El senador del Frente Amplio Enrique Rubio hizo uso de la media hora previa en el Senado para plantear una situación “conocida” pero no por eso “menos dramática”: las muertes en cárceles.
En particular, destacó la situación de las muertes violentas, como son los homicidios y suicidios. En los ocho meses que van de 2021, con 49 muertes ya se superó la cantidad de todo 2020: hubo 12 homicidios, ocho suicidios, ocho muertes dudosas y 21 muertes “naturales” o asociadas a problemas de salud. Tres de las 21 fueron por covid-19. “Esta cifra ya supera la registrada en todo el año 2020, con 48 fallecimientos, como también las de 2019 y 2018, con 44 y 37 fallecimientos, respectivamente”, afirmó el senador.
Con 17 suicidios, “2020 tuvo el pico más alto en el sistema carcelario desde que se tiene referencias”, consignó Rubio. Mencionó que “en 2019 hubo nueve suicidios”, por lo que el aumento fue de 89%.
Rubio subrayó el aumento sobre un número de privados de libertad que ha ascendido de 11.000 en 2019 a 13.700 este año. Según dijo, “si bien la población privada de libertad ha crecido por diversos motivos” -entre los que destacó “el endurecimiento de las penas, la eliminación de redención de pena por trabajo y estudio para algunas figuras delictuales”-, “el aumento de las muertes violentas respecto a otros años tiene un impacto mayor”.
También aportó la nómina de las personas asesinadas en cárceles. De los doce homicidios, destaca que uno no fue informado por el Ministerio del Interior. Lo mismo hizo con los suicidios, en los que aportó la nómina resaltando que tres de los ochos casos no fueron informados por la cartera. Respecto a las muertes dudosas, reportó cuatro casos y mencionó que los otros cuatro no fueron informados. “Según consta en los registros de noticias, el Ministerio del Interior no ha informado de un homicidio, tres suicidios y cuatro muertes dudosas”, detalló el senador.
Rubio dijo que “al comparar los valores de 2019 y 2020, según el informe del comisionado parlamentario, se observa que los tratos crueles, inhumanos o degradantes aumentaron de un 26% a un 33%, las personas privadas de libertad con insuficientes condiciones para rehabilitación pasaron de un 47% a un 56%, mientras que las oportunidades de rehabilitación cayeron de 27% a 11%”.