El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Ricardo Pérez Manrique, habló con la diaria sobre los lineamientos que planteará en sus dos años al frente del órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la legitimación de la Corte IDH ante los gobiernos nacionales y el rol de la Corte en el desarrollo de la democracia en la región.

Pérez Manrique, que asumió la presidencia el 1° de enero de 2022, dijo que la Corte a través de su jurisprudencia marca una ruta a seguir para el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho. Además planteó que el acceso a internet, el uso de las redes sociales y la brecha digital son problemas que “tarde o temprano la Corte tendrá que atender“, porque están en una “situación realmente crítica en el desarrollo de la vida interna de los países”.

¿Cuál es el rol del presidente de la Corte IDH?

El presidente y el vicepresidente de la Corte, de acuerdo al estatuto y a la propia Convención Americana, son elegidos por los jueces de la Corte en una votación secreta. No es como en Uruguay donde hay una asignación de Presidencia (de la Suprema Corte de Justicia) en función del orden de precedencia, por lo que la persona que llega a la presidencia de la Corte tiene el respaldo de sus colegas. El presidente, como en toda organización, tiene la función de representación de la Corte, de establecer la agenda con la Secretaría de la Corte. Al ser un ámbito internacional, las relaciones que se establecen tienen su complejidad; hay relaciones con representantes de las víctimas, con la sociedad civil, con los estados, con la academia, y el presidente es quien representa a la Corte en diferentes circunstancias. El presidente es el encargado de presentar en todos los ámbitos el informe anual ante la Asamblea y el Consejo permanente de la OEA sobre el funcionamiento de la Corte, participa de las asambleas generales de la OEA cuando están todos los cancilleres brindando informes de actuación de la Corte y negocia el presupuesto con los países de la OEA. Además tenemos un sistema horizontal de comunicación con los otros tribunales regionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con los cuales tenemos no sólo contactos permanentes sino conversaciones permanentes. Uruguay, en estos 42 años de funcionamiento de la Corte, ha tenido tres jueces, el doctor Héctor Gros Espiell y el doctor Alberto Pérez Pérez.

¿Cuáles son los principales desafíos de la Corte en cuanto a su legitimación en el ámbito político? Parece que hubo una evolución en la jurisprudencia y las repercusiones de las sentencias.

En un tribunal internacional está el desafío de hacer que sus sentencias sean escuchadas, aceptadas y cumplidas por aquellos que son los destinatarios de las sentencias. Nosotros en los casos contenciosos dictamos sentencias que declaran si un Estado ha violado los derechos humanos, y, en ese caso, se adopta una serie de medidas de reparación, rehabilitación, medidas que tienen que ver con la compensación económica y un rubro de medidas que para mí son muy importantes y que tienen especial trascendencia, que son las denominadas medidas de no repetición, en las que la Corte le recomienda al Estado determinadas acciones que tienen que ver con no volver a repetir esas violaciones a los derechos humanos. La Corte ordena desde modificaciones legislativas, la adopción de determinadas políticas, por ejemplo favoreciendo a un grupo que ha sido vulnerado en sus derechos, y estas medidas intentan hacer una diferencia entre el momento en el cual se violaron los derechos humanos y el después de la aprobación de la sentencia, de forma que el Estado se comprometa a adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición de las violaciones. Por ejemplo, la necesidad de adoptar medidas para que la Ley de Caducidad no sea un obstáculo para la investigación.

¿Qué puede hacer la Corte para fortalecer la democracia en los países de la región?

La región, luego de la descolonización, optó por integrar de distintas maneras los modelos europeos de gobernanza de los países coloniales. Posteriormente, sobre todo en los últimos 20 años, ha habido algunos intentos de redacción de constituciones que pretenden ser una superación de lo que es la concepción tradicional de gobernanza democrática, y ahí tenemos una gran diversidad de países. La Corte empezó a funcionar hace ya 42 años, y a través de los años América Latina siempre tuvo estos problemas, tendencias autoritarias, tendencias a lo que hoy se denomina democracias imperfectas, y países donde las cosas funcionan más o menos bien. Acá lo importante es rescatar que hay un documento fundamental en el sistema interamericano que es la carta democrática interamericana, aprobada por todos los países miembros de la OEA. ¿Cuáles son los principios? Que en el continente no son admisibles los autoritarismos y que debe regir la democracia representativa. Existe lo que la Corte ha denominado un principio de garantía colectiva, en el sentido de que el resto de los países están comprometidos en el reconocimiento de los derechos humanos para asegurar que se cumplan los principios de la democracia representativa y el Estado de derecho.

