese año”.

Al respecto, García señaló: “El único amparo legal para no pagar, para no prestar un beneficio de seguridad social, es que haya una sentencia firme por parte del Poder Judicial. En caso de no haberse presentado a la Justicia, de estar prófugo o, inclusive, de haber una formalización primaria, no es un impedimento, ni se nos permite no pagar una prestación de seguridad social. La ley es muy clara en ese sentido”. A pesar de casos como el de Narbondo, el jerarca sostuvo que para un prófugo presentarse a un consulado implica un “riesgo” de que “se sepa en qué lugar está”, y “por eso las personas que están en esa situación no revistan”.

El diputado del Frente Amplio (FA) y presidente de la comisión, Gerardo Núñez, consultó a las autoridades si el MDN cuentan con “un listado actualizado respecto de los militares prófugos de la Justicia y cómo se vinculan con los consulados”. García respondió que “esa pregunta hay que derivarla a la Suprema Corte de Justicia” y complementó: “Eventualmente, podemos enterarnos de que puede haber algún tipo de citación judicial, sin saber por qué tema, porque muchas veces nos envían al ministerio solicitudes de direcciones. Por ejemplo, ‘dígame dónde vive el señor tal’, porque lo van a ubicar, pero no sabemos por qué razón”.

La propuesta del FA, presentada por Núñez y el diputado Carlos Rodríguez, consiste en sumar al proyecto un aditivo para “que quede claro el mecanismo” que debe realizar un consulado en el caso de que se presente un militar prófugo. “Acá el elemento no solamente es la pasividad, sino qué mecanismos utiliza un consulado determinado que toma contacto con un retirado militar prófugo de la Justicia. Uno imagina que eso debe ser comunicado de manera inmediata a Interpol”, expresó Núñez.

En ese sentido, Rodríguez interrogó a las autoridades acerca de si hoy existe algún mecanismo de reporte para los consulados, y García manifestó: “Están prófugos de la Justicia, no es que estén prófugos del MDN, porque no es un organismo jurisdiccional. Este es un tema del Poder Judicial y, eventualmente de la cancillería”.

Luego de estas explicaciones, la comisión optó por convocar a la cancillería para avanzar en este punto. El FA expuso que apoya el cambio legal que pretende el MDN, pero para el caso de los militares retirados que están en el exterior entiende que debe contemplarse un mecanismo específico para que los consulados avisen si se presentan personas prófugas de la Justicia. Además, la oposición plantea crear un registro de pasivos militares residentes en el exterior.

“En relación a cómo actúan los consulados y a cuál es la situación de aquellas personas con cuentas pendientes en la Justicia, sería bueno citar a quien corresponda en este ámbito. También correspondería llevar rápidamente a la cámara este proyecto que, en definitiva, termina alivianando y resolviendo la situación de aquellos que sí están en la formalidad”, concluyó el legislador del Partido Nacional Gabriel Gianoli.