El presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay (Adepu), Joaquín Gamba, respondió a los dichos del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sobre el informe que presentó Adepu ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

En el informe se denunciaron irregularidades en los procedimientos policiales y diferentes formas de abuso, como coacción física y psicológica, para conseguir declaraciones, no brindar asistencia adecuada a los detenidos o concretar allanamientos sin una orden judicial, al forzar la firma del documento que habilita al procedimiento voluntario.

Este lunes Heber reclamó conocer los casos concretos y señaló que consultó a Fiscalía y “no hay ninguna denuncia” asociada a los abusos que plantea el informe. “El Ministerio del Interior no sabe nada, la Fiscalía no sabe nada, ¿y van a mandar una carta a la SCJ? Digo, nosotros tenemos que investigar, lo lógico sería que estuviéramos informados. Si nos informan, rápidamente le damos la información a la Fiscalía para que dirija la investigación”, expresó.

“Si me dicen dónde, actuamos firmemente. Hay una Ley de Procedimiento Policial. Si hay abuso o agresiones de un policía se lo denuncia, el fiscal lo procesa y nosotros lo separamos del cargo”, agregó el ministro.

En diálogo con la diaria, Gamba lamentó que se intente menoscabar la credibilidad del documento, asociándolo a una campaña contra la ley de urgente consideración (LUC). En ese sentido, reveló que luego de que culminaron el informe sobre irregularidades en las detenciones decidieron no enviarlo a la SCJ hasta el fin del plazo constitucional para la recolección de firmas, para que no se malinterpretara su objetivo.

“Una parte del sistema político ha entendido que esto es contra la LUC, es cierto que no estamos de acuerdo con la LUC, lo dijimos en el Parlamento cuando se discutió la ley, pero de ahí a que se interprete que estamos haciendo una campaña en contra, es equivocado”, sostuvo Gamba.

El presidente de Adepu recordó que los defensores de oficio atienden cerca de 90% de los casos que llegan a la Justicia y es responsabilidad de la asociación plantear lo que ven “todos los días”. “No nos pueden decir que es mentira, no es una cuestión de política partidaria, se trata de vulneración de garantías, de cómo se está actuando”, expresó.

Gamba dijo que ante el cuestionamiento de la veracidad de los abusos denunciados, la Adepu está recabando información para ampliar el informe, aunque advirtió que hay muchas cosas que no pueden acreditar, justamente porque se intentan ocultar y no dejan más evidencia que la declaración del imputado.

“Acá se nos está cuestionando si esto es así o no. Si se usan las cámaras, todo lo que decimos de los allanamientos se puede probar, es sencillo”, señaló. En esa línea, sostuvo que cuando los abogados tienen evidencia realizan la denuncia ante el juez de garantía, que debe controlar la legalidad de la detención.

“Muchas veces no tenemos evidencia para actuar porque también hay miedo de la gente en denunciar las coacciones; en el interior la gente sabe que después de que denuncia sale a la calle y la ven. Los que estamos todos los días en esto, estamos observando estas situaciones”, afirmó.

Gamba hizo hincapié en la necesidad de utilizar en todos los procedimientos policiales las cámaras Go Pro y puso como ejemplo lo ocurrido el sábado en la Unidad 1 Punta de Rieles, donde la filmación de agresiones contra dos personas privadas de libertad permitió que el Ministerio del Interior realizara la denuncia contra los cinco policías involucrados.

“Las cámaras las tienen pero no las usan. Es llamativo que con toda la tecnología que han incorporado no utilicen las cámaras, cuando es una garantía incluso para ellos mismos”, cuestionó.

El presidente de Adepu dijo que muchos controles de identidad se realizan de forma violenta e incluso se detiene a las personas por las cuatro horas que habilita el artículo 54 del nuevo Código de Proceso Penal sin dar cuenta de la situación ni a la fiscalía, ni al Poder Judicial. “De esas cosas nosotros nos enteramos después, cuando hablamos con la gente por otros temas”, señaló.

Consultado sobre la respuesta de la SCJ, que le pidió a Adepu datos sobre eventuales magistrados o funcionarios judiciales involucrados en irregularidades u omisiones, Gamba respondió que es ante los jueces de garantía que han podido advertir estas situaciones. “El tema no está en las audiencias de control de detención, el tema está antes”, señaló. Puso como ejemplo que el jueves pasado, el día en que se conoció el informe, una adolescente de 16 años estuvo encerrada en un calabozo en Pando sin custodia femenina. Al llegar la audiencia, la Justicia declaró ilegal la detención.

“Hay situaciones que son generalizadas, como la falta de lectura de los derechos y la coacción psicológica. Más allá de que después te lleven el acta con la firma de que declaró voluntariamente, sabemos que no es así”, afirmó.

Gamba planteó que “la única defensa del detenido” es la lectura de sus derechos y el derecho a no declarar, pero sostuvo que la Policía “nunca supo cómo trabajar sin la confesión en la seccional”.

El presidente de Adepu lamentó la actitud del Ministerio del Interior ante la denuncia: “No está bien venir a pedirnos prueba, hay que preocuparse por si el sistema está fallando, como lo estamos advirtiendo, y buscar soluciones. No es mandar gente presa por mandar, un Estado de derecho no puede permitirse eso”.