El Comité de Derechos del Niño y la Organización Mundial Contra la Tortura emitieron un comunicado en que manifiestan su peocupación por la situación en el Centro Preegreso del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) donde días atrás un adolescente de 18 años privado de libertad terminó hospitalizado por una fractura de cráneo.

“Exigimos por ello que se inicien de forma urgente todas las investigaciones penales y administrativas correspondientes para determinar las responsabilidades institucionales e individuales en la agresión física hacia el adolescente”, expresan las instituciones. Según entienden, “hasta el momento son insuficientes las acciones iniciadas por Inisa”, ya que el camino elegido es el de la investigación administrativa. Para las organizaciones, esto no permite “indagar en la búsqueda de responsabilidades y la generación de consecuencias ante una situación que es competencia de la justicia penal”.

En este sentido, remarcan que es “indispensable y urgente” apartar del cargo a las personas involucradas directamente en el hecho; además, señalan la responsabilidad del Estado en la “protección del adolescente durante el proceso de investigación iniciado”, brindando “la más alta asistencia en salud, incluso durante su posterior internación y recuperación”.

Ambas instituciones sugieren que “el adolescente acceda a medidas sustitutivas a la privación de libertad durante su recuperación, entendiendo que los centros de privación de libertad de Inisa no disponen de la infraestructura ni el contexto propicio para garantizar una rápida y adecuada recuperación de la internación e intervención sufrida”.

Además de repudiar “todo episodio de violencia”, insisten en cumplir con las recomendaciones del Comité Contra la Tortura y plantean que en particular la emergencia sanitaria afectó “profundamente a los adolescentes privados de libertad, con prácticas institucionales que aumentan los niveles de encierro, la ausencia de actividades, reducción de visitas, la separación y el aislamiento de los adolescentes. Rechazamos estas prácticas que vulneran sus derechos fundamentales y alimentan la tensión dentro de los centros”, finalizan.

Por otra parte, la ONG Nada Crece a la Sombra amplió la denuncia a Fiscalía que ya había hecho por el tema, luego de que la directora de Inisa Sandra Etcheverry declarara en Esta boca es mía de Canal 12 que ella junto con Rosanna de Olivera, presidenta de Inisa, y la directora de la División Salud (quien no constató lesiones en el adolescente en la revisión del centro) visitaron al adolescente en el hospital donde estaba internado.

En la ampliación de la denuncia, la ONG señala que “si la ‘visita’ no corresponde a una actuación dentro del marco de la investigación administrativa, la sola presencia de una autoridad de la institución en la cual tuvo lugar el hecho que se denunció es una injerencia indebida de la autoridad”. Según supo la diaria Juan Gómez, fiscal adjunto de Corte, tomó conocimiento del caso y le dará tránsito en la Fiscalía para que se investigue.