La primera sección del Tribunal de Casación de Roma, presidido por Mariastefania Di Tomassi, ratificó este viernes las sentencias de 2019 que condenaron a cadena perpetua a represores uruguayos, chilenos, bolivianos y peruanos por el asesinato y desaparición de 42 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano. El pronunciamiento de esa corte responde a la apelación presentada por las defensas de 14 imputados en el juicio sobre el Plan Cóndor, la coordinación entre las dictaduras del Cono Sur de América Latina en los años 70 para perseguir y eliminar a opositores políticos.

El fallo estaba previsto para el jueves pero fue aplazado por la noticia, hasta el momento desconocida para la corte, de la muerte de dos imputados: el peruano Germán Ruiz Figueroa y el uruguayo Luis Alfredo Maurente Mata. El dato llegó casi al final del día, después de nueve horas de audiencia, cuando sólo faltaba el alegato de dos abogados defensores.

La falta de los certificados de fallecimiento de los dos acusados, y la necesidad por parte de la corte de adjuntarlos al expediente, produjo la separación de la posición de todos los imputados peruanos y la decisión de finalizar el juicio para los demás; el embajador uruguayo en Italia, Ricardo Varela, presente en la audiencia, se comprometió a proporcionar la certificación relativa a Maurente Mata para este viernes.

La audiencia del jueves en el Aula Magna del Tribunal de Casación de Roma, el llamado Palazzaccio, se abrió con un informe del magistrado Filippo Casa, que reconstruyó la historia de este juicio, analizando las motivaciones de los recursos de los acusados y los escritos de defensa de las partes civiles.

A continuación, tomó la palabra el fiscal general de Casación, Pietro Gaeta, quien examinó el expediente desde el punto de vista técnico, con una postura dirigida a aclarar la correcta aplicación de la ley y a resaltar la claridad de las cuestiones técnicas. En su larga acusación, Gaeta pidió que se rechazaran todos los recursos presentados contra la sentencia de apelación, con lo que “se restablece el estado de derecho: no se trata de un juicio político, los acusados fueron condenados en apelación sobre la base de principios jurídicos legítimos”.

Los abogados de los acusados quisieron resaltar los que, a su juicio, fueron los errores contenidos en la sentencia de segundo grado. Se centraron en la comprobación de la veracidad de la ciudadanía de las víctimas, en la no renovación de la prueba documental por parte de la corte de apelación, en el ne bis in idem (es decir, el principio según el cual no se puede juzgar a alguien dos veces por el mismo hecho) y en la falta de pruebas directas sobre la implicación de los acusados.

El juicio italiano por el Plan Cóndor comenzó en 1999 cuando cinco mujeres, compañeras o madres de desaparecidos de origen italiano, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Roma por la desaparición de sus seres queridos durante las dictaduras cívico-militares de los años 70 y 80.

Tras más de 15 años de investigación previa, que supuso un trabajo conjunto entre Italia y países de América Latina, el juicio oral y público comenzó en 2015 en Rebibbia, Roma, donde durante más de dos años se alternaron los testigos de los países implicados y los expertos que reconstruyeron los hechos. La sentencia de primera instancia condenó a ocho acusados a cadena perpetua y absolvió a los demás. El fallo fue anulado en segunda instancia, cuando se impuso la pena de cadena perpetua a todos los acusados.

De esos 14 imputados,nueve residen en Uruguay, uno en Brasil, tres en Chile y uno en Italia, Jorge Tróccoli, oficial retirado de la Armada uruguaya con nacionalidad italiana, quien huyó de Uruguay en 2007 para fugarse de la justicia. Se escapó de la extradición por un defecto de procedimiento y fue finalmente juzgado en Italia en virtud de un acuerdo entre ambos países. Tróccoli es el único imputado que fue juzgado en presencia; fue absuelto en primer grado y condenado a cadena perpetua en segunda instancia.

Los abogados de las partes civiles, familias e instituciones, se sumaron a los pedidos del fiscal y pidieron la confirmación del fallo de 2019.

Además de Tróccoli, los militares uruguayos imputados son José Arab, José Nino Gavazzo (fallecido), Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato, Luis Maurente Mata (fallecido), Ricardo Medina, Ernesto Abelino Ramas, José Sande Lima, Jorge Silveira, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez, y el civil y excanciller Juan Carlos Blanco.

En el aula estuvieron presentes varios familiares de las víctimas que desde hace años luchan por verdad y justicia. Este viernes se conocerá el final de este juicio que se celebra a 40 años y 11.000 kilómetros de distancia y que, a pesar de eso, no termina de suscitar sentimientos de conmoción e interés.

Nadia Angelucci, desde Roma.