El caso de Chano Charpentier, internado en terapia intensiva luego de que un policía le disparara, no es aislado: en menos de 15 días la Policía intervino en otras dos situaciones similares y las víctimas están muertas. ¿Cómo abordan las fuerzas de seguridad estos casos? ¿Están capacitadas para hacerlo? ¿El punitivismo y la criminalización son las respuestas ante un brote psicótico o ante consumos problemáticos?

Uno

En la madrugada del martes 13 de julio la Policía de Salta retuvo en el parque San Martín de la ciudad salteña a Matías Nicolás Ruiz, un peluquero tucumano de 27 años que estaba desnudo en plena calle. A pesar del estado de Matías -desnudo, pidiendo ayuda en una madrugada fría de julio-, según los registros, los efectivos llamaron a una ambulancia una hora después. Las cámaras de seguridad mostraron que lo tuvieron esposado todo el tiempo y que él les pidió por favor que no le hicieran nada. Cuando llegó la ambulancia, Ruiz estaba muerto. En su cuerpo había moretones y la marca de un borcego. La fiscal del caso imputó a cuatro policías y a cuatro operadores del Samec.

Dos

El miércoles a la noche, una llamada al 911 alertó a la Policía de Entre Ríos sobre un episodio de crisis de salud mental en la ciudad de Paraná. Según informó el medio Periódicas, el llamado lo hizo la pareja de Victoria Núñez, una joven trans de 27 años. Al llegar a la casa, seis policías la llevaron esposada al hospital San Martín en condiciones y actuaciones que aún se investigan. Ahí, Victoria murió. Según el relato del hermano y la madre de ella, quienes estaban cuando se la llevaron detenida, seis agentes de seguridad de la provincia de Entre Ríos “se le subieron en la espalda” para reducirla mientras ella estaba en medio de una descompensación emocional. La muerte de Victoria se investiga como “dudosa”.

Tres

Este domingo por la noche, un móvil de la Policía Bonaerense llegó a una casa del barrio parque La Verdad, de Exaltación de la Cruz. Dentro estaba el músico y exlíder de Tan Biónica, Chano Charpentier, en un aparente brote psicótico, junto a su madre y a personal médico. Según contó la familia del músico en un comunicado, los profesionales de la salud intentaban trasladar a Chano a un centro médico. Como no podían controlarlo, llamaron a la Policía. Según la versión policial, Chano intentó atacar con un cuchillo a uno de los policías y este le disparó en el abdomen. La madre del músico desmintió esta versión al medio TN: “En ningún momento atacó ni intentó agredir a nadie, menos a una mujer. Fue todo mentira: un policía de menos de 20 años le disparó a mi hijo sin motivo”. El músico está internado en terapia intensiva del hospital Otamendi y tiene afectados varios órganos. Está grave.

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Las escenas que describen la actuación de las fuerzas de seguridad frente a casos de salud mental podrían ocupar varias páginas más. Elegimos sólo tres porque sucedieron en distintas provincias del país en menos de 15 días. Pero el modus operandi se repite. Basta recordar el caso de María de los Ángeles Paris, la docente y bibliotecaria que en 2017 fue a pedir ayuda a la comisaría 10 de Rosario, Santa Fe, y horas después apareció muerta. Según la versión oficial, ella había ido a denunciar un robo y en algún momento “se alteró”. Para los policías tuvo un “brote psicótico”: por eso la esposaron y la llevaron a una habitación en el fondo de la comisaría en la que no había cámaras ni bancos. Dijeron que lo hicieron por el “estado en el que estaba”, “para protegerla”. Por la muerte de Paris hay cinco policías imputados que pronto serán sometidos a un juicio oral.

El caso de Chano es quizás el que más trascendió por la popularidad del músico, pero el uso desmedido de la fuerza (y de sus armas reglamentarias) por parte de la Policía es más o menos el mismo.

¿Están preparadas las fuerzas de seguridad para abordar situaciones de crisis de salud mental? ¿Es la Policía la que tiene que acudir ante un episodio de estas características?

“Muchas veces desde el sentido común tratamos de definir el trabajo u oficio policial. Y siempre lo asociamos a la investigación, prevención y persecución del delito”, dice a Cosecha Roja Gustavo González, docente investigador del Programa Delito y Sociedad de la Universidad del Litoral (UNL). “Pero el rol cotidiano de un o una policía está muy alejado de esa función nodal: lxs policías intervienen en una cantidad de escenarios y situaciones que no están relacionadas necesariamente con delitos”, completa.

Una de esas situaciones ante las que se llama al 911 o a las comisarías locales es la de crisis o brotes psicóticos.

“La distinción entre la institución policial y otras instituciones es el uso de la fuerza”, apunta González y destaca que “es un debate que tiene unos cuantos años, y en general se piensa que debería usarse en casos extremos. Pero casos como el de Chano, por ejemplo, demuestran que la Policía hace un uso cotidiano de ese distintivo que tiene como institución”.

La realidad es que toda la formación policial y de todas las fuerzas de seguridad están pensadas desde el eje de prevención y acción contra el delito. “Las instituciones policiales no dan las formaciones o recursos para que los policías tengan elementos para abordar estas situaciones sin que sea apelando a la fuerza letal”, explica. “Seguimos pensando y formando con la creencia de que lo único que hacen es prevenir el delito. Y lo que necesitan es herramientas para resolver situaciones sin apelar a la fuerza, que muchas veces es letal”.

