Diez personas fueron condenadas y dos imputadas en la causa que investiga una organización criminal integrada por abogados, policías y gestores que se dedicaban a captar víctimas de accidentes de tránsito a partir de la información que recibían de la Policía y les cobraban parte del Seguro Obligatorio de Automotores que por ley les corresponde cobrar y alcanza con llenar un formulario. La investigación estuvo a cargo de Asuntos Internos de la Policía, en coordinación con la Fiscalía de Toledo, e implicó varios operativos en los que se detuvieron a 13 personas, cinco policías, cuatro abogados y cuatro gestores.
En una audiencia, que se extendió entre las 20.00 de este miércoles y las 04.00 de este jueves, la jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, condenó a cuatro abogados, tres policías y tres gestores. A pedido de la fiscal Toledo, la jueza decretó la reserva del caso, por lo que se impidió el ingreso a la audiencia. Según informó El Observador, la fiscalía investiga a otras 70 personas que podrían estar implicadas.
Los abogados, dos hombres y dos mujeres, fueron condenados tras acordar con la Fiscalía penas de entre tres años y dos meses y dos años de penitenciaría, tras admitir su responsabilidad como autores de un delito de asociación para delinquir, cohecho calificado y uso indebido de información privilegiada. También fueron sancionados con multas de entre 20 y 50 unidades reajustables. Uno de los abogados –también policía– fue condenado además por amenazas y acceso ilícito a datos informáticos en calidad de coautor e inhabilitado para ejercer funciones públicas. Según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó la diaria, se trata de los abogados Leonardo Narancio, Elizabeth Frogge, Richard Alzugaray, Gisselle Freccero y Gustavo Bentos.
Los otros tres policías involucrados fueron condenados por los delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado y uso indebido de información privilegiada, con penas de entre dos años y diez meses y dos años y tres meses, mientras que los gestores acordaron penas de entre tres años y dos años y diez meses por los mismos delitos. Uno de ellos montó una página web de un estudio jurídico falso para acceder a la información de las víctimas. A su vez, hay dos personas que no alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía y fueron imputadas una con prisión preventiva y otra con prisión domiciliaria total por 180 días mientras continúa la investigación. Según informó el Ministerio del Interior, la maniobra alcanzó el millón de dólares y se vendría llevando a cabo al menos desde 2019. A uno de los abogados, vinculado históricamente al negocio de los seguros de accidentes de tránsito, se le incautaron cientos de partes policiales de accidentes de tránsito. Además, entre los condenados hay un funcionario municipal. Según supo la diaria, los abogados eran quienes más cobraban y luego distribuían a los captores, que pasaban los datos de los accidentes, y a los promotores, que generaban el contacto entre la víctima del accidente y los abogados. Dijeron que hacían firmar un escrito a las víctimas para dirigir todo el dinero del seguro a sus cuentas bancarias y quedarse con el 30, 40% del total del seguro.
La investigación logró determinar que uno de los abogados alcanzó a cobrar un millón de pesos mensuales, descontando el reparto a los otros involucrados. Damnificados de una víctima fatal llegaban a cobrar entre 800 y 900.000 pesos. Hay otros abogados que están siendo investigados, además de trabajadores de la salud, que accedían a información privilegiada. Uno de los puntos que se le cuestionó a la fiscalía es que se trate de una sola organización, dado que entre los involucrados hay personas que competían entre sí por su rol y no todos los gestores o captores tenían vínculos con todos los abogados.