Este es el soporte del cual todos partimos, con las diferencias que tienen los países, estructurales, políticas, culturales, económicas, etcétera. Lo importante es que hoy por hoy no están justificados gobiernos que se prolonguen 30, 40 años en el tiempo, que la misma figura esté en la presidencia de la República. Hay un documento muy importante del año pasado en el cual la CIDH dice que la reelección presidencial indefinida no es una figura compatible con el sistema democrático americano, por los riesgos que implica para la democracia. Hay todo un proceso de elaboración. La Corte no decide en sí sobre estos problemas clave en la región, pero crea las condiciones adecuadas a través de su jurisprudencia para decir en qué ruta avanzar para que efectivamente haya democracia y se respete el Estado de derecho.

Ha habido una evolución en lo temático, por ejemplo en la jurisprudencia vinculada al derecho ambiental.

Hay una serie de temas que están permanentemente llamándonos la atención, como el medioambiente y el derecho a la vida, la relación entre la preservación del medioambiente y la preservación de condiciones dignas para las personas. También la Corte tiene líneas de acción muy concretas en todo lo que tiene que ver con la igualdad de género y diversidad sexual. Me propongo marchar hacia una Corte que esté comprometida con el tema del carbono cero, una Corte que atienda especialmente todos los temas que tienen que ver con cambio climático y medioambiente, comprometida con los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) 2030, desde el punto de vista de que constituyen una hoja de ruta muy importante para solucionar una cantidad de problemas de la convivencia en el mundo en este momento. Un tema que a mí me parece que tarde o temprano la Corte tendrá que atender es todo lo que tiene que ver con internet, los grandes operadores, las redes sociales, la neutralidad de la red, esos temas que hoy están allí subyacentes y que están en una situación realmente crítica en el desarrollo de la vida interna de los países.

Pensemos en la incidencia de las redes sociales, de tener o no libre acceso a internet, de que haya una internet que sea accesible para todos, en superar la brecha digital; son temas que me interesan especialmente. De la misma forma, me interesan las grandes desigualdades que hay en el mundo y que hoy se manifiestan de una manera muy dura en lo que tiene que ver con la distribución de las vacunas contra la covid-19, pese a que América Latina tiene un alto nivel de vacunación comparado con otras regiones del planeta. Hemos oído con indignación que se donaron 100 millones de vacunas a África y que África no pudo recibir estas vacunas porque no estaba en condiciones de mantenerlas adecuadamente.

¿Hasta dónde hay que utilizar el mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Es bienvenido que se presenten los casos y que la comisión decida, o prefieren que se analice bien la situación antes de presentarse?

El régimen ideal sería que cuando una persona tiene un problema de amenaza o vulneración de un derecho, pueda recurrir al sistema de justicia para que esa situación sea saneada. Indudablemente, en materia internacional la situación es más compleja, no se puede acceder directamente al tribunal, hay que ir a un organismo que no es jurisdiccional, que es la Comisión Interamericana, y plantear el asunto, seguir un proceso que cuando termina la comisión puede llevar el caso ante la Corte. En este tema se consumen muchos años y esto no es bueno para el sistema; a mí me gustaría que hubiera un acceso más directo a la Corte en situaciones de determinada gravedad o urgencia, pero así están las cosas. Hoy por hoy no se puede dar un consejo de llevar cualquier cosa porque realmente hay una serie de mecanismos de admisibilidad de las solicitudes, que a veces hace que gran parte de las solicitudes que se presentan no puedan ser admitidas.

Pensando en los casos que se presentan y el sufrimiento que se refleja en las declaraciones de las víctimas, ¿cuáles cree que son los principales cambios que necesita la región para mejorar en el respeto a los derechos humanos?

Cuando atendemos un caso en la Corte, deponen ante la Corte en pleno los familiares de las víctimas o las víctimas. Todos coinciden en que van al sistema de la Corte a buscar una justicia que no encontraron en sus países y que es la primera vez que sienten que son oídos y atendidos por un tribunal. Lo ideal sería que las personas sean oídas y atendidas y sus problemas solucionados, como corresponde en el ámbito del derecho interno, por eso es tan importante y la Corte valora tanto la relación que tiene con los tribunales nacionales, porque son el primer protector contra las violaciones a los derechos humanos. Tribunales nacionales plenamente independientes que puedan actuar con imparcialidad y con integridad y honestidad son el mejor antídoto contra las violaciones a los derechos humanos. Hay veces que eso no es posible y ahí actuamos los organismos internacionales, una vez agotada la vía interna.