La jueza penal de Lavalleja de primer turno, Natalia Alessandre, condenó al exvicario de Minas a ocho años de penitenciaría por los delitos de atentado violento al pudor, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado, según informaron desde Fiscalía.

También se determinó la sanción pecuniaria del pago de 12 meses de salario o 12 salarios mínimos en caso de no contar con ingresos y la inhabilitación por diez años para ejercer funciones que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, tal como disponen los artículos 79 y 80 de la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (19.580).

En diálogo con la diaria, fuentes allegadas a la investigación penal valoraron la sentencia en la medida en que la jueza concedió todo lo pedido en la acusación realizada por la entonces fiscal de Lavalleja de primer turno, Tania Vidal, y destacaron el trabajo en equipo realizado por la Fiscalía, ahora a cargo de Viviana Maqueira.

Desde la defensa del condenado, informaron a la diaria que apelarán la sentencia de primera instancia, para lo que tienen un plazo de 15 días. En caso de que la sentencia quede firme, el hombre será ingresado al Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, tal como dispone el artículo 104 de la ley de urgente consideración.

El juicio para determinar la responsabilidad del exvicario de la Catedral de la Inmaculada Concepción de Minas, en abusos sexuales contra menores de edad entre 2014 y 2019 se realizó entre el 13 y el 17 de diciembre. La jueza contó con las declaraciones anticipadas de las víctimas, la declaración de los peritos que trabajaron en la recolección de la evidencia y testigos propuestos por ambas partes.

El exvicario de Minas llevaba 16 años de amistad con una mujer, madre de tres hijos que eran menores de edad en 2014, quien continuó apoyando al vicario durante el proceso y fue indagada en la causa, pero se negó a declarar.

Según la sentencia, a la que accedió la diaria, el ahora condenado comenzó a concurrir a la casa de la familia, luego que la mujer le pidiera ayuda económica, y llevaba alimentos y bebidas alcohólicas.

En esas circunstancias el vicario realizó tocamientos sexuales a las dos hijas menores de la mujer, llegando a meterse a la habitación de una de las víctimas para abusar sexualmente de ella.

La defensa del exvicario, que negó el abuso, llevó el testimonio de 13 personas que dijeron tener vínculos de varios años con el exvicario sin tener ningún problema con él y apuntó a que se trataba de una maniobra del padre de las víctimas para separarlos de la madre. Uno de los hijos, que defendió la versión del vicario y la madre, declaró que su padre era un hombre muy celoso y “se la agarró con quien nos ayudó”.

En su declaración el exvicario dijo que sólo había ayudado a la familia ante una situación de desalojo y a ubicar a algunos de los hijos en un colegio privado. “Las cosas no fueron así, yo adhiero que fue un complot orquestado de (nombra al padre de las víctimas) en contra de (nombra a la madre) que le estaba haciendo un juicio por omisiones a la patria potestad, porque tuvieron que irse porque no les pasaba, no tenían plata para el alquiler. Ahora sé que lo que gana es destruir a la mujer, zafar de la denuncia esta y destruirme a mí que, en definitiva, estaba ayudando”, expresó.

Por su parte, la Fiscalía llevó la declaración de cuatro mujeres que dijeron haber sido abusadas por el exvicario cuando eran niñas, pero no pudieron declarar en calidad de víctimas porque el delito ya estaba prescrito, incluso alguna de ellas recién pudieron contarlo cuando la causa se hizo pública. Además, presentaron varias pericias en las que constan los daños sufridos por las víctimas y la consistencia de sus declaraciones.

La Fiscalía hizo hincapié en las similitudes de los cuatro testimonios con los de las dos víctimas de la causa: “la cercanía del imputado a las víctimas, a su entorno familiar, por ser un referente de la iglesia, los tocamientos realizados por debajo de la ropa, las víctimas-niñas no entendieron lo ocurrido y no pudieron contarlo en su momento, las edades de las víctimas, todas niñas, y las graves consecuencias en su vida que aún persisten”.

“No se trata de valor absoluto a la declaración de las víctimas, sino que se ha ponderado su declaración en base a las pautas que establece la doctrina. No se utiliza un estándar probatorio diferente, ni se ha flexibilizado el mismo, sino que se cuenta con basta cantidad de indicios que se suma a las declaraciones de las víctimas”, sostiene la jueza en la sentencia y agrega que “no hay otra hipótesis plausible” que la planteada por la fiscalía.

La denuncia fue presentada en 2019 cuando uno de los hermanos se enteró de uno de los casos, pero no avanzó la investigación. Meses después, una de las víctimas ingresó a una emergencia médica por pensamientos suicidas y relató los abusos sufridos a un médico y una psiquiatra.

El Instituto Técnico Forense (ITF) evaluó al imputado e indicó que “se evidencia capacidad de querer y entender sus actos y consecuencias”, una “tendencia al consumo excesivo de alcohol que puede exponerlo a mantener conductas desinhibidas”, sumado a un “gran sentido de autoconfianza y autoimportancia, tendiendo a satisfacer sus necesidades personales”.

Obispado de Maldonado expresó empatía con las víctimas

Tras conocerse la sentencia, el obispo de Maldonado, Milton Tróccoli, emitió un comunicado expresando su “dolor y empatía por lo vivido por las víctimas y su familia”. “Seguiremos trabajando con rigor en la prevención y detección de estos delitos”, expresaron y reiteraron su compromiso para colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los casos.