El 17 de marzo se dispuso prisión preventiva por 90 días para un religioso de la comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, tras presentarse evidencia de que cometió ciberacoso contra dos adolescentes, uno de ellos en situación de discapacidad intelectual. También se investiga sobre contactos que mantuvo con un adulto con quien acordaron compartir pornografía infantil y que le compartiera imágenes de cuando abusara de su ahijado o sus sobrinos, y que quedaron registrados en un celular incautado. Hay víctimas anteriores que analizan presentarse a declarar ante la Justicia, dijeron fuentes vinculadas a la iglesia católica.

La persona encarcelada tiene 71 años y una larga trayectoria en los centros educativos de la Sagrada Familia en San José y Montevideo. En las dos instituciones las versiones de acercamientos abusivos con varones adolescentes circularon por años, pero transitó durante más de cuatro décadas por esa congregación sin investigación ni sanción alguna. Al igual que otros casos de religiosos abusadores, registra traslados durante su trayectoria pero no las causas de estos.

En la fiscalía de delitos sexuales que interviene en el expediente judicial, el director del residencial estudiantil de la Sagrada Familia, Washington Rocca, dijo sobre el religioso encarcelado que siempre se comentó que se acercaba a los estudiantes varones y les pedía sus contactos para posteriormente mandarles mensajes. “Con todos los chiquilines pasó esto, él se acercaba a los chicos. Para mí tiene una enfermedad, es un adicto sexual, no se controla, no lo puede manejar”, declaró.

El fiscal del caso dijo en la audiencia de formalización que Rocca reconoció que el religioso fue movido por diversas dependencias de la iglesia católica, “en tanto tenían cierto conocimiento de estas maniobras que realizaba”.

En una nota con Telemundo, el provincial de la comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, Edgardo Bruzzoni, dijo el viernes que hubo “rumores de pasillo” por “acoso y pasar determinados límites con jóvenes”, pero no denuncias formales y lamentó que la institución no haya actuado antes.

Añadió que años atrás, tras advertencias del obispo de San José de que ese religioso no podía estar más en esa diócesis por “determinadas cosas que se estaban dando” y que no se les comunicaron, es que fue trasladado a la sede de la congregación en Montevideo, pero sin indagar en las razones.

Bruzzoni confirmó a la diaria que el actual obispo de la Diócesis de Salto y presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Arturo Fajardo, fue quien advirtió que por situaciones irregulares el ahora encarcelado debía ser retirado de San José.

Mediante un mensaje de texto, Fajardo se limitó a contestar a la diaria que en su estadía como obispo de San José nunca recibió una denuncia formal “sobre este doloroso caso” y que, “de ser así, le corresponde no a la diócesis sino a la congregación religiosa la aplicación del protocolo”. Desde el obispado de San José se contestó que la persona encarcelada no tenía ningún vínculo con el obispado más allá del de hermano religioso y que la congregación del colegio Sagrada Familia que integra es la que debe responder. Sin embargo, el acusado participó en ceremonias religiosas importantes asistiendo a obispos y encargándose de aspectos de la organización. Agregó que jamás sugirió “trasladar a nadie” y que ”nunca podría haber indicado algo por el estilo” a los responsables de la congregación.

Bruzzoni informó que el viernes, tras haber dado notas en diferentes medios de comunicación, la congregación decidió que no haga más declaraciones.

El exsacerdote católico y docente universitario Julio César Boffano —autor del libro Conocerme me hizo libre, en el que narra su experiencia como cura y homosexual— dijo que en San José “era sabido” y “vox populi” que el religioso era un abusador y que ojalá haya víctimas que declaren como testigos más allá de que hayan prescripto los casos, para lo que pueden ser asesoradas por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía (su telefono de guardia es 091507531). Comentó que personas como la encarcelada “son depredadores” sexuales y “no casos excepcionales”, recordó que se comunicó con las víctimas por redes sociales en los casos por los que es indagado y reclamó que se investigue cómo se comportaba antes del uso masivo de internet.