El presidente Lacalle Pou pidió al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, “tramitar en el menor tiempo posible” las acciones que conciernen al Poder Ejecutivo en el proceso de extradición de Fabián Pepín Rodríguez Simón, asesor jurídico del expresidente argentino Mauricio Macri.

Según informaron a la diaria fuentes diplomáticas, Da Silveira llamó al embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, para informarle que la orden de captura y el pedido de extradición, que llegó en la noche del lunes a cancillería, había sido enviada al Poder Judicial, por lo que el rol del Ejecutivo en esa parte del proceso había culminado.

El ministro le expresó al embajador que el Poder Ejecutivo actuó con celeridad para ingresar el exhorto al Poder Judicial “a partir de una instrucción directa de Lacalle Pou”, gesto que fue reconocido por el diplomático.

En la tarde del miércoles, la defensa de Rodríguez Simón se presentó al juzgado de Crimen Organizado de 1er Turno, a cargo de la jueza Adriana Chamsarian, para ratificar la disposición del asesor de Mauricio Macri de someterse a la Justicia uruguaya y colaborar con el proceso, mientras se resuelve el refugio solicitado ante la Comisión de Refugiados (CORE), que este año preside el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuando se conoció la solicitud de refugio presentada por Rodríguez Simón, el presidente Lacalle advirtió que la decisión no era una medida discrecional ni dependía de él, sino que se definiría en función de si cumple o no con los requisitos necesarios para conceder el refugio.

La Ley de Derecho al Refugio y a los Refugiados (18.076) reserva la condición de refugiado a la persona que tenga “fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o -a causa de dichos temores- no quiera acogerse a la protección de tal país”.

Por esa razón, el exhorto enviado por la jueza que investiga a Rodríguez Simón en Argentina, María Servini de Cubría, hace hincapié en que el exasesor de Macri no está siendo investigado por razones políticas, sino por delitos comunes y resalta la necesidad de concretar su detención, debido a que el imputado fugó de la Justicia argentina. Rodríguez Simón es investigado por supuestas presiones sobre los dueños de C5N y otros medios, bajo amenaza de sacarles sus empresas.

En la solicitud de refugio, Rodríguez Simón presenta las consultas realizadas al excanciller Didier Opertti y el constitucionalista Martín Risso, quienes coinciden en que están dadas las condiciones para otorgar el refugio ante la falta de garantías, “procesos judiciales arbitrarios” y “temores fundados de amenaza o persecución política”

Fuentes de cancillería señalaron a la diaria que si bien aún no se dio cuenta a los miembros de la CORE del ingreso de la solicitud del refugio, el caso será notificado y comenzará a ser tratado en la reunión del próximo jueves.

La CORE, que tiene un plazo de 90 días para expedirse, está integrada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, un representante de la Dirección Nacional de Migración, un representante de la Universidad de la República, un representante del Poder Legislativo dos representantes de organizaciones no gubernamentales y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

El artículo 41 de la Ley de Derecho al Refugio y a los Refugiados (18.076) determina que al haber un pedido de extradición sobre quien solicita la calidad de refugiado, es el juez de la causa quien deberá tomar una definición. Por lo que cuando la CORE termine el informe del caso, lo enviará a la jueza Chamsarian para que, con base en ese insumo, resuelva sobre la solicitud de refugio. La ley establece que el reconocimiento definitivo de la condición de refugiado “configura la denegatoria automática al pedido de extradición o entrega de la persona requerida”.

En el caso de que Chamsarian niegue el refugio, comenzará el juicio de extradición, que con la instancia de apelación y casación puede demorar más de dos años. Otro punto que deberá resolver Chamsarian es lo que refiere a una eventual prisión administrativa mientras espera el juicio de extradición, para lo que se considerará su disposición a someterse a la Justicia uruguaya y antecedentes de fuga.

El expediente con el pedido de extradición de la Justicia argentina llegó este miércoles a la Fiscalía General de la Nación y será derivado en las próximas horas a una fiscalía. La designación puede considerar el antecedente del pedido de habeas corpus presentado por Rodríguez Simón y enviarlo a la misma fiscalía que actuó en el caso, o derivarlo a la fiscalía de Flagrancia de 2º Turno.