El titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, compareció ante la Comisión de Hacienda de la Cárama de Diputados para hablar sobre el proyecto de regulación de activos virtuales, este miércoles.

Chediak expresó su apoyo a que exista un mecanismo para el control de los activos virtuales y señaló la necesidad de tener información sobre el origen de los fondos que son utilizados en el mercado de las criptomonedas.

También se refirió a la política contra el lavado de activos y expresó su preocupación por la baja cantidad de imputaciones por este delito. “Tenemos el mismo diagnóstico que el fiscal de Corte [Juan Gómez]. De hecho, entre la Fiscalía de Corte y la Senaclaft fue que acordamos la creación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y Terrorismo para especializar la persecución penal y mejorar los números”, expresó en declaraciones realizadas a TV Ciudad.

Chediak señaló que la importancia de incrementar las imputaciones por lavado de activos no sólo responde a la supervisión internacional que tiene nuestro país a través del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI), sino también a la necesidad de tener “casos exitosos de persecución de lavado de activos, que en general y mayoritariamente están vinculados al narcotráfico”.

Consultado sobre el papel de la Senaclaft en el caso de Alejandro Astesiano, el secretario de la Senaclaft dijo que aún no ha recibido ningún pedido de asistencia para investigar al exjefe de seguridad presidencial, pero destacó el rol que la Rendición de Cuentas le dio a la Senaclaft, al otorgarle más facultades para participar activamente como organismo técnico asesor de la fiscalía especializada.

“La apuesta de la Senaclaft y de todo el gobierno es que logremos mecanismos de persecución más exitosos con esta fiscalía especializada para que mejoremos los números, que son bajos”, agregó.

La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos comenzará a funcionar en el primer trimestre de 2023 y tendrá competencia nacional para investigar los delitos de lavado y delitos precedentes, cuando el monto supere los 150.000 dólares.

El artículo 44 de la última Rendición de Cuentas le dio a la secretaría la potestad para auxiliar en la investigación económico-financiera de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, “con amplias facultades de actuación, investigación y asesoramiento”.