Los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) encargados de la búsqueda de detenidos desaparecidos, Wilder Tayler y Mariana Mota, llegaron este jueves de mañana a un local del Correo ubicado en Buenos Aires entre Treinta y Tres e Ituzaingó, en Ciudad Vieja. El edificio fue vallado esta mañana para que el Grupo de Investigación en Antropología Forense liderado por Alicia Lusiardo comience con las excavaciones en búsqueda de restos, posiblemente de un desaparecido de la dictadura, a partir del testimonio de un sanitario que trabajó allí en los años 90 y vio huesos enterrados.

Fuera del edificio, Tayler comentó a la prensa los detalles del trabajo que comenzó esta jornada, e indicó que si bien no se puede determinar la duración del trabajo con exactitud, dijo que su “impresión es que estamos hablando de días, no de semanas”. El director de la INDDHH recordó que si bien el hallazgo de los restos óseos por parte del trabajador fue en la década de los 90, la información “fue transmitida al ministro de Defensa [Javier García] hace un par de años”, y fue él quien lo derivó a la institución. El testigo se presentó “y dio esta versión que ha circulado de que trabajando en la instalación de un sistema de agua, de caños, encontró restos óseos, y que asustado por eso resolvió taparlos y terminar su trabajo”, señaló Tayler.

Tayler dijo que una vez que la institución entró en contacto con el sanitario visitaron el lugar del hallazgo y confirmaron que “el relato y el lugar son coherentes y el análisis de los planos también es coherente. Incluso él detectó algunas irregularidades en los planos”, afirmó. En cuanto a las marcas en las paredes vinculadas al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, que el trabajador dijo haber divisado, Tayler reconoció que no las vio, pero no las buscó específicamente. “Había algunas cosas en las paredes, pero no recuerdo exactamente cuáles”, apuntó.

El abogado también confirmó que el trabajador se había comunicado previamente con el expresidente del Frente Amplio Javier Miranda y con el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla: “Eso no fructificó, nunca quedó claro por qué, y definitivamente volvió a comunicarse con el gobierno”, afirmó. Tayler consideró que “quizá los colegas [de la INDDHH] de ese momento investigaron y no encontraron mérito. Nosotros sí encontramos mérito; quizá con la perspectiva del tiempo uno mira distinto las cosas”.

Tayler no quiso especular sobre la identidad de los restos o sobre un posible vínculo con el período de facto. Explicó que durante la dictadura el edificio era un garaje de Presidencia de la República, y dijo no tener “la más mínima idea” de si funcionaba allí un centro clandestino de detención. Dijo que esa es, por ahora, una “versión”, asociada al relato del sanitario, que en algunos aspectos se condice con la realidad: “Esta persona fue encargada también de vaciar un sótano que estaba inundado. Como sanitario, puso una bomba para sacar el agua. De lo que quedó allí encontró un lugar que tiene, efectivamente, la forma de un celdario. Bajamos, lo vimos, es un lugar que perfectamente puede haber sido usado como celda; tiene un tejido muy grueso, la tarima que él había dicho que estaba, está”, contó.

Por otro lado, Tayler aseguró que no son pocas las denuncias que recibe la INDDHH sobre posibles lugares de enterramiento: “Denuncias siempre llegan y se actualizan; algunas son nuevas y otras son reiteraciones de viejas denuncias o ampliación de las mismas”, señaló, y agregó que actualmente hay “dos o tres lugares que están siendo estudiados en este momento” para posibles excavaciones, pero no quiso entrar en detalles para no generar expectativas.

“El recurso que falta es la información”

Consultado por la diaria sobre si la INDDHH tiene recursos suficientes para llevar a cabo el trabajo vinculado a la búsqueda de detenidos desaparecidos, Tayler respondió que si bien siempre se necesita “más”, en este momento hay “recursos suficientes” en términos económicos, pero la carencia pasa por otro lado. Explicó que a nivel político se votó un “buen presupuesto” para la institución, que atribuyó a que “este tema de la búsqueda de desaparecidos, por suerte, a diferencia de otros temas, ha concitado un nivel de consenso muy importante en la clase política y a nivel social”, y en ese sentido señaló que el problema que afrontan “no es el dinero”, sino que “el recurso que falta es la información”.

