La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) trabaja en un documento con recomendaciones y buenas prácticas en el uso de redes sociales y plataformas digitales y organizará talleres para jueces sobre relacionamiento con los medios de comunicación. En un comunicado divulgado el sábado, los magistrados plantearon que “el crecimiento de las redes sociales plantea desafíos en la comunicación, con sus beneficios y sus riesgos”, y adelantaron que buscarán “los espacios necesarios para realizar un debate profundo sobre libertad de expresión”.

Los magistrados dijeron que están “siguiendo de cerca” la situación de los jueces que están siendo investigados por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y respaldaron el accionar de “los más de 500 jueces que día a día ejercen sus tareas comprometidos con los valores de imparcialidad e independencia, aplicando la normativa nacional e internacional, fundamentales para el buen funcionamiento del sistema de justicia”.

Además, expresaron su preocupación por lo que entienden como “crecientes ataques al funcionamiento de la Justicia mediante el uso de casos puntuales que aún están siendo investigados”, algo que afecta “la solidez del sistema judicial uruguayo”.

El comunicado fue aprobado durante la última reunión de la Comisión Directiva de la AMU, en la que también se acordó no realizar otras declaraciones a la prensa sobre el tema.

El 16 de febrero se conocieron publicaciones en la cuenta de Instagram de la jueza de paz de Treinta y Tres Florencia Ferreyra, quien fue sumariada y separada del cargo por la SCJ a partir de una investigación sobre maltratos a los funcionarios.

“¿No te gustan las decisiones del presidente? Nadie te preguntó. Jodete y arrancá pa’l juzgado”, publicó la magistrada en su cuenta de Instagram. Además, replicó la frase “hay orden de no aflojar”, en apoyo al exministro del Interior Jorge Larrañaga.

La SCJ también investiga el caso de la jueza especializada en familia de sexto turno Ada Sire, quien deberá informar sobre una publicación que hizo en TikTok en la que representó conversaciones machistas. “Del título ‘las hijas de los otros… porque la mía es una santa’ llega ‘uy, la violaron, debe ser la culpa de ella’. Pero existen otros títulos también, como ‘esa mina está histérica, debe estar menstruando’, ‘qué mal cogida está esa mina, por Dios’ o ‘qué se le va a hacer, es varón’”, expresó la jueza, quien llamó a dejar de “elaborar construcciones teóricas a partir de seguimientos patriarcales”.

Otra de las juezas a las que se les iniciaron una investigación es Carla Gómez, del juzgado penal de quinto turno de Tacuarembó, también denunciada por malos tratos e irregularidades; entre otras cosas, se la acusa de haber utilizado un patrullero para hacer una broma simulando la detención de una compañera del juzgado y la modificación de una sentencia que ya había sido publicada en el sistema del Poder Judicial.

Si bien no existen normas que obliguen a los jueces en el uso de redes sociales, existe un documento que fue distribuido por la SCJ en 2016 elaborado por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, en el que se dan pautas y recomendaciones, entre ellas la de evitar “cualquier contenido que no pueda ser expuesto públicamente” y actuar bajo los principios de “imparcialidad, responsabilidad institucional, cortesía, integridad, transparencia, secreto profesional y prudencia”. También advierte que “la integridad de la conducta del juez fuera del ámbito estricto de la actividad jurisdiccional contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en la judicatura”.

“No puede embanderarse en posturas políticas partidarias ni, en general, exteriorizar posiciones que lo muestren susceptible de verse influido por grupos o personas por fuera de la objetiva fuerza de convicción que encuentre en las argumentaciones vertidas en un debate judicial”, agrega el documento.

El Colegio de Abogados del Uruguay, que participa en el proceso de evaluación de los jueces, se expresó el viernes sobre la situación de los casos que están siendo investigados y manifestó su rechazó a “cualquier desvío o violación” por parte de integrantes del Poder Judicial de los principios de “independencia, imparcialidad, transparencia y rectitud”.

Además, planteó la necesidad de avanzar en una ley de carrera judicial que permita generar “todos los incentivos para que el servicio de justicia capte y retenga a las y los mejores profesionales con vocación de impartir justicia”.