Una operadora penitenciaria tuvo un accidente laboral en la Unidad 1 Punta de Rieles, cárcel de participación público privada. La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), que nuclea a los operadores penitenciarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), emitió un comunicado este viernes para exigir condiciones de seguridad laboral al Ministerio del Interior (MI).

La funcionaria cumple funciones en el horario nocturno del módulo ME 11-12. Próximo a las seis y media de la mañana, mientras realizaba controles en el módulo, cayó a través de un hueco al primer piso. Tras caer, perdió el conocimiento y tuvo varias lesiones: fractura de antebrazo, fractura de maxilar y cortes en la cara. Fue asistida y trasladada al Sanatorio del Banco de Seguros. Permanece internada y será sometida a una intervención quirúrgica mañana.

Según Ofucipe, “las faltante de vidrios provocaron la existencia de este hueco, sumado a que no hay ningún tipo de luz por roturas en las instalaciones eléctricas, ni cuentan con linternas u otro tipo de iluminación”. Dicen que esta situación es común en otros módulos, en particular en el módulo MB 1-2.

“Las lamentables condiciones edilicias vienen de tiempo atrás y ya han sufrido accidentes en ese módulo otros tres trabajadores”, contaron. Y explicaron que: “Se ha informado como es debido, no obteniendo respuestas por parte de la empresa, quien se debe encargar del mantenimiento, ni tampoco se han obtenido soluciones por parte de la Dirección de la Unidad”.

Denuncian que “la empresa privada responsable del mantenimiento edilicio, no cumple con el mismo, tarda meses en dar respuestas y el deterioro edilicio se acentúa y cada día pone en riesgo la integridad física de los trabajadores”.

Dicen “repudiar” que “el mantenimiento que debe brindar la empresa no se efectivice en la inmediatez que debería para que se eviten estos lamentables hechos”. Según señalan, “estas condiciones exponen a las y los compañeros, no solo a accidentes, sino también a situaciones de total inseguridad a la hora de realizar su tarea”.

Desde Ofucipe dicen haber denunciado “similares irregularidades en distintas instancias de negociación con el MI”. “Es responsabilidad del mismo controlar y exigir a la empresa privada que cumpla lo establecido en el contrato, esto no se ha exigido y la Unidad 1, a pesar de ser un edificio de reciente construcción ha presentado desde el comienzo innumerables problemas edilicios”.

Finalmente, señalan que, según la Ley 19.196, “el MI es responsable de adoptar los medios de resguardo y seguridad para proteger la vida, la salud y la integridad física del trabajador”. “Es evidente que el MI está haciendo caso omiso a nuestros reclamos, será entonces el MI quien asumirá la responsabilidad en estos caso, como el sucedido en el día de hoy que podría haber terminado en la muerte de una compañera”.

En su Twitter, además, emitieron un mensaje dirigido a Jorge Larrañaga, ministro del Interior, “¿Qué espera el MI? No queremos lamentar una muerte”, expresaron.

Las limitaciones de la Unidad 1

La Unidad 1 fue inaugurada en agosto del año pasado. Fue construida bajo un régimen de participación público privada. El contrato fue firmado en 2015. Tiene un plazo de 27 años, vence en 2042. Vencido este plazo, las obras pasarán a ser enteramente del Estado.

Además de haber diseñado y construido el proyecto, la empresa se encarga del mantenimiento de la infraestructura y los equipos. El Estado debe pagarle a la empresa por las reparaciones. El contrato, que es estricto, no permite que las obras de mantenimiento se realicen por fuera de este acuerdo.

De las 1960 plazas que tiene la cárcel, a seis meses de su inauguración, se estimaba que 400 plazas estaban destruidas. No han sido reconstruidas por el alto costo de reparación planteado por la empresa. No se prevé que sean reparadas. Sin embargo, el Estado continúa pagando por el usufructo de esas plazas, como si estuvieran siendo utilizadas. Se paga un canon fijo por día.

La empresa se encarga también de la alimentación, tanto para las personas privadas de libertad como de los funcionarios, la lavandería, limpieza, control de plagas y economato.