El abogado Federico Álvarez Petraglia presentó una denuncia penal contra la Intendencia de Paysandú por la muerte de un joven de 28 años, que fue atropellado por una máquina cuando estaba clasificando en el vertedero municipal, según informó a la diaria.
En la madrugada del 16 de octubre, Brian Pintos, de 28 años, fue embestido por una topadora que era operada por un funcionario municipal. El cuerpo fue encontrado al día siguiente por otros clasificadores, envuelto en una frazada.
Álvarez Petraglia, abogado de la madre de la víctima, señaló que el ingreso de clasificadores al vertedero municipal está prohibido en la noche, por resolución de la intendencia. El protocolo de funcionamiento del vertedero, vigente desde el 1° de abril, establece que no puede ingresar ningún clasificador después de las 16 horas y que todos los ingresos deben ser autorizados y registrados por los funcionarios municipales. Además, señala que se les debe dar un chaleco identificatorio. Según el protocolo, en caso de que alguien quiera ingresar después de ese horario, el funcionario debe pedir que se retire y si el clasificador se resiste, debe llamar a la Policía.
Sin embargo, Álvarez Petraglia señaló que la organización del trabajo en el vertedero cambió con la presencia de un empresario argentino que habría aumentado el precio de compra del material clasificado y tendría el control del predio municipal. Según lo denunciado por el abogado, los funcionarios admiten el ingreso de los clasificadores que trabajan para él, aun en la noche.
El abogado apuntó a la responsabilidad de los funcionarios al permitir el ingreso en la noche, pese a que está expresamente prohibido por la normativa vigente. “Deduzco que el empresario tenía el amparo de la jerarquía municipal que lo había presentado primero en público y después le estaba dando vía libre para que hiciera y deshiciera en el vertedero”, agregó.
En esa línea, Álvarez Petraglia remarcó que el empresario “no tiene una adjudicación como para dar órdenes dentro del vertedero” y dijo que brinda ropa a los clasificadores y un jornal de 500 pesos en caso de que por lluvias no puedan clasificar ese día, por lo que planteó la existencia de “un caso de responsabilidad penal del empleador”.
“Acá lo que hubo fue una violación absoluta de todos los protocolos de seguridad, de las normas vigentes. Permitieron que toda esta gente se expusiera a un peligro. Nadie los obligó, pero aquellos funcionarios que tendrían que haberle dicho que no podían entrar los dejaron entrar. Tenían un cuaderno en que pasaban lista a quién permitían entrar y a quién no”, expresó Álvarez Petraglia.
El abogado dijo que tiene “audios y mensajes que comprometen seriamente a funcionarios de la intendencia”, que aportará una vez que esas personas sean citadas por la Justicia.
El caso está siendo investigado por la fiscal de 1er turno de Paysandú, Carolina Martínez, quien ordenó un relevamiento fotográfico en el lugar donde fue hallado el cuerpo y espera el resultado de las pericias para confirmar la causa de la muerte.
En diálogo con la diaria, la presidenta de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, Patricia Gutiérrez, negó versiones que indicaban que la víctima había ido a dormir al predio municipal. Señaló que el hombre hacía varios años que trabajaba en el vertedero como clasificador y que había tenido discrepancias con el empresario por mantener contacto con el sindicato.
Además planteó que el empresario argentino “se adueñó del vertedero” y que no existe posibilidad de vender el material clasificado a otro comprador porque es el único que está en el predio y no se permite sacar el material para venderlo afuera. “Le tienen que vender a él, no autorizan a vender a otro”, sostuvo.
Consultado por la diaria, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, negó que se permitiera el ingreso de clasificadores en la noche y dijo que “la oposición quiere hacer política de una muerte”. Olivera declinó realizar más declaraciones para respetar la investigación judicial.