La defensoría pública de la ciudad de Maldonado tiene sólo una abogada, luego de que un brote de coronavirus afectara a las otras dos defensoras que trabajan en la defensoría penal en el nuevo código de proceso.
El primer caso fue diagnosticado el miércoles 7 a una defensora que ese día había culminado su turno. El viernes, dio positivo la defensora que estaba de turno, por lo que se debió acudir a la tercera defensora de oficio penal, Sofía Pereyra Huelmo, quien estará de turno hasta el 20 de abril.
Luego de diagnosticado el primer caso, los defensores de oficio de Maldonado decidieron dejar de concurrir a la Fiscalía para entrevistarse con sus defendidos, al considerar que ese era el lugar de contagio, y pidieron que los imputados fueran trasladados al Centro de Justicia, donde hay mejores condiciones sanitarias.
Sin embargo, el domingo, la Fiscalía de Maldonado se negó a aceptar el pedido de los defensores de oficio, por lo que la abogada Pereyra Huelmo debió concurrir a la Fiscalía para acceder a las carpetas investigativas y los imputados se vieron por primera vez con su defensa a la hora de la audiencia, en el Centro de Justicia.
En diálogo con la diaria Pereyra Huelmo sostuvo que la posición de los defensores se tomó en función de resguardar los recursos humanos de la Defensoría, dado que en la sede de la Fiscalía “no hay desinfección entre detenido y detenido, ni ventilación en las salas asignadas a los defensores”.
Pereyra Huelmo señaló que si bien la situación también afecta a los abogados particulares, los defensores de oficio deben atender unos seis imputados por turno, lo que aumenta el riesgo sanitario.
A su vez, señaló que el Centro de Justicia, donde se realizan las audiencias, además de tener salas con ventilación, cuenta con el servicio de una empresa de limpieza que puede desinfectar entre una audiencia y otra. “Lo único que no vamos a negociar es la ida a la Fiscalía”, agregó.
“No estamos diciendo que el Centro de Justicia esté exento de contagio, pero tenemos mayores garantías. Yo tengo 30 años, pero a mí nadie me asegura que si tengo el virus vaya a estar todo bien, lo que estamos pidiendo es empatía”, expresó.
Pereyra Huelmo recordó que a diferencia de los fiscales, los defensores de oficio no están vacunados porque no fueron una población priorizada, pese a que así lo reclamaron desde la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay (Adepu) a las autoridades del Ministerio de Salud Pública.
Este lunes, Adepu envió una carta a la Suprema Corte de Justicia en la que reclaman que pida a la Fiscalía General de la Nación el cumplimiento de los protocolos sanitarios y la realización de una inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a la Fiscalía de Maldonado, dado que, aseguran, en la sala destinada a los defensores no es posible mantener la distancia recomendada y faltan elementos de higiene.
Además, sostienen que la carpeta investigativa puede compartirse en forma digital sin afectar el proceso, y que no es necesario enviar al imputado a la Fiscalía, sobre todo considerando que, en varios casos, los fiscales participan en las audiencias vía Zoom.
Desde la Fiscalía dijeron a la diaria que la sala destinada a los defensores cumple con los requisitos sanitarios y destacaron que a mediados de febrero el MTSS hizo una inspección en el lugar y no constató irregularidades. Por otra parte, expresaron su sorpresa por la decisión de los defensores de negarse a concurrir a la Fiscalía, sin pedir una reunión para tratar el tema, y agregaron que en todo el país los defensores de oficio continúan yendo a la Fiscalía para tomar contacto con la carpeta y sus defendidos.
En el caso de que la Defensoría se quede sin defensores disponibles, el servicio puede cubrirse con los defensores de Familia de Maldonado, y si estos también se ven afectados puede recurrirse a los defensores penales de San Carlos, o la SCJ puede convocar a defensores particulares.