“El problema que tenemos es que tenemos que encarar operaciones con una metodología muy especial, porque quienes saben lo que pasó con los desaparecidos no lo dicen. Lo que nos falta es la información con precisión que podríamos tener, porque los que lo saben están por allí; algunos pocos presos, otros cuantos en otro lado”, reflexionó Tayler, y aprovechó a hacer, en nombre de la institución, un “llamado a aquella persona que pueda tener información”. “No a los perpetradores, porque ellos tienen un pacto de silencio y ya sabemos que no van a hablar, no hay ni que perder el tiempo; pero en los cuarteles había trabajadores, había cocineros, enfermeros, soldados; gente que se estaba ganando la vida. Ellos vieron cosas, tienen que haber visto cosas”, aseveró.

Tayler dijo que la INDDHH da “absolutas garantías” a quien pueda aportar información, y dijo que el mejor ejemplo es el caso del sanitario: “Ustedes no conocen la identidad de la persona y no la van a conocer por nosotros”, enfatizó a los periodistas presentes.

Investigación trunca en 2013

El sanitario en cuya denuncia se basa la actual asegura que se entrevistó con Javier Miranda en una fecha que no puede precisar con exactitud, luego de que el Frente Amplio llegara al gobierno.

Hasta ese momento había sentido miedo de contar lo que había visto en los años 90. “La entrevista fue en una oficina en el Ministerio de Educación y Cultura [MEC]”, dijo el trabajador. Miranda fue director de Derechos Humanos del MEC entre 2010 y 2013. El sanitario le dejó a Miranda un plano, dibujado por él mismo, del lugar donde se encontrarían los restos humanos. Miranda dijo recordar el caso y señaló que quién se ocupó de él fue Eduardo Pirotto, quien integraba la Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz, dependiente de Presidencia de la República. En 2013 ese organismo cambió su nombre y pasó a llamarse Comisión de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

En ese año, personal de esa secretaría, encabezada por Pirotto, se entrevistó con el directorio del Correo. José Luis Juárez, entonces presidente del ente postal, recibió a la delegación de la secretaría. “Vino un día Eduardo Pirotto, de la secretaría, y se entrevistó con nosotros”, relató Juárez a la diaria. “Nos habló de la posibilidad de que allí hubiera algún indicio, porque aquel edificio había funcionado como un garaje de Presidencia en la dictadura. Pirotto estuvo ahí, haciendo un relevamiento visual del lugar. Nosotros dijimos que si querían excavar no había ningún inconveniente, pero de ahí en adelante no tuvimos ningún planteo formal o concreto. No hubo nada más. Yo pensé que la denuncia habría sido desestimada”.

Julio César Silveira, director del ente postal en representación del Partido Nacional, también recordó aquel encuentro: “Se habló de un posible enterramiento y se nos hizo mucho hincapié en que teníamos que guardar total reserva”.

Pirotto confirmó que supo de la denuncia a través de Miranda, que le contó los detalles del testimonio recibido: “Javier tenía un planito hecho a mano por el sanitario. Intentamos retomar el tema y tuvimos una apertura muy importante del directorio del Correo. Se pudo determinar que ese edificio, en la dictadura, había servido para guardar los vehículos del Palacio Estévez, la vieja presidencia. Eso se constató. Luego hicimos una visita in situ, con gente de la Facultad de Arquitectura y con ese planito se ubicó el lugar. Era un baño en el sótano”.

Pirotto agregó que en esa visita al lugar participó el antropólogo José López Mazz, quien advirtió que en esa zona ya se han encontrado restos humanos que resultaron ser de la época colonial, una posibilidad que no podía ser descartada.

Tras la visita al lugar, Pirotto dijo que procuró hablar personalmente con el sanitario para obtener más información, pero no lo logró. “Intentamos ubicarlo para poder volver con él a ese lugar, y no lo logramos con el número de teléfono que teníamos”, relató.

Respecto de por qué no se excavó en el lugar ubicado en el plano, Pirotto manifestó: “Uno fija prioridades, va a esos puntos donde hay más certezas o la información es más precisa; porque ya nos había ocurrido que, en algunos lugares a los que fuimos, finalmente no había nada o eran restos que ni siquiera eran humanos. Creo que en ese caso influyó que no pudimos ubicar al denunciante y la urgencia de otras excavaciones que estaban en curso, en el batallón 13 y en el 14”.

El denunciante dijo a la diaria que no cambia su número de teléfono desde 1993. “Supe que Pirotto me estaba buscando y lo llamé a la sede de Familiares. Me pidió una entrevista personal, pero le dije que yo ya le había dicho todo a Miranda. En aquel momento yo no quería que más gente me conociera. Y hasta hoy no quiero que se conozca mi identidad, ni aparecer en la prensa”.