En el caso de Chano, el hecho de que él portara un arma blanca podría configurar un delito. Pero ¿cómo llegó a esa situación? “El origen de la situación es otro: hay un padecimiento psíquico”, dice González.

La multiplicidad de situaciones cotidianas ante las que acude la Policía tienen un nombre para Esteban Rodríguez Alzueta, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes: el policiamiento de la salud. “Determinados problemas que hacen a la convivencia cotidiana, que no generan problemas de inseguridad (escuchar música a alto volumen, por ejemplo), tienden a policializarse, esto es, a abordarse como una cuestión que incumbe a las policías, a sus rutinas, sus facultades discrecionales”, explica.

“Mucha gente cree que en el fondo los consumos se vuelven problemáticos cuando fallan las instituciones tradicionales: cuando la familia no está presente o no sabe ya cómo estarlo, cuando la escuela mira para otro lado. La Policía se vive como una suerte de reserva moral de autoridad que viene a poner las cosas en orden”, dice Rodríguez Alzueta.

“En Argentina, en general, la Policía sigue siendo un gran comodín: si usted ve o sabe algo, llame al 911. Esa consigna demagógica nos enseñó o reforzó algunos lugares comunes, por ejemplo, que la Policía es la respuesta de rigor. Y acá ‘rigor’ quiere decir ejercicio de la fuerza letal o no letal. Una Policía que a su vez está moralmente obligada a intervenir en conflictos muy distintos, que exceden cualquier preparación especial, que exceden el marco de los cuidados especiales que necesitan esas personas en situación de vulnerabilidad”, agrega.

Siempre punitivista, nunca in-punitivista

El ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, aprovechó el disparo del policía contra Chano para reforzar su postura histórica cada vez que un caso de violencia policial asoma. “Chano está vivo porque tuvo suerte. Se podría haber evitado con el uso de la pistola Taser. Es necesario dar esta discusión. El uso de estas herramientas es fundamental para preservar la vida de los policías y los delincuentes”. Para Berni, la salida siempre es punitiva.

Como la utilización de las Taser volvió a instalarse y es una de las patas de la pelea que Berni mantiene con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, desde el ministerio nacional tuvieron que salir a aclarar que no son ellos quienes regulan la compra y utilización de armamento (de todo tipo) por parte de las fuerzas de seguridad provinciales, sino la Agencia Nacional de Materiales Controlados -ANMaC, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Es que en lo que respecta a las Fuerzas Federales de Seguridad, el ministerio sí autorizó las pistolas Taser, pero sólo para que “sean utilizadas por los grupos tácticos y en circunstancias especiales donde el único recurso útil sea dicho armamento”. “Se ha comprobado que dichas armas pueden causar severas lesiones y/o la muerte. El propio fabricante desaconseja utilizar las pistolas eléctricas para casos de personas bajo los efectos de sustancias”, dijeron.

Para el psicoanalista y docente de la UBA Adelqui del Do, “las instituciones tradicionales no se resetean de un día para el otro. Desandar esas rutinas y los prejuicios que las encuadran demandará un trabajo de larga duración”. “Cuando uno aborda los consumos problemáticos con el Código Penal en la mano, incluso con los prejuicios sociales hechos de tantos tabúes sociales, la pregunta que uno se hace es cuál es el nivel de castigo adecuado que se merece la persona”, aporta.

Más allá de la cruzada punitiva de Berni y de la falta de formación en situaciones que exceden lo delictivo, ¿existen protocolos específicos?

El Ministerio de Seguridad de la Nación tiene vigente desde 2013, con la firma de la entonces ministra Nilda Garré, un protocolo que en ese momento iba en línea con la nueva Ley de Salud Mental. Las pautas están dirigidas a las policías Federal y de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería y la Prefectura.

El protocolo incluye información detallada y operativa sobre casos de “riesgo cierto e inminente para terceros o para sí mismo” ante distintas manifestaciones de una sobredosis, agitaciones, amnesia o delirio. En un apartado sobre las estrategias específicas de intervención se advierte a los agentes que ante casos de sobreexcitación de las funciones psíquicas, anímicas y motoras o la depresión o disminución de estas, debe descartarse lo que “históricamente” se hacía en primera instancia: el uso de la fuerza física para una supuesta defensa.

Según informaron a Cosecha Roja desde el Ministerio de Seguridad, actualmente están trabajando en una actualización de ese protocolo junto a las cuatro fuerzas, a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y al área de salud mental del Ministerio de Salud de la Nación.

Del Do recuerda que un alto porcentaje de las causas que tramitan ante el fuero federal están vinculadas a “tenencia de sustancias ilegales”. Es decir: las personas con consumos problemáticos de drogas ilegalizadas suelen tener interacciones con las fuerzas policiales. “De allí que muchas situaciones de crisis vinculadas con la salud mental encuentran como primera respuesta la presencia de personal policial”, dice.

Para él “garantizar la seguridad de los y las ciudadanas, sobre todo a aquellos que se encuentran en una situación de padecimiento mental, es un compromiso de las distintas agencias del Estado, entendiendo la seguridad como un instrumento para alcanzar la plena vigencia de los derechos humanos. Acá seguridad no significa velar por el orden público sino cuidar a los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de los derechos. Y el derecho a la salud no puede ser la excepción”, concluye.

Esta nota fue publicada en Cosecha Roja