El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, entregaron este martes copias digitalizadas de los archivos de la dictadura hallados en el Grupo de Artillería 5 al fiscal de Corte, Jorge Díaz, y a los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) Mariana Mota y Wilder Tayler, con quienes mantuvieron reuniones en la Torre Ejecutiva desde antes del mediodía. En horas de la tarde, el titular de Defensa entregó otra copia del material a representantes de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, a quienes recibió en la sede ministerial.
El material consiste en cinco libros y dos carpetas con registros de órdenes del organismo de inteligencia de la dictadura, el Servicio de Información y Defensa, y del grupo represivo Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). En el Grupo de Artillería 5 de Montevideo funcionó un centro de detención de presos políticos a partir de 1972.
Según sostuvo Díaz luego de la reunión, con base en una primera revisión, se trata de información “muy valiosa” en términos históricos y para la investigación que desarrolla la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. No obstante, el fiscal de Corte destacó que la Fiscalía se tomará entre 24 y 48 horas para evaluar la documentación y los archivos serán derivados a las sedes competentes.
Díaz señaló que los documentos hallados en la dependencia militar cuentan con “valiosa información a los efectos, en primer lugar, del contexto histórico, [lo que] para la mayoría de los historiadores va a ser información de relevancia; en segundo lugar, desde el punto de vista de la Fiscalía, para la investigación de los delitos que se hayan cometido en ese período y que surjan, eventualmente, probados de esa documentación, y, en tercer lugar, [para] analizar qué tipo de delitos y cuáles serían la o las fiscalías que vayan a intervenir en el asunto”.
Por lo que se pudo apreciar hasta el momento, indicó, contienen un “conjunto de reportes operacionales” de actividades realizadas por militares entre 1972 y 1976, e información relevante vinculada con delitos cometidos en ese período histórico, e incluso sobre hechos ocurridos fuera del país. Díaz recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben, pero de todos modos sostuvo que si existiera información sobre hechos delictivos que “pudieran estar prescritos”, eso lo evaluará “el fiscal que tiene a cargo la investigación”, porque “la Fiscalía de Corte per se y de antemano no hace evaluaciones respecto de prescripción o no”.
Por su parte, el titular de Defensa aseguró en rueda de prensa que “la voluntad política e institucional es que esta información sea pública”. Detalló que el material suma 1.650 folios que datan desde principios de 1970 hasta 1986 y contienen información sobre “operativos militares, detención de personas, información de infiltrados en reuniones, declaraciones de testigos y organizaciones internacionales en el país”. Agregó que el descubrimiento se hizo el 23 de abril, pero que fue transitando por la cadena de mando hasta llegar a su conocimiento la semana pasada.
Según comentó García, el descubrimiento se hizo “en una recorrida que hacía el jefe de la unidad con tres oficiales para reorganizar algunas piezas y lugares que eran utilizados cómo depósito, [y] se entró a una de las piezas que había sido usada como calabozo. Allí se encontró una caja con varias cosas, entre ellas este material”, dijo.
En diálogo con la diaria, Mota afirmó que ahora la institución deberá analizar la información, que “probablemente pueda ser valiosa, efectivamente, para algunas causas que lleva adelante el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad [Ricardo Perciballe]”, aunque señaló que la INDDHH se concentrará en identificar si hay elementos que puedan ayudar a los efectos de su “competencia específica de búsqueda” de detenidos desaparecidos.
En la Torre Ejecutiva también habló Tayler, quien calificó el hallazgo de “muy importante” y remarcó: “La información existe y la tienen uruguayos que están entre nosotros”. En la misma línea, Mota comentó que sería “bueno que se puedan revisar otras unidades militares”.
“Que aparezcan todos”
Si bien la idea inicial de Madres y Familiares era hacer un pedido de acceso a la información pública para obtener el material, pasadas las 13.00 del martes un integrante de la organización recibió una llamada de García, que le transmitió la intención de hacerles llegar la documentación de primera mano. Según señaló la fuente, la iniciativa de entregar la información a la organización surgió de Lacalle Pou. Para la fuente, “es lo que corresponde” y el gesto está “en sintonía con el “compromiso de Presidencia de buscar información”.
Para Ignacio Errandonea, integrante de la organización, el hallazgo de estos documentos “es la confirmación, una vez más” de lo que Madres y Familiares “viene diciendo desde hace muchos años, que es que los archivos existen, y que se deben dar las órdenes pertinentes para que de una vez por todas aparezcan todos y no de a cuentagotas”, y opinó que no se debe “seguir jugando a la mosqueta” con la información referida al pasado reciente.
En la reunión, el ministro les dijo a los integrantes de Madres y Familiares que el gobierno había cumplido con brindar información. “Cumplimos: cuando nos llega algo, se lo damos”, dijo García. Desde Madres y Familiares reclamaron el archivo de OCOA que habían solicitado en julio del año pasado, pero desde el gobierno se limitaron a repetir que cuando tengan información se la van a proporcionar. El semanario Brecha informó semanas atrás que la asociación le entregó a Lacalle Pou información documentada sobre la ubicación exacta del archivo de OCOA ‒se estima que está en la División del Ejército 1‒.
