Tres policías fueron imputados por un presunto procedimiento policial irregular que tuvo lugar en noviembre de 2020 en Pinamar, en Canelones. Uno de ellos ya fue condenado y la investigación continúa sobre los otros siete.

Un grupo de policías del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) estaba haciendo una recorrida de patrullaje cuando advirtió un hecho sospechoso asociado a un auto. Según los policías, un hombre que iba en un vehículo intentó “darse a la fuga” y por eso comenzaron una persecución. También dijeron que “el conductor disparó contra ellos” y por eso “respondieron con disparos”. El conductor del vehículo fue herido de bala. No estaba armado, y por ende no les disparó. Le plantaron un arma en la escena.

La fiscalía departamental de Atlántida de 2º turno citó el miércoles a los policías para declarar. Tras esta instancia, Mirna Busich, fiscal a cargo del caso, pidió la formalización del proceso de tres de ellos, mientras avanza la investigación sobre el involucramiento de los otros cinco policías.

El juez de Atlántida de 1º turno, Marcos Seijas, hizo lugar al pedido de la fiscalía. Dos de los policías fueron imputados y, a través de un proceso abreviado, se condenó a otro por omisión de denunciar delitos, debido a que había visto a sus compañeros con una actitud sospechosa y luego, al enterarse de que se había plantado un arma, no denunció el hecho. Fue condenado con tres meses en régimen de libertad a prueba, por lo que debió presentarse ante la comisaría y realizar tareas comunitarias.

En tanto, el policía que disparó el arma, que tiene varias denuncias anteriores por abuso de funciones y amenazas, fue formalizado por los delitos de privación de libertad, abuso de funciones, violación de domicilio y lesiones graves. Si bien la fiscalía pidió prisión preventiva como medida cautelar, el juez determinó arresto domiciliario con vigilancia por dispositivo electrónico, prohibición de contacto y comunicación con la víctima, por entender que no había peligrosidad ni riesgo de fuga, decisión que fue apelada tanto por la fiscalía como por la defensa de la víctima.

Para el otro policía se dispuso la formalización por el delito de abuso de funciones y privación de libertad con medidas cautelares por 180 días, debiendo presentarse semanalmente a la seccional policial.

La investigación continúa para determinar quién y cómo se plantó el arma. También para resolver acerca de los otros cinco policías, que resta definir su situación judicial. Este viernes se sumó otro indagado.

El hecho

Sobre la medianoche del 13 de noviembre, un albañil de 43 años que regresaba de una pizzería ubicada en Avenida de Los Pinos y Ruta Interbalnearia, en Pinamar, comenzó a ser perseguido por dos efectivos de PADO, luego de pasar por un control policial en el que no recibió indicaciones para detenerse.

El hombre, que no reconoció que las motos que lo estaban siguiendo eran de la Policía, al sentir el impacto de un disparo sobre el coche aceleró, pensando que estaba siendo víctima de una rapiña. La Policía volvió a dispararle y lo hirió en un brazo.

Finalmente, pudo llegar a su casa y cuando bajó fue detenido y acusado de “eludir el control policial y dispararle a los policías”.

Ney Pintos, abogado defensor del hombre que fue herido de bala por el policía, explicó que su representado es inocente: “Salió de una pizzería y fue perseguido por los policías. Lo persiguen hasta la casa e incluso ingresan al domicilio”.

Contó también que “le plantaron un arma” y que las balas del arma “pertenecen al Ministerio del Interior”. Dijo que su defendido “no maneja armas” y que “hay cámaras que demuestran que va a 60 kilómetros por hora”.

Esta versión fue confirmada por la fiscal a cargo del caso, Mirna Busich. “Decían que fueron atacados y no fue así. La persecución fue una decisión personal de dos policías: como iba despacio, sospecharon. Hay filmaciones en las que se ve que no amerita ni una infracción de tránsito”, dijo la fiscal. En las cámaras se ve que el hombre no evade el control y que los policías lo siguieron. “El hombre se asustó”, dijo.

Fuentes de la investigación señalaron a la diaria que cuando el comisario que actuó en el caso le informó del hecho a la fiscal de 2º turno de Atlántida, Busich le advirtió sus sospechas acerca de que el hombre nunca había disparado.

En línea con este planteo, la fiscal pidió la realización de una prueba de parafina para detectar restos de pólvora en las manos de la víctima y de los dos efectivos que lo persiguieron. Además de comprobar que la víctima no había disparado, logró identificar al autor de los disparos.

Según señalaron, el policía realizó tres disparos sobre el coche. Uno de ellos lo hirió en un brazo, otro pegó en el celular que tenía en un bolsillo, cercano a la arteria femoral, y el otro ingresó al coche por la valija del auto y quedó incrustado en el respaldo del asiento del conductor.

Abogados del sindicato policial renunciaron a la defensa

Inicialmente, la defensa de cuatro de los ocho policías fue asumida por el equipo de abogados del Sindicato de Funcionarios Policías de Montevideo (Sifpom), con Andrés Ojeda a la cabeza. Los otros cuatro policías fueron representados por otros abogados.

Hubo diferencias en la estrategia de defensa y, tras constatar contradicciones en las declaraciones, resolvieron renunciar a la defensa de los policías, explicó Ojeda a medios de comunicación, y resaltó: “Había contradicciones entre las declaraciones”.

Patricia Rodríguez, presidenta de Sifpom, dijo que si bien se retiraron de la defensa, el sindicato “seguía apoyando a los compañeros, más que nada a sus familias”.