El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura presentó este jueves el informe sobre garantías en los primeros momentos de detención, junto a representantes de la Defensoría de Oficio y el subcomité para la prevención de la tortura de las Naciones Unidas.

El informe analizó el respeto al cumplimiento de la notificación inmediata de la detención a familiares, examen médico, asistencia jurídica y acceso a información sobre derechos de la persona detenida en la zona de Operaciones 1 de Montevideo, que abarca de la seccional primera a la séptima.

Durante el encuentro, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Wilder Tayler, señaló que las garantías, que están reconocidas en el derecho internacional, salvaguardan la integridad física y psicológica de una persona, así como su dignidad personal en el momento de la detención.

Tayler planteó que si bien la INDDHH normalmente pone foco en la actuación del Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia “también tiene la obligación de asegurar la asistencia jurídica de los detenidos”, al igual que la Administración de los Servicios de Salud del Estado tiene que dar la garantía de atención médica. “Estas dos garantías, de acuerdo a nuestra experiencia, son particularmente deficitarias”, afirmó.

Tayler señaló la necesidad de generar debate sobre el respeto de los derechos de los detenidos y aseguró que para la Institución “ya no cabe duda de que el mecanismo de garantías al momento de la detención está bajo presión, es un sistema estresado (...) y se está deteriorando rápidamente”.

El director dijo que se confirmaron “algunos de los temores” que expresaron ante la aprobación de la ley de urgente consideración (LUC) en cuanto al deterioro de las garantías de los detenidos desde su implementación.

Por su parte, Marcos Feoli, del subcomité para la prevención de la tortura de las Naciones Unidas, destacó la importancia de estas cuatro garantías del detenido que “actúan como la ley del más débil frente a la superioridad del Estado, que dispone de una maquinaria punitiva poderosa”.

Feoli señaló que estas garantías para la protección de las personas no son casuales, sino que responden a antecedentes de “deleznables atropellos con la excusa de los procesos criminales”. “Si algo hay en la historia de América Latina es autoritarismo, regímenes dictatoriales, abusos y violaciones a los derechos fundamentales”, afirmó.

Además, subrayó el rol que desempeñan los mecanismos nacionales de prevención para la protección de las garantías en el trabajo del subcomité, creado en 2007: “A veces uno tiene la sensación de que se podría hacer más, que no se hace lo suficiente; lo cierto es que en medio de toda esa maraña y burocracia que pueda haber en Naciones Unidas el elemento clave es el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (...), que permite saber qué tanto se respetan las garantías y los principios del debido proceso”.

Por su parte, Victoria Muraña, vicepresidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), destacó las coincidencias entre el informe que realizó el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y el que hicieron los defensores de oficio. “Hemos hecho informes independientes pero totalmente coincidentes”, señaló.

Muraña planteó la preocupación de los defensores por que se conozca “cuál es la realidad de las personas que ingresan a las seccionales policiales” y marcó que la modificación introducida por la LUC, que habilita a los policías a interrogar a los detenidos, derivó en que la mayoría declara en seccionales policiales.

“Los fiscales en busca de una confesión habilitan esta declaración, que legalmente está consagrada, pero vulnera los derechos consagrados en los tratados internacionales ratificados por nuestro país”, agregó Muraña.

Además, la defensora planteó que durante los interrogatorios se afecta psicológicamente a la persona, diciéndole que si declara va a tener una pena menor, o buscando dañar el vínculo de confianza entre la persona detenida y el defensor.

Muraña también se refirió a la coincidencia con el informe del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en cuanto a las garantías de los informes médicos, y puso como ejemplo una persona que tenía el certificado de no haber sufrido lesiones durante la detención y un segundo examen médico constató que le habían perforado el tímpano.

La vicepresidenta de Adepu dijo que si bien este tipo de situaciones “existieron siempre”, “han aumentado” particularmente con las modificaciones realizadas en la LUC sobre los registros de personas y el control de identidad, que genera que muchas veces una misma persona, en situación de vulnerabilidad, sea revisada varias veces a la semana. “Estas modificaciones han habilitado excesos”, afirmó.