Seguimientos, documentos incautados e informes
Los documentos militares hallados van de 1971 a 1986 y es la primera vez que el Ministerio de Defensa Nacional divulga documentos encontrados del período del terrorismo de Estado.
En el documento que reúne los partes especiales recibidos en 1972 se reportan varios organigramas del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), documentos incautados a la organización con análisis políticos o militares e informes detallados de la situación y de la estrategia del MLN. También características de militantes, lugares y datos de contacto, como vestimenta de los participantes o seña y contraseña para el encuentro. Uno de ellos es un contacto que iba a realizar Raúl Sendic. El documento, fechado el 12 julio, agrega un croquis del lugar donde sería el encuentro, en la zona de Cadiz y José Batlle y Ordoñez, y da cuenta de un seguimiento hecho dos días antes en que fue visto en esa zona.
Además, se da cuenta de información requerida por la OCOA para el reconocimiento de personas por parte de detenidos en unidades militares. En uno de ellos, se distribuye una foto de Roberto Markarian, a quien se lo señala como “integrante del Consejo de una facultad y profesor de matemáticas”.
También se deja constancia de seguimientos y operativos de detención realizados a partir de las visitas a personas privadas de libertad en la cárcel de Punta Carretas; entre ellos, se da cuenta de a quiénes visitaron Alberto Methol Ferré, la familia González Guyer, la familia Villegas Zabalza y la familia del estudiante Ibero Gutiérrez, luego de su homicidio en manos del Escuadrón de la Muerte en febrero de 1972, entre otra información.
Además de seguimiento e información de integrantes del MLN, se informa sobre otras agrupaciones como el OPR-33, y sobre la acción de sindicatos de trabajadores y estudiantes universitarios y de secundaria.
Otros documentos dan información del recorrido de militantes en Argentina, Chile y Cuba, como es el caso del dirigente tupamaro Lucas Mansilla, de quien se daba cuenta que había viajado a Chile, luego de Chile a Cuba y se esperaba su regreso a Uruguay.
Unas de las recomendaciones realizadas por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia fue impedir el ingreso del semanario Marcha a la cárcel de Punta Carretas y vigilar que no ingresen objetos envueltos en páginas de esa publicación, por entender que traían mensajes en clave para los tupamaros.
El archivo que recoge partes especiales de información de 1976 incluye recortes de prensa, reportes de seguimiento de figuras públicas y partidos políticos, también de soldados y oficiales, además de listas con pedidos de detección. En la mayoría de los casos los informes comienzan detallando el origen de la información y al final llevan la firma del general Esteban Cristi, que lideró el OCOA.
Uno de los informes incluye información proveniente de un Juzgado Militar de Instrucción del 8 de julio de 1976, que dispuso “el procesamiento y prisión preventiva” del dirigente político Wilson Ferreira Aldunate, excandidato presidencial en las elecciones de 1971 por el Partido Nacional. El líder blanco se encontraba en el exilio, y el mes anterior se había presentado ante el Congreso de Estados Unidos para pedir que se cortara la ayuda militar a Uruguay a raíz de los actos represivos de la dictadura.
Sobre esa comparecencia también hay un reporte, que además de incluir los diálogos de Ferreira Aldunate con los representantes estadounidenses contiene detalles como con quién llegó el líder político, que habló “en castellano” y tenía una traductora; que la sala estaba “llena con oyentes de pie”, y que “varios concurrentes lo abrazaron y besaron”.
Otro fragmento de los documentos publicados reitera el pedido de detención de Ferreira Aldunate, junto a otros grupos de personas, por estar “vinculados a organizaciones subversivas”.
Además de las varias referencias a Ferreira Aldunate, también son recurrentes en los reportes de 1976 los referidos al Partido Comunista de Uruguay (PCU), tanto describiendo posibles acciones contra militares como analizando los grupos y corrientes que formaban parte de la colectividad política. Se cita “un trabajo realizado por la 2ª División del Estado Mayor Naval” que surge de las “tareas de infiltración y asimilación de las FFAA” en una dirección del PCU, que contiene distintas consideraciones sobre facciones “peruanistas”, “nacionalistas” y “fascistas”, entre otras.
También de los documentos surgen hechos anecdóticos, como el análisis de la cobertura televisiva de los Juegos Olímpicos de Montreal (Canadá) 1976, que siendo “financiada en parte por dos organismos del Estado, Ancap y el Banco de Seguros”, muestra “una clara tendencia de propaganda hacia los países socialistas o simpatizantes de regímenes marxistas leninistas”. Esto queda demostrado en “actuaciones, reportajes y trofeos ganados”, dice el parte de información.
A su vez, aparecen varios reportes en que se analiza y vigila la actuación de los Testigos de Jehová, y se menciona que esta comunidad religiosa también era seguida por los militares en Argentina. En un caso, se brinda información detallada de dos jóvenes de 18 y 17 años que ingresaron al Ejército y eran testigos de Jehová, lo que se constató tras verlos ingresar a un templo religioso. Se menciona cómo se conocieron y que el mayor de ellos es quien convenció de profesar la fe al otro, quien no se muestra tan